Este miércoles se firmó un pacto entre el Gobierno, los sindicatos y las eléctricas propietarias de las 12 centrales de carbón en proceso de cierre y desmantelamiento: EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy. El pacto, único en el mundo, facilitará la ejecución de proyectos para revitalizar las comarcas de las plantas y canalizar ayudas europeas. Las empresas, en todos los casos, se están volcando para instalar renovables en el entorno de las centrales.
La UE ha aprobado un Fondo para la Transición Justa con 17.500 millones de euros para mitigar los costes sociales y económicos de la descarbonización. En las primeras versiones del Fondo a España le correspondía un 4% del total, unos 700 millones, si se mantiene la proporción, sujeta a la aprobación y ejecución de proyectos concretos.
Los fondos se canalizarán mediante el nuevo Instituto para la Transición Justa, que ya ha aprobado varios paquetes de ayudas. Así, en diciembre adjudicó 111 millones para reactivar los municipios mineros con cargo a partidas de ejercicios anteriores y asignó 150 millones de los venideros fondos europeos para la restauración ambiental de minas en proceso de cierre o abandonadas.
Pero estas ayudas son escasas en comparación con las inversiones previstas por las propias compañías en el entorno de sus centrales, sobre todo para instalar nuevas plantas de renovables.
Endesa, que tiene el mayor parque de carbón, cierra cinco centrales con cerca de 5.600 MW: cuatro en la península (Andorra en Teruel, Compostilla en León, As Pontes en La Coruña y Litoral en Almería) y la de Alcudia en Mallorca. Invertirá 4.520 millones sólo en nuevas renovables durante los próximos cinco años. Además, ha lanzado concursos internacionales para atraer proyectos de terceros a los emplazamientos, siguiendo un modelo alumbrado por su matriz, la italiana Enel, denominado Futur-e.
La empresa dirigida por José Bogas es la que más información facilita sobre los cierres. Pactó en julio la salida de 577 trabajadores de las plantas y provisionó 213 millones para la reestructuración de la plantilla. Ya ha comenzado los trabajos de desmantelamiento de Andorra y Compostilla -desguazar cada planta exige cuatro años, una inversión mínima de 60 millones y más de 140 empleos directos-, prepara los trabajos en Alcudia y espera la aprobación formal del cierre en Litoral y As Pontes, donde la Administración y los sindicatos quieren reconvertir la instalación a biomasa, algo que la empresa ve inviable.
En todos los casos da prioridad a los empleados propios y de las subcontratas en la materialización de los planes Futur-e, notablemente ambiciosos. En Andorra, por ejemplo, contempla la inversión de 1.487 millones para levantar 1.725 MW de eólica y solar y 160 MW de baterías, que generarán 4.000 empleos durante su construcción. Dependiendo de los fondos europeos, podría invertir otros 300 millones en un electrolizador de 60 MW para producir hidrógeno y otros 335 MW de renovables.
El esquema se repite, con variaciones, en las demás plantas: en As pontes está el proyecto de hidrógeno más avanzado, de 100 MW; en Compostilla prepara una planta para reciclar baterías de vehículos eléctricos y otra para palas de aerogenerador; el plazo para presentar proyectos para Litoral vence esta semana, pero recibirá 1.200 millones para 1.520 MW renovables...
Recolocar trabajadores
Iberdrola cuenta con las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán instalará unos 2.000 MW renovables en las regiones en los próximos años -alguno ya está operativo-, entre los que destaca una planta solar de 400 MW en Velilla, donde también levantará una planta de valorización de residuos. También ha presentado un proyecto de hidrógeno en Lada. Como Endesa, da prioridad en los trabajos de desmantelamiento y en otros proyectos a los empleados propios y a los de las subcontratas; todos se han recolocado.
Naturgy tiene las plantas de Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (La Coruña). La firma está pendiente de su nuevo Plan Estratégico y su presidente, Francisco Reynés, ha desvelado muy poco de sus proyectos, que avanzan sin conflicto social, con recolocaciones y desvinculaciones pactadas. En La Robla tiene quiere un electrolizador de hidrógeno con Enagás -60 MW, ligado a 400 MW de renovables- y otro en Meirama, de 30 MW, junto a una eólica de 50 MW.
EDP ha llegado a un acuerdo con ArcelorMittal para eliminar el carbón de la central asturiana de Aboño -la única que sigue abierta- y usar gases siderúrgicos, y pondera convertirla en un polo de hidrógeno, según reveló hace poco en el Senado su consejero delegado en España, Rui Teixeira.
Para las plantas de Soto de Ribera (Asturias), la empresa portuguesa baraja un proyecto de almacenamiento con aire comprimido o baterías y otro de hidrógeno. En Puente Nuevo (Córdoba) quiere desarrollar fotovoltaica terrestre y flotante, e impulsar proyectos de cobre y biomasa. En Los Barrios (Cádiz) otro proyecto de baterías y analiza otro más de hidrógeno.
