El Gobierno, sorprendentemente, ha decidido repartirse con las autonomías el importe de las sanciones europeas por incumplir la legislación comunitaria de depuración de aguas residuales, que ya ascienden a 32,7 millones de euros y siguen creciendo hasta que se cumpla la normativa. El Estado asume el 64% y el resto Andalucía (17%), Galicia (12%), Canarias (5%) y Valencia (1%).
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sancionó económicamente a España en julio de 2018 por incumplir una norma aprobada hace tres décadas, la Directiva 91/271CEE, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. En el momento de dictarse la sentencia original, en 2011, no cumplían la norma 38 poblaciones con más de 15.000 habitantes.
EL TJUE decidió aplicar dos tipos de sanciones, una multa a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 10,95 millones por cada semestre de durase el incumplimiento. Como en el momento en que se decidieron estas cantidades las aglomeraciones urbanas incumplidoras se habían reducido a 17, esta segunda cantidad se rebajó a 10,35 millones.
Situación sin precedentes
La regulación española establece que cuando la UE sancione a España por un incumplimiento que compete a las comunidades autónomas, sean éstas las que asuman la responsabilidad y abonen las cuantías económicas con cargo a sus propias haciendas. Así ha ocurrido en el pasado: en 2014 se traspasaron dos multas al País Vasco de 30 millones y 23,9 millones por haber otorgado ayudas consideradas ilegales por Bruselas, y lo mismo sucedió con Valencia con otra multa de 18,9 millones por contabilizar mal el déficit sanitario.
Sin embargo, como apunta la jurista Isabel Caro-Patón, de Menéndez y Asociados, en la publicación especializada iAgua, en esta ocasión no ha sido así: el Estado ha decidido asumir nada menos que el 64% de las multas abonadas hasta ahora, ejerciendo de juez y parte, puesto también ha decidido cómo distribuirlas.
En el momento de conocerse el monto de las sanciones, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) señaló a elEconomista que las sanciones se trasladarían íntegramente a las administraciones responsables.
Distribución de juez y parte
Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, para el reparto de la multa a tanto alzado, de 12 millones, el Ejecutivo ha aplicado dos criterios, el porcentaje de carga contaminante de cada aglomeración urbana incumplidora y el tiempo de duración del incumplimiento en cada aglomeración; para el reparto de las multas coercitivas -sólo se han repartido dos semestres, a razón de 10,3 millones- ha considerado únicamente el porcentaje de carga contaminante.
El Miteco ya ha adelantado los 32,7 millones totales que suman las multas y asume el 64% -21 millones- por los incumplimientos de las poblaciones andaluzas de Barbate, Estepona, Matalascañas y Nerja, la asturiana Gijón, la canaria Valle Guerra y la gallega Santiago de Compostela.
En cuanto a las comunidades autónomas, Andalucía correrá con 5,56 millones, por Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Tarifa; Canarias con 1,66 millones por el Valle de Güimar; a Galicia le corresponden 4,04 millones por Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo; y Valencia ya ha abonado voluntariamente 0,3 millones por Benicarló, Peñíscola y Taulada Moraira.
Interés general o convenio
No había duda de que el Gobierno central debe asumir las sanciones de Barbate, Matalascañas y Gijón, porque era el responsable de la construcción de las depuradoras. Pero los demás casos, con un criterio novedoso, ha decidido incluirlos porque están declarados de interés general del Estado o hay rubricado un convenio con las comunidades autónomas para su ejecución.
De las 17 aglomeraciones urbanas que no cumplían la normativa en el momento de este reparto sui géneris de las sanciones todavía hay 7 depuradoras sin operar: en Andalucía son Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina y Matalascañas; en Canarias la del Valle de Güimar, y la de Gijón Este en Asturias. Ya funcionan, y ello reducirá el monto de las multas coercitivas, las andaluzas de Estepona, Nerja y Tarifa, las gallegas de Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo y Santiago y la canaria de Valle Guerra.
