Por primera vez, el año pasado España le compró a Marruecos más electricidad de la que le vendió, porque en el país vecino empezaron a producir dos centrales térmicas de carbón cuya energía entra en el mercado nacional sin ser penalizada por los costes del CO2 que han llevado al cierre a las plantas de negro mineral de las eléctricas nacionales.
Concretamente, la importación de energía creció un 485%, hasta 1.053 GWh, con un valor de 53 millones de euros en el mercado eléctrico español, un 656% más elevado que en 2018. Por el contrario, el valor de las exportaciones se desplomó un 93,2%, desde los 205 millones hasta los 14 millones.
Así lo reflejan los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (Omie), que también señalan el valor de las intercambios de energía con Francia. En este caso, las importaciones se redujeron un 27,8%, hasta los 693 millones, y siguieron siendo muy superiores a las exportaciones, que sumaron 179 millones, una cantidad un 25% más baja que en 2018.
Pero si la energía importada desde Francia compite prácticamente en las mismas condiciones con la generación nacional -ésta soporta cargas fiscales adicionales-, la energía marroquí no está sometida al régimen europeo de comercio de derechos de CO2, que penaliza a la electricidad con más emisiones.
Dicho de otro modo, en España, aplicando la normativa europea, las plantas de carbón cierran porque no son competitivas -cada euro que sube la tonelada de CO2 supone un incremento de 0,9 euros en el coste de la electricidad a partir del mineral, y de 0,4 euros a partir del gas-, pero a la vez otorga ventaja a la generación con carbón de Marruecos.
Capacidad de interconexión
La situación podría haber sido peor, porque la interconexión con Marruecos sufrió un accidente en septiembre y su capacidad se redujo a la mitad durante cerca de un mes y medio.
El Gobierno denunció el problema a Bruselas en la primavera pasada y el nuevo Ejecutivo europeo ya está trabajando en una solución -el mismo problema se da con otros vecinos, como Serbia-, ligada al establecimiento de un arancel común al CO2, una de las medidas del Pacto Verde de la nueva Comisión presidida por Úrsula Von der Layen.
Las eléctricas también pidieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la introducción de un peaje específico, que actuase como un arancel, para evitar la entrada con ventaja de la generación marroquí.
