Es uno de los grandes compromisos que ha puesto sobre la mesa la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y uno de los principales retos del nuevo Gobierno: la derogación de la reforma laboral del PP que tantas veces han proclamado dirigentes tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Sin embargo, esta decisión podría comportar efectos devastadores sobre los ingresos necesarios para pagar las pensiones. Concretamente, según cálculos de elEconomista, una vuelta al escenario previo a 2012 -año de la reforma impulsada por el PP- supondría poner en riesgo casi 11.500 millones de euros en cotizaciones sociales hasta el año 2022 (5.691 millones en cada ejercicio).
Cabe recordar, que en boca de la nueva titular de Trabajo, más allá de modificar los aspectos más lesivos de la norma aprobada por el PP en 2012 como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la vuelta a la ultraactividad de los convenios, los cambios en la política de subcontrataciones y el agravamiento del coste de los despidos, el nuevo Gabinete tiene la intención de derogar por completo la ley que ha regido el mercado de trabajo los últimos ocho años.
Sin embargo, esta operación tiene el riesgo de convertirse en contraproducente, más aún en un contexto económico que se asoma al de 2008 con una desaceleración que ya afecta a todas las potencias desarrolladas del globo y previsiones de que la senda continúe en 2020.
Tomando como referencia el año 2008 previo a la crisis económica -cuando se tocaron máximos de ocupación- y a la destrucción masiva de puestos de trabajo en años posteriores, nuestra Seguridad Social contaba con 18,5 millones de afiliados que aportaban a la bolsa de las pensiones con sus cotizaciones. Tras el toque de corneta de la Gran Recesión en los dos años posteriores (2009 y 2010) se perdieron en nuestro país 946.330 empleos, un 5% del total de afiliaciones a cierre de 2008.
Ahora, ante una coyuntura similar a la de entonces con una desaceleración económica que tan profunda que ha retado a países consistentes como Alemania a esquivar la recesión este mismo año, y con unos postulados por parte de la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social que retrotraería la legislación laboral a la misma que en 2008, el ejercicio de proyección apunta a que de aprobarse tales postulados este mismo año, la pérdida de empleos entre 2021 y 2022 sería de 989.835 -un 5% menos, igual que en el bienio 2009-2010-.
Si llevamos esta cifra de pérdida de empleo a impacto en el sistema de pensiones habría que tener en cuenta que ese número de afiliaciones aporta el 29% de su salario a la Seguridad Social por cotizaciones a contingencias comunes, siendo el salario mediano en nuestro país de 1.642 euros al mes y 19.830 euros brutos al año. Así la aportación media de estos sueldos sería casi 6.000 euros al año (12.000 en dos años) que multiplicado por todas las afiliaciones perdidas proyecta una merma de ingresos de casi 6.000 millones al año y 12.000 millones en el bienio analizado destinados a pagar las pensiones.
Una reforma adecuada
La reforma laboral del Partido Popular llegó en un momento, en el año 2012, en el que la situación económica era bastante mejorable. Los expertos laboralistas y económicos aseguran que, en general, la medida llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy resultó adecuada. De hecho, la medida logró que se crease empleo con crecimientos económicos (PIB) del 0,8%, frente al 1,5% previo a la modificación de toda esta normativa laboral.
Según los especialistas, las principales medidas que afectarán a la economía y al empleo serán las que modificarán la subcontratación, las establecerán la primacía de los convenios sectoriales frente a los de la empresa y las que cambiarán los requisitos para poder hacer reestructuraciones o ERE.
"Una regulación demasiado restrictiva y estricta de la subcontratación, limitando o endureciendo los requisitos para acudir a la subcontratación de obras o servicios pertenecientes a la propia actividad de la empresa principal, podría poner en juego la destrucción seria de empleo o, cuanto menos, el atractivo para generarlo o atraer inversión y proyectos", destaca el abogado laboralista Alfredo Aspra, socio de Andersen Tax & Legal. "Especialmente en sectores como servicios, industria, sector TIC, automoción o siderometalúrgico", añade.
Sobre la primacía de los convenios colectivos frente a la empresa, Javier Santacruz, investigador principal del thinktank Civismo, considera que "atenta contra los principios de flexibilidad que hoy están ya inmersos en la cultura de la empresa". A su juicio, "realmente va a ser muy difícil quitar o darle la vuelta a toda la cultura que se ha creado con la reforma laboral del Partido Popular".
"Revertir esto es una medida razonable e idónea en materia salarial pero no así, por ejemplo, en otros aspectos como la jornada, el horario o el régimen de trabajo a turnos, donde la libertad empresarial debería ser máxima para poder ajustar las condiciones de cada empresa a sus necesidades", añade Alfredo Aspra. "Hay que seguir dotando de flexibilidad a la compañía para que se pueda seguir avanzando en prácticas como la flexibilidad horaria, desconexión, trabajo a distancia o conciliación de vida personal y familiar", concluye.
