Sánchez tiene ya prepara la hoja de ruta para los próximos años. Los indultos a los presos del procés serán el salvoconducto para lograr el apoyo de ERC a los Presupuestos. El ministro de Política Territorial y Gestión Pública, Miquel Iceta, convocará en breve la comisión bilateral con Cataluña, que llevaba tres años sin reunirse. El objetivo, en palabras de Iceta, es tratar "las cosas de comer". Es decir, la inversión en infraestructuras y los grandes capítulos como sanidad o educación, que recibieron un gran impulso en el último año, gracias a la pandemia.
Pero no lo tendrá fácil. El nuevo conseller de Economía, el independentista Jaume Giró, cifra el déficit fiscal (la diferencia entre lo que Cataluña aporta y lo que recibe del Estado) en 17.000 millones, denuncia un frenazo en la inversión en infraestructura y anuncia la creación de una secretaría para la gestión de los fondos europeos, que tutele la relación que califica de "vasallaje" hacia el Estado.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pese a las veleidades con las que arrancó la legislatura su consejero, tendrá que elegir entre el enfrentamiento con el Estado, como quiere Giró, o atender las necesidades de los ciudadanos. Iceta confía en esta última opción. Aragonés está interesado en "hacer gestión de verdad", señala, aunque existen dudas razonables de que sea así. En este aspecto, la patronal de Foment, que preside Josep Sánchez-Llibre, está haciendo un buen trabajo para fomentar el entendimiento.
La negociación se presenta compleja. Varios de los presidentes autonómicos reunidos esta semana por elEconomista para analizar los fondos Next Generation pidieron "equidad" en el reparto. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, recordó que con los recursos para atajar la pandemia o en la última partida, sobre ayudas directas a las pymes, se siguieron criterios casi opuestos diametralmente, sin explicar bien por qué.
Iceta es optimista porque España recibirá este año 19.000 millones y el que viene están previstos más de 40.000 millones. Una cantidad tan generosa ofrece margen para poder contentar a priori a casi todos. El techo de gasto público, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará a finales de mes recogerá otro chute importante en los Presupuestos para satisfacer las demandas de los catalanes y de otras comunidades autónomas como el País Vasco, el otro socio reivindicativo del Gobierno.
La comisión bilateral y los Prespuestos dejarán una lluvia de euros para comprar el apoyo catalán
Con los Presupuestos de 2022 en marcha, el Gobierno confía en poder aguantar hasta finales de 2023 o principios de 2024, es decir, en agotar prácticamente la legislatura. Un tiempo imprescindible para que se cure la herida abierta por la concesión de los indultos entre la opinión pública fuera de Cataluña.
Sánchez presume, además, de que la economía cerrará este trimestre con un alza del 18%, y varias instituciones, como la Unión Europea, comienzan a revisar el crecimiento para este año, que acabará por encima del 6%.
Pero el camino de rosas puede tornarse rápidamente en espinas. Hay tres riesgos latentes que amenazan con chafar el optimismo desbordante del Ejecutivo. Las tres preocupaciones son la evolución del turismo de aquí a finales de año, la aprobación de la reforma laboral y de pensiones que exige Bruselas, y el incremento de la inflación, que puede desbaratar la política monetaria. Los tres asuntos tienen en estos momentos un riesgo moderado de transformarse en realidad. Pero yo no lanzaría aún cohetes al aire.
El incremento de la incidencia del coronavirus, sobre todo entre los jóvenes, en Francia, España y Portugal, disparó esta semana las alarmas en el sector turístico. Francia y Alemania, dos de los tres principales emisores de visitantes para nuestro país, junto con Reino Unido, desaconsejaron a sus ciudadanos viajar a España.
El sector, que confiaba en una ocupación por encima del 60%, durante la temporada verano-otoño, lanzó la voz de alarma en busca de más ayudas. Bancos como Goldman Sachs redujeron la previsión de crecimiento después de que Bruselas hubiera realizado, como ya hemos señalado, el movimiento contrario, ante el importante rebote de la actividad en el segundo trimestre.
El freno del turismo, la falta de reformas que pide Bruselas o la inflación pueden tumbar la economía
Es preocupante que las fiestas de botellón o de fin de curso den al traste con la reactivación. Los mensajes de prevención no logran calar en la gente joven. El fin de la mascarilla también hace temer un rebrote de los contagios. Ya hay voces como la del presidente extremeño, Guillermo Fernández-Vara, que además es médico forense, que abogan por mantenerla "en ciertos espacios públicos". La evolución de este sector, que representa casi el 20% del PIB español entre actividades directas e indirectas, es incierta.
El segundo hándicap son las reformas. El Ejecutivo catapultó el gasto desde el estallido de la pandemia para evitar un empobrecimiento generalizado como el de 2008. Los niveles de deuda, por encima del 125%, y de déficit público, en el 11%, inquietan fuera.
Fuimos el país más golpeado por el coronavirus y nos costará salir más que al resto, con una tasa de paro que triplica a la media europea. Por eso se aprobaron los 140.000 millones de los fondos Next Generation. Pero no son gratis. El Gobierno nos engañó durante meses, como denunciamos en este espacio y hemos confirmado ahora. Bruselas exige hacer reformas para la entrega de los fondos en 2022. Sobre todo, garantizar el futuro de las pensiones y suprimir las rigideces en la creación de empleo.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con los agentes sociales la reforma de las pensiones en dos fases y dejó para más adelante los recortes. Aun así, con excepción de los dos partidos oficiales (PSOE y Podemos), el resto del arco parlamentario se manifiesta en contra. Ni siquiera ERC o el PNV ofrecen, en estos momentos, su apoyo al anteproyecto de ley, que debería estar aprobado este ejercicio.
En el ámbito laboral las cosas aún están peor. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aboga por una contrarreforma, que contraviene las demandas de la Unión Europea.
Su plan conduciría a una derogación casi completa de la legislación actual y a un endurecimiento tanto de las contrataciones como de los despidos. Naturalmente, ya se ha ganado el rechazo tajante de la gran patronal, que preside Garamendi. Un acuerdo, como exigen en Bruselas para desembolsar los fondos, es muy difícil antes de fin de año, ni siquiera en aspectos parciales.
El tercer punto preocupante es la inflación y sus repercusiones. En España se aproxima al 3%, mientras que en Alemania superó ya ese porcentaje. La persistente subida obligó a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a modificar sus objetivos por primera vez en más de 20 años, para que se pueda superar de manera puntual la barrera del 2%.
Aquí está la madre de todas las batallas. Aunque existe un consenso amplio en que se trata de un fenómeno pasajero, porque la tasa subyacente (sin energía y productos no elaborados) está por debajo del 1%, hay factores que apuntan a una tendencia alcista a medio plazo.
La principal preocupación son los precios de la energía. El desacuerdo esta semana entre Arabia y Emiratos Árabes catapultó de nuevo el barril de petróleo, mientras que el gas o la electricidad baten récords históricos sucesivos. La llegada del invierno puede exacerbar esta tendencia.
Unos costes energéticos por las nubes, junto a los de las materias primas, se trasladarán a la cadena de producción provocando a medio plazo un aumento generalizado de los precios al consumo. En un primer momento, las industrias aguantan el tirón, pero acaban cediendo a las presiones de los costes para poder sobrevivir.
Si la inflación se prolonga, cualquier variación en la política monetaria, por pequeña que fuere, provocaría un terremoto bursátil y financiero. Los costes de la deuda, equivalentes a un tercio del Presupuesto español, serían inabordables.
Son esas "piedras en el camino", como diría el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que en cualquier momento pueden transformar los cisnes blancos en negros, descarrilar la recuperación y enterrar el horizonte de estabilidad política con el que sueña Sánchez para completar la legislatura.
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