El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han firmado este miércoles un protocolo para coordinar a través de una mesa de seguimiento toda su acción en el Parlamento, así como su voto, en lo que tenga que ver con la acción del Gobierno y el programa de la coalición, y para evitar "contradicciones" en otras cuestiones ajenas pero que tengan "alta repercusión en la escena política".
Además, el protocolo también regula la acción de los miembros del Gobierno, y establece que "los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros Ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros". También establece que, en caso de reestructuración del Ejecutivo durante la legislatura, cada formación mantendrá su peso inicial.
Así se estipula en el llamado 'Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de Gobierno progresista de coalición de PSOE y Unidas Podemos', que regula los principios y reglas básicas de funcionamiento del Ejecutivo, y regula la creación de una 'Comisión permanente de seguimiento del acuerdo'.
En el acuerdo, firmado por las portavoces parlamentarias de ambos grupos, Adriana Lastra e Irene Montero, se sientan las reglas del juego que quieren desarrollar para dar visos de continuidad en el tiempo al futuro Gabinete de coalición que nombrará Pedro Sánchez la semana que viene.
El texto, de cinco páginas, arranca subrayando como primer compromiso que el "Gobierno progresista de coalición" se regirá por los "principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad".
Acto seguido, se remarca que la "acción del Gobierno de coalición se desarrollará en todo momento en pleno respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", de manera que no caben apuestas por referéndum -como defienden desde Podemos- porque no están amparados por la Carta Magna.
Además, se asegura que, en particular, se "cumplirá lo previsto en el artículo 98 de la Constitución y en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno". Dicho precepto constitucional es el que se dice, entre otras cuestiones, que "el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión". Eso supone dejar claro que la acción del Ejecutivo la fija el presidente y aleja el desarrollo de 'dos Gobiernos en uno'.
Mesa en 30 días
La mesa permanente que velará por el buen funcionamiento de la coalición habrá de conformarse en un plazo de 30 días desde la formación del Ejecutivo de coalición, precisa el documento firmado por ambas formaciones.
La integrarán dos representantes de la Presidencia del Gobierno; otros tantos de la Vicepresidencia primera que presumiblemente asumirá Carmen Calvo; dos más de la Vicepresidencia segunda que ocupará Pablo Iglesias; un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación; un representante del área de comunicación de la Vicepresidencia segunda; y sendos miembros del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Confederal de Unidas Podemos, informa EP.
Esta mesa se reunirá con la periodicidad que decidan sus miembros y se dedicará a impulsar el desarrollo del pacto de coalición; coordinar la acción de los socios y de sus grupos parlamentarios; consensuar el plan de comunicación sobre la acción del Gobierno y solventar las discrepancias que puedan surgir.
En lo que se refiere a la coordinación parlamentaria, cuando se trate de iniciativas propias o de otros grupos sobre cuestiones ajenas a la acción de Gobierno o a su programa progresista pero "tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal, los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí".
Gestión de las discrepancias
En su tercer bloque, el documento recoge que los socios de la coalición deben informarse mutuamente antes de llevar cualquier proposición de ley o texto similar al Congreso. En el cuarto apartado se fijan los puntos conducentes a tener una estrategia de comunicación conjunta, pivotando la labor informativa global en la Secretaría de Estado de Comunicación.
En el quinto y último bloque, titulado 'Procedimiento de resolución de discrepancias', se establece que cualquier desacuerdo en el seno de la coalición será abordado por la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo. Asimismo, se establece que "en caso de reestructuración del Gobierno durante la legislatura, se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno".
