La futura Ley de residuos obliga a aumentar la recogida y el reciclado de las basuras municipales un 86% desde el nivel actual hasta el año 2035, lo que exige invertir cerca de 2.500 millones de euros en logística y nuevas infraestructuras, como los servicios de recogida y las plantas de tratamiento, la gran mayoría de competencia municipal.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que incluye un nuevo impuesto para los plásticos de un solo uso con el que se espera recaudar unos 724 millones de euros. La futura Ley traspone normativa europea que incluye objetivos ambiciosos de recogida, tratamiento y reciclado de las basuras municipales; concretamente, exige que se aumenten desde el 34,8% actual hasta el 55% en 2025 y el 65% en 2035.
Además, establece la recogida separada de varios tipos de residuos, como los textiles o los aceites de cocina usados, y adelanta la obligación para la fracción orgánica -el contenedor marrón que se está implantando en la actualidad-, de modo que es necesario ampliar unos sistemas de recogida municipales que pueden superar el 30% del presupuesto de las entidades locales.
Los datos de Cataluña, donde los biorresiduos se recogen separadamente de un modo generalizado, revelan que el coste de hacerlo oscila entre los 10 y los 30 euros por tonelada, aunque en algunos casos puede obtenerse un ahorro -al compensarse costes de los demás flujos de residuos-, que llega hasta los 5 euros por tonelada.
Por otro lado, España tendrá que hacer un esfuerzo adicional al de muchos otros países de la UE, porque estamos muy retrasados en cuanto al cumplimiento de los vigentes objetivos europeos: deberíamos reciclar el 50% de los residuos municipales este mismo 2020 -no llegamos al 35%- y remitimos a los vertederos el 54% de los residuos, cuando la legislación comunitaria establece un vertido máximo del 10% en 2035.
Invertir 1.431 millones hasta 2027
Sea como fuere, para cumplir la Ley, según los cálculos de la Comisión Europea recogidos en la memoria de impacto de la futura norma, España debe invertir 1.431 millones entre 2021 y 2027, que se convierten en 2.459 millones al ampliar el horizonte temporal hasta 2035. La mayoría de este capital ha de dedicarse a la recogida (1.165 millones), el reciclaje (739 millones) y el tratamiento de los biorresiduos (397 millones); a mucha distancia quedan el triaje previo a la incineración (39 millones), las instalaciones de clasificación (38 millones), la mejora del triaje para el tratamiento mecánico-biológico (23 millones) y la digitalización (4 millones).
Estos costes, no obstante, incluyen también la recogida de los envases y residuos de envases, que corresponden a los denominados sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), como Ecoembes, y la citada obligación de reducir el depósito de residuos en los vertederos. En el primer caso el Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando una propuesta y en el segundo caso está tramitando un decreto.
El impacto conjunto de estas inversiones en los recibos de la basura de los consumidores dependerá de cada municipio, igual que ahora; en la actualidad un hogar de una pareja abona una media de 85,4 euros anuales, pero con grandes variaciones: en las capitales de provincia oscila de los 39 euros a los 185 euros al año.
En total, el coste de los residuos oscila entre los 42,2 euros por tonelada de Asturias hasta los 189,3 euros por tonelada del País Vasco; en Madrid y Barcelona los costes por tonelada son de 60,3 euros y 114,2 euros, respectivamente.
Impacto muy positivo en la economía
De cualquier manera, la memoria de la futura Ley subraya que el impacto económico total de su aplicación será muy positivo para la economía y para los consumidores. No sólo se generarán 11.140 empleos directos, sino que se reincorporarán recursos al proceso productivo, se impulsará la competitividad y la innovación, se ahorrarán muchos costes -de sanitarios a recuperación de suelos contaminados-, se evitarán incendios forestales… Y multas europeas.
El documento apunta que hay que considerar el coste derivado de las "probables" sanciones al Reino de España por incumplir la normativa de residuos y pone como ejemplo las sanciones que han recibido Grecia (10 millones más 14,5 millones semestrales), Italia (40 millones y 42,8 millones semestrales) y Eslovaquia (1 millón y 5.000 euros diarios).
