El Gobierno ha aprobado el reparto de las primeras ayudas europeas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; son 581 millones de euros destinados al tratamiento de residuos -416 millones-, la depuración de aguas residuales -100 millones- y la adaptación de tendidos eléctricos -60 millones- para evitar la electrocución de aves.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al primer paquete de ayudas de los fondos europeos, cuyo reparto se someterá a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, aunque ya se han trabajado con las comunidades autónomas.
La principal partida, de 416,2 millones, ha recalado en los residuos, sobre todo para adaptar los sistemas de recogida y tratamiento a la obligación europea de separar los biorresiduos, como destacó la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quien también anunció el "inminente" envío al Parlamento de la futura Ley de residuos y suelos contaminados.
A continuación están 100 millones para mejorar la depuración en las aglomeraciones urbanas menores de 5.000 habitantes, avanzar en el cumplimiento de la normativa comunitaria y evitar unas multas que ya suman unos 20 millones anuales. El lunes se anunció una inversión en agua de 7.000 millones en seis años.
Y en tercer lugar hay 60 millones para evitar la electrocución accidental de aves en los tendidos eléctricos, que afecta a más de 39.000 ejemplares cada ejercicio.
Unos 2.000 millones en las próximas semanas
Durante la rueda de prensa, Ribera ha anunciado que en las próximas semanas se librarán unos 2.000 millones más a repartir con las comunidades autónomas para movilidad eléctrica -vehículos y puntos de recarga-, tejados solares y autoconsumo, y eficiencia energética.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que potencia la penetración de las energías renovables -se deberá justificar que no se instalen- y avanza en la digitalización de los grandes edificios, entre otras mejoras.
Finalmente, se ha dado luz verde al real decreto que culmina la transformación del antiguo Instituto para la reestructuración de la minería del carbón en el Instituto para la Transición Justa, responsable del diseño y la implementación de la política de Transición Justa del país.
