El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros una serie de medidas que ayudarán a mejorar el consumo responsable de España así como a proteger el medio ambiente. La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados han sido presentados por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como "adaptar la legislación para luchar contra el desperdicio de residuos". Un factor que provoca anualmente que todos los residuos sumen como 2.900 veces el Estadio Santiago Bernabéu "a rebosar".
España ha dado este martes un paso a igualar su legislación a los acuerdos con la ONU para luchar contra el daño al medioambiente. De acuerdo con la EEEC, denominada 'Estrategia España 2030', se busca superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, así como minimizar la generación de residuos.
Ribera ha añadido que junto a la estrategia, el Ejecutivo ha estudiado y aprobado el anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados que afecta a los plásticos de un solo uso y a los microplásticos así como un real decreto que mejorará la trazabilidad y el control de los traslados de residuos, para someterlo a consulta pública.
En concreto, la EEEC marca los objetivos para la próxima década a nivel general y en particular en seis sectores a los que considera estratégicos para este fin, como son la construcción y demolición, agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo, turismo y textil y confección.
Antes de 2030 los residuos deberán haberse reducido un 15% respecto al consumo de 2010
Así, la 'Estrategia España 2030' prevé que de aquí a 2030 se debe reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB respecto al año 2010 como referencia y disminuirá la generación de residuos un 15% respecto a los que se generaban en 2010.
Concretamente, plantea rebajar un 50% la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria per cápita a nivel de hogar y consumo minorista; un 20%en las cadenas de producción y suministro a partir de 2020. La Estrategia busca contribuir asimismo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Otros de los objetivos pasa por incrementar la reutilización y la preparación para su reutilización de al menos el 10% de los residuos municipales generados y mejorar un 10% la eficiencia del uso del agua, así como reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Igualmente se promoverá acabar con la obsolescencia programada por ejemplo de los electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos.
Nuevo impuesto al envase de plástico
En cuanto al anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, el Consejo ha dado el pistoletazo de salida a su tramitación con la idea de que el proyecto de ley sea remitido antes de final de año a las Cortes Generales y su aprobación definitiva en el primer periodo de sesiones de 2021.
El anteproyecto que traspone la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso de 2019, prevé entre otras medidas que cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa del café para llevar de plástico a partir del 1 de enero de 2023, al tiempo que en la restauración se deberá ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este podrá, en todo caso optar por agua embotellada y el abandono de basura en el medio ambiente podrá conllevar multas de entre 1.000 y 2.000.000 de euros, según su gravedad.
A partir del 3 de julio de 2021 estará prohibido vender bastoncillos de algodón, cubiertos, palillos o platos de plástico
El texto establece limitaciones a los plásticos de un solo uso. En concreto, a partir del 3 de julio de 2021 estará prohibido introducir en el mercado bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico, así como los palos para sujetar globos, excepto los globos de aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyan a consumidores; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
En este marco, el anteproyecto contempla un nuevo impuesto especial que el Gobierno justifica porque responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde.
Así, prevé imponer un impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable que será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.
Se prevé recaudar 724 millones de euros a través del impuesto para vasos de bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa
Explica así que es similar al que se implantará en Reino Unido o Italia y precisa que ascenderá a 0,45 euros por kilogramo de envase. Con ello, aspira a una recaudación cercana a 724 millones de euros, que obtendrá de los vasos de bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; normalmente se consumen en el propio recipiente, o están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato.
De hecho, el texto fija que en 2026 se tendrá que reducir un 50% su comercialización, con respecto a 2022; y en 2030, esa reducción debe ser del 70%, también con respecto a 2022. En ese sentido, se buscarán alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
No obstante, desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. También quedarán prohibidos desde el 3 de julio del año que viene cualquier producto de plástico que se fabrique con plástico oxodegradable, así como los cosméticos y detergentes que tengan microplásticos añadidos de forma intencionada.
