La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte al Gobierno de que el nuevo impuesto que quiere aplicar sobre los plásticos de un sólo uso -confía en recaudar con él alrededor de 700 millones de euros al año- podría generar una doble imposición sobre las bolsas de plástico ligeras, que los comercios ya están obligados a cobrar a los consumidores desde el año 2018.
La entidad dirigida por Cani Fernández ha evaluado el Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados y lo valora positivamente -muchas de sus novedades son trasposiciones de normativa europea-, pero entre las cosas que propone mejorar destaca su elemento estrella: un nuevo tributo que grava con 0,45 euros por kilogramo la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los envases de plástico no reutilizables -considerando todo lo que sirva para contener líquidos o sólidos o para envolver alimentos- que vayan a comercializarse.
Según la memoria de impacto del Anteproyecto, en 2017 se pusieron en el mercado 1,6 millones de toneladas de envases de plástico, lo que arroja una recaudación anual del tributo de 723,9 millones, si bien el cálculo incluye también envases reutilizables.
El 71% de los residuos
La CNMC admite la necesidad de la intervención pública para disminuir los efectos negativos de los residuos de este tipo de productos plásticos, que representan el 50% de las basuras marinas y son los más frecuentes: en España alcanzan el 71% del total, seguidos por los de papel y cartón, con el 11%, y por los higiénico-sanitarios, con el 6%.
Sin embargo, el Regulador advierte de que la amplitud de la definición del hecho imponible -no sólo envases, también otros productos, como film transparente, un vaso o un embalaje- implica que puede afectar a las bolsas de plástico ligeras, con un espesor inferior a 50 micras, y a las bolsas muy ligeras, con un espesor inferior a las 15 micras.
Y resulta que las bolsas de plástico ligeras ya están sujetas a la intervención de precios -no las muy ligeras, que se entregan por higiene- desde que hace dos años se publicara el Real Decreto 293/2018, el cual, para reducir su consumo, obliga a cobrar un precio por cada unidad entregada al consumidor.
En consecuencia, la CNMC recomienda que "se explicite su inclusión o no en el ámbito objetivo de forma explícita", en aras de la seguridad jurídica de los operadores económicos y los consumidores.
El problema de la doble imposición no se produciría, en cambio, con el impuesto comunitario de 0,8 euros por kilogramo de residuo de envase plástico no reciclado, aprobado en julio, como parte del paquete de rescate económico frente a la Covid-19.
Este impuesto europeo tiene un hecho imponible distinto al tributo nacional, ya que grava el residuo, no el producto nuevo, y su objetivo es nutrir el presupuesto plurianual de los 27, de modo que no afecta a las empresas o a los consumidores, sino directamente a los estados miembro.
Triple imposición
Las empresas del sector del plástico, agrupadas en EsPlásticos, consideran que si se aprueba el tributo español al plástico, en realidad se produciría una triple imposición, puesto que al impuesto y a la obligación de cobrar las bolsas se añadiría la contribución al sistema de recogida de residuos de Ecoembes.
Las empresas deben pagar el Punto Verde de Ecoembes para sufragar a las entidades locales el coste de recoger selectivamente los envases de plástico, esto es, los contenedores amarillos, el tratamiento de los residuos en planta y la logística intermedia. Estas aportaciones oscilan de los 0,37 euros por kilo de bolsa UNE a los 0,73 euros por kilo del plástico compostable, con un incremento constante que alcanza el 50% en el último año para el segundo caso.
"Nos encontramos ante una suerte de doble imposición en sentido material, puesto que el ámbito objetivo del impuesto y el hecho imponible del impuesto ya resultan gravados en la normativa sectorial", comentan fuentes de EsPlásticos a elEconomista. La entidad explica que, al añadir el pago por bolsa, habría una tercera imposición, si bien apunta que nadie ha reclamado hasta ahora la posible colusión entre la obligación de cobrar la bolsa y el Punto Verde.
En todo caso, EsPlásticos considera que las aportaciones al sistema de Ecoembes, al ser una obligación legal, deberían tenerse en cuenta a los efectos de determinar la cuota tributaria del nuevo impuesto al plástico comercializado. Igualmente, reclama que la futura norma incluya la posibilidad de repercutirlo sobre los consumidores -ahora inexistente- para garantizar su finalidad.
