A partir de este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez se pondrá a andar. Ese día, y a primera hora, el nuevo Ejecutivo se reunirá en La Moncloa para celebrar Consejo de Ministros, el primero en la historia de la democracia española de un Gobierno de coalición, que bien podría estrenarse con un decreto para aprobar la actualización de las pensiones al 0,9%, o el incremento salarial de los funcionarios, lo que tendría un impacto de entre 4.600 millones y 6.000 millones de euros de incremento del déficit pactado. No obstante, sin Presupuestos Generales para 2020, y por ende sin techo de gasto y objetivos de déficit, el Gobierno socialista estará bastante atado de pies y manos, por ejemplo, para aprobar nuevos impuestos y recaudar los ingresos previstos en sus planes. Por la complicada aritmética del Parlamento español, y la frágil mayoría de Pedro Sánchez, tampoco le resultará fácil derogar leyes o modificarlas en parte algunas de ellas, como es la pretendida reforma laboral que PSOE y Unidos Podemos anuncian que cambiarán. Renovar los órganos del Consejo del Poder Judicial no será una tarea sencilla. Hasta ahora, los dos principales partidos negociaban con acuerdo la composición del CGPJ, pero sin mayorías y con dos bloques tan contrapuestos, la misión no se antoja cómoda, si no imposible. En esa circunstancia se encuentran leyes como la Estabilidad Presupuestaria, todavía vigente, o una consulta en Cataluña como pretenden los socios externos secesionistas de Sánchez. La carrera acaba de empezar, pero el resultado del Gobierno parece incierto. La diferencia de posiciones entre los apoyos del Ejecutivo socialista no anticipan acuerdos fáciles. Solo en el impuesto al diesel, el PNV y Esquera Republicana de Cataluña son algo más que antagónicos.

El PP ha exigido de manera inmediata a la recién conformada Mesa del Congreso la constitución "de inmediato" de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de renovar sus recomendaciones y que estas "marquen el futuro de la acción del Gobierno en materia de Seguridad Social".Cabe recordar que este mes de febrero se cumple un año de inactividad por parte de la Comisión parlamentaria después de que se fracturase en el último momento por el desacuerdo de Unidas Podemos en el borrador de recomendaciones que previamente había apoyado. Desde ese momento, y tres procesos electorales mediante, los trabajos sobre la reforma del sistema de pensiones permanecen frenados a la espera de que se vuelva a conformar el Pacto de Toledo.

José Luis Escrivá será durante la próxima legislatura el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por lo tanto será uno de los elementos centrales de la reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el Pacto de Toledo desde hace ahora más de tres años. Sin embargo, el futuro ministro viene con el librillo aprendido por su experiencia al frene de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Era una de las promesas más recurrentes del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero a tenor de las previsiones que manejan los principales organismos para el mercado de trabajo español en este año, parece que quedará incumplida: el objetivo 20/20 de sumar veinte millones de afiliados a la Seguridad Social para al cierre de este 2020.