Los servicios de basuras municipales se van a encarecer un 30%, hasta los 3.700 millones de euros anuales -unos 80 euros por ciudadano-, para cumplir con la nueva Ley de residuos, que traspone normativa comunitaria. A esa cantidad hay que añadir una inversión superior a los 2.600 millones para mejorar los sistemas de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización; parte de esas inversiones correrán a cargo de los fondos europeos de Reconstrucción tras la pandemia: el Gobierno ya ha habilitado 421 millones este 2021, cuyo reparto negocia con las comunidades autónomas.
Cada español genera casi 500 kilogramos de residuos municipales anualmente: unos 22 millones de toneladas que se gestionan públicamente -hay otros 2,8 millones de toneladas de gestión privada- con un coste de recogida y tratamiento de unos 2.900 millones año. No lo hacemos bien, porque según la legislación europea, desde el año pasado se debería reciclar un 50% y estamos en el 33,5%; además, remitimos a los vertederos un 53,5%, y más de 3,5 millones de toneladas van sin tratamiento previo, algo prohibido por la UE.
La mala gestión de los vertederos ha provocado varios expedientes de Bruselas contra el país y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) considera probable que acaben en una sanción económica, al estilo de las que ya sufren Italia, de 40 millones más 42 millones al semestre hasta que cumpla la normativa comunitaria, o Grecia, de 10 millones más 14 millones cada seis meses.
Además, resulta que la UE ha aprobado varias directivas, con objetivos más ambiciosos de reciclado -hay que llegar al 65% en 2035, con hitos intermedios-, exigencias adicionales para plásticos -en julio se prohíben varios de un solo uso, como los cubiertos-, la obligación de recoger separadamente la fracción orgánica en todos los municipios en 2024, o lo más difícil: remitir un máximo del 10% de la basura al vertedero en 2035.
Impuestos por 1.500 millones
La Cartera dirigida por Teresa Ribera está tramitando una nueva Ley de residuos y suelos contaminados que traspone esas directivas e incluye dos nuevos impuestos, uno sobre los plásticos de un solo uso -recaudará más de 700 millones al año- y otro sobre el vertido y la incineración, que aportará 850 millones a las arcas públicas.
El Miteco, a partir de las estimaciones de la UE, calcula que para cumplir la norma hay que invertir en mejorar la recogida y las infraestructuras de tratamiento: 1.431 millones hasta 2027, que crecen hasta acumular 2.459 millones en 2035. Sin embargo, no facilita una estimación sobre el coste de aplicar la Ley, cumplir con la UE y llevar a la práctica la idea y el discurso de la economía circular.
Sí lo ha hecho la Fundación para la Economía Circular, una referencia del sector de los residuos desde hace más de dos décadas, en su reciente informe Diagnóstico y escenarios de cumplimiento de los objetivos de residuos municipales 2025-2030-2035. La entidad ha considerado que se mantiene estable la población y que el nivel de residuos baja a unos 450 kilos por persona y año; luego ha aplicado los costes identificados por la Federación Española de Municipios y Provincias y por el Miteco, actualizados con el IPC, y los ha adaptado a las necesidades, detallando cada tipo de residuos y materiales.
La Fundación concluye que el coste total crecerá un 28%, desde los 2.896 millones actuales -1.885 millones de recogida y 1.011 millones de tratamiento- hasta los 3.705 millones en 2035, con 2.487 millones de recogida y 1.217 millones de tratamiento. Por el camino hay cambios muy relevantes, como el salto de la fracción orgánica, desde 160 a 1.040 millones -que se compensa con la reducción de la fracción resto, de 2.149 a 1.115 millones-; la duplicación larga de los envases ligeros, desde los 317 a los 704 millones; o la irrupción de otros residuos, ahora sin recogida separada, hasta los 300 millones.
"Datos muy gruesos"
"Son datos muy gruesos; damos por supuesto el cumplimiento de las normativa, y es relativamente sencillo valorar cuál es la capacidad de recogida a ampliar -en textil, por ejemplo, prácticamente partimos de cero- y luego hay cifras estandarizadas del coste por tonelada. En el tratamiento sucede lo mismo, pero todos los cálculos son a nivel nacional, y hace falta un estudio más profundo para aterrizarlos a la realidad de los municipios y de las comunidades autónomas", comenta Ángel Fernández Homar, presidente de la Fundación.
Al experto le preocupa especialmente dos cosas: "la necesidad de implicar al 80% o al 90% de la población para alcanzar los objetivos", algo que ve difícil, pero no imposible, y "la capacidad económica de los ayuntamientos para cumplir", porque la gestión de los residuos ya puede representar la mitad del presupuesto municipal. "Hay que apoyar a los ayuntamientos; no todo pueden ser tasas, que es la peor noticia para un Alcalde", añade.
Homar también incide en la necesidad de potenciar la valorización energética de los residuos, tal y como hace la gran mayoría de la UE y en contra de lo que sucede en España, donde incluso está prohibida en algunas comunidades autónomas, "porque sin ella superaremos el límite de vertido del 10% de los residuos en 2035".
El Gobierno reparte 421 millones
La Cartera de Teresa Ribera negocia con las comunidades autónomas el reparto de 421 millones consignados en los Presupuestos del Estado de 2021 para mejorar la gestión de los residuos. De esa cantidad, la gran mayoría, 415,25 millones, van con cargo al Fondo europeo de recuperación. El sector confía en que haya más ayudas comunitarias con cargo a dicho Fondo durante 2022 y 2023, pero el Miteco aún no se ha pronunciado al respecto.
Para la implantación de nuevos sistemas de recogida separada, sobre todo biorresiduos, hay 199,4 millones; para nuevas instalaciones de tratamiento de dichos residuos orgánicos hay 68,5 millones; otros 136 millones son para plantas de preparación para la reutilización y el reciclado; y 17 millones para otras instalaciones.
