El Gobierno aprobó el martes una subida de los costes de las basuras de unos 800 millones de euros anuales mediante una norma que obliga a cubrir todos los costes de los vertederos, incluyendo los de mantener las instalaciones durante un mínimo de 30 años después de haberlas clausurado y, por primera vez, los de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
El Consejo de Ministros del martes aprobó el Real Decreto 646/2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Los servicios de comunicación del Gobierno no lo anunciaron, a pesar de su relevancia, por un fallo de comunicación interna, según explican a elEconomista.
La normativa forma parte de la revisión que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está realizando sobre la regulación de los residuos y su tratamiento, empezando por una nueva Ley de residuos y suelos contaminados, ahora en tramitación, que incluye un nuevo impuesto sobre los plásticos con el que se espera recaudar más de 700 millones de euros al año.
El Real Decreto aprobado el martes es una de las principales normas de esta revisión regulatoria. España incumple con creces la regulación europea en materia de vertederos: les remitimos el 54% de los residuos, más del doble de la media comunitaria, y es prácticamente imposible que alcancemos el límite fijado para 2035 de depositar en ellos un máximo del 10% de las basuras.
Sanciones europeas
La situación ha derivado en que la Comisión Europea nos haya abierto varios procedimientos de infracción, alguno de los cuales ya ha llegado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Por eso el Gobierno considera probable que nos multen -ya ha sucedido con la depuración de aguas residuales-, tal y como se ha sancionado a Italia y Grecia: al primero con 40 millones más 42 millones al semestre hasta que cumpla y al segundo con 10 millones y 14 millones al semestre.
Cumpliendo la normativa europea, la nueva norma establece límites al depósito en vertedero que se endurecen progresivamente hasta llegar al citado 10% máximo -en 2025 no deben pasar del 40%- y obliga a las comunidades autónomas, competentes en la materia, a cumplir dichos objetivos con las medidas que consideren oportunas, pero particularmente con una subida de los cánones sobre el vertido, con la finalidad de aumentar la competitividad de la reutilización y reciclado.
En la actualidad sólo 10 comunidades autónomas aplican tributos sobre el vertido, que se reducen a cuatro -Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra- en el caso de la basura municipal. De acuerdo con varias fuentes consultadas, alguna de ellas oficial, la generalización y el incremento de estas figuras fiscales provocará un encarecimiento del sistema a escala nacional de unos 500 millones anuales.
El impacto de la subida, no obstante, dependerá de numerosos factores, como la situación de partida: el coste total de los residuos varía de los 42,2 euros por tonelada de Asturias a los 189,4 euros por tonelada del País Vasco.
El Real Decreto también obliga a los gestores de los vertederos -200 clausurados y 240 activos- a asumir todos los costes de las instalaciones, incluidos los de vigilancia durante décadas, bajo pena de sanciones que pueden llegar a los 1,75 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán que vigilar el cumplimiento de la normativa con inspecciones anuales y los gestores tendrán que emitir un informe, como mínimo cada cinco años, con un análisis económico de su situación.
Además, los residuos tendrán que ser separados y clasificados, y habrá que estabilizar la fracción orgánica de las basuras municipales, lo que exigirá reforzar los sistemas de recogida y tratamiento. Para ello hay que invertir unos 2.500 millones, según los cálculos del Anteproyecto de ley de residuos, que contempla esta mejora.
Repercutir el coste del CO2
Adicionalmente, los gestores de los vertederos tendrán que repercutir en sus tarifas el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones. Se trata de una de las grandes novedades del futuro decreto, no exigida por la legislación comunitaria, pero incluida a petición de la Oficina Española de Cambio Climático, para monetizar estas externalidades del vertido y aproximarlo a su coste real.
En España, de acuerdo con el Inventario de gases de efecto invernadero publicado ayer, el sector de los residuos emite un 4,3% de todas las emisiones de efecto invernadero el país -sobre todo metano, un gas 25 veces más calentador que el dióxido de carbono-, que se traducen en 13,5 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Excluyendo las emisiones de las depuradoras, los residuos sólidos son responsables del 80%.
El Miteco emitirá una orden en el plazo de dos años para establecer el cálculo de la repercusión económica de las emisiones, pero considerando el precio actual de la tonelada de CO2 en el Mercado europeo de derechos de emisión, que ronda los 28 euros por toneladas, la medida supondrá un encarecimiento directo del vertido superior a los 300 millones de euros anuales.
En resumen, entre la subida prevista de los cánones, que dependerá de la situación de cada territorio, y la repercusión de las emisiones de carbono, el sistema de recogida, tratamiento y depósito en vertedero se encarecerá en unos 800 millones a medio plazo.
