El Ministerio dirigido por Teresa Ribera prepara una norma sobre la eliminación de residuos en los vertederos que propiciará una subida de las tasas de basura para que el volumen de desechos que acaba en estas instalaciones se reduzca un 80% hasta 2035, conforme a la legislación de la UE. La futura norma, un real decreto en información pública, aumenta el control sobre los vertederos y sus residuos, al objeto de cerrar procedimientos de infracción comunitarios antes de que se traduzcan en sanciones. Su aplicación creará unos 78.000 puestos de trabajo.
España suspende en vertederos: les remite el 54% de los residuos, más del doble que la media comunitaria, del 24%, viene incumpliendo holgadamente los objetivos europeos de vertido y tiene muy difícil alcanzar el límite fijado para 2035 por la reciente Directiva 2018/850: un máximo del 10%.
Además, la Comisión Europea mantiene abiertos varios procedimientos de infracción contra el país por instalaciones ilegales o no conformes con la normativa, alguno de los cuales ya ha llegado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que nos ha condenado, aunque todavía sin sanciones económicas.
Al objeto de revertir la situación, el Gobierno no puede usar directamente la principal herramienta que le reclaman Bruselas, las empresas y las ONG: la fiscalidad, porque los residuos son competencia autonómica y local. En la actualidad, sólo 10 comunidades autónomas aplican tributos sobre el vertido, que se reducen a cuatro -Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra- en el caso de la basura municipal.
De acuerdo con los cálculos de la FundacióENT para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF, un impuesto de corte estatal, acorde con los autonómicos vigentes, recaudaría inicialmente más de 500 millones de euros anuales e impulsaría la reutilización y el reciclado.
Obliga a las autonomías
No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) va a analizar las opciones fiscales con Hacienda y, de acuerdo con la citada Directiva europea, la futura regulación obligará a las administraciones competentes a usar los instrumentos económicos a su alcance para penalizar el vertido, entendiendo que se traducirá en un incremento de las tasas y los cánones.
"El Ministerio para la Transición Ecológica no tiene competencias para instaurar este tipo de impuestos. No obstante, el proyecto de Real Decreto prevé el establecimiento de conversaciones con el Ministerio de Hacienda para analizar esta posibilidad"
El proyecto normativo también quiere forzar a los gestores de los vertederos -municipios en su mayoría- a fijar unos precios que cubran todos los costes, incluyendo por primera vez los de las emisiones de efecto invernadero y los de vigilar y mantener las instalaciones durante décadas después de haberlas clausurado, con una sustancial extensión de las garantías financieras, que incluirán la recuperación y restauración ambiental.
Igualmente, busca aumentar el nivel de control sobre los residuos y sobre las instalaciones. Así, cumpliendo una sentencia del TJUE, exigirá el tratamiento de las basuras antes de llevarlas al vertedero, clasificándolas adecuadamente y estabilizando la fracción orgánica de las municipales.
Para ello, en el plazo de dos años, el Miteco publicará una Orden que mejore y detalle la actual clasificación de residuos. Otra Orden, que se debe publicar antes de 2023, especificará qué desechos está prohibido verter y, en todo caso, se vetará el depósito de los recogidos separadamente. Además, el pesaje será una parte obligatoria de la recepción en las instalaciones para permitir la trazabilidad.
Por otro lado, subirá la frecuencia de las inspecciones de las comunidades autónomas a una mínima anual, así como su alcance, abarcando todas las autorizaciones y el dilatado período postclausura.
La memoria de impacto del proyecto normativo no concreta el coste que provocará su aplicación sobre los 195 vertederos clausurados y los 239 activos del país, que tendrán seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias. Otras entidades consultadas por elEconomista, como la patronal del ramo, Aselip -la que más comentarios remitió durante la fase de consulta previa-, tampoco facilitan una estimación.
El Miteco sí señala que para reducir el vertido de residuos al 10% en 2035 se deberían crear 78.000 empleos nuevos en reciclado y otras alternativas de valorización, y que ello también mejorará la productividad económica del país al reducir las importaciones.
Más de 250 millones por el CO2
Además de la subida fiscal, los responsables de gestionar los vertederos tendrán que repercutir en sus tarifas el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones, según los precios que marquen las subastas europeas de CO2. A precios actuales, conlleva un encarecimiento del depósito de residuos superior a los 250 millones de euros anuales.
Se trata de una de las grandes novedades del futuro decreto, no exigida por la legislación comunitaria, pero incluida a petición de la Oficina Española de Cambio Climático, para monetizar estas externalidades del vertido y aproximarlo a su coste real.
En España el sector de los residuos emite un 4,1% de todas las emisiones de efecto invernadero el país -sobre todo metano, un gas 25 veces más calentador que el dióxido de carbono-, que se traducen en 13,5 millones de toneladas de CO2 equivalentes. De esa cantidad, los vertederos son responsables directamente de 10,4 millones de toneladas, a las que se pueden añadir 0,6 millones de toneladas de tratamientos biológicos.
Para el cálculo económico se considerará el precio de la tonelada de CO2 de las subastas europeas del último año en el que participe España. Extrapolando el precio actual, de unos 26 euros por tonelada, la medida supondrá un encarecimiento directo del vertido superior a los 250 millones de euros anuales.
A tratamiento y vigilancia
Las cantidades que cada vertedero recaude por sus emisiones debe destinarlas exclusivamente a reforzar y mejorar los sistemas de tratamiento de los gases y las redes de vigilancia y control de las posibles afecciones a las aguas.
Enagás, en sus propuestas a la nueva regulación, reclama planes de gestión del biogás, que el Miteco se plantea estudiar, y un marco normativo específico que permita potenciar este gas renovable, pero la Cartera de Ribera le responde que eso excede el ámbito del proyecto normativo.
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