La nueva regulación para las redes de gas que plantea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no prevé medidas para promocionar los gases de origen renovable, en contra de lo que le pedía el Gobierno en sus Recomendaciones de política energética, y en contra de los planteamientos de la UE, que apuesta por los gases verdes para lograr un sistema energético descarbonizado en 2050.
Se consideran gases de origen renovable el biogás, obtenido tras un proceso de digestión anaerobia a partir de residuos orgánicos y cultivos; el gas sintético, producido con la gasificación térmica de materiales orgánicos, principalmente lignocelulósicos, forestales y agrícolas; y el hidrógeno, conseguido a partir de la descomposición del agua con electrolisis, siempre gracias a electricidad generada con renovables convencionales, como la eólica o la solar.
La UE quiere alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050 y cada vez tiene más claro que no podrá conseguirlo sólo con un sistema eléctrico ciento por ciento renovable; también necesitará otros vectores energéticos para cubrir la demanda del transporte o de ciertos procesos industriales con temperaturas que hoy por hoy no pueden alcanzarse sólo con electricidad. Y el combustible elegido para ello es el gas, preferiblemente verde.
Además, para lograr el objetivo de descarbonización, se tendrá que usar la infraestructura gasista para almacenar energía –electricidad limpia convertida en gas, proceso denominado Gas to Power en inglés–, y garantizar el suministro a largo plazo, cubriendo los déficit energéticos que se obtengan en unas estaciones climáticas desfavorables con los superávit de otras más generosas en agua, sol y viento.
De hecho, los análisis económicos de los escenarios energéticos a mitad de siglo revelan que será mucho más barato disponer de un sistema energético en el que los sistemas eléctrico y gasista actúen al unísono: Frontier Economics calcula unos ahorros de 30.000 a 49.000 millones de euros anuales -un acumulado de 487.000 a 802.000 millones hasta mitad de siglo-, y Ecofys estima un ahorro que alcanza los 138.000 millones al año en 2050.
Incluidos en la Planificación
Por eso el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) incluye entre los objetivos del Plan de Energía y Clima el fomento de los gases renovables en la estructura energética del país, mediante planes específicos, así como la aplicación de los gases renovables en las infraestructuras gasistas para comenzar la andadura en pos del citado almacenamiento energético a gran escala.
Y por eso el Miteco, en sus orientaciones de política energética, le pidió a la CNMC que en su Circular sobre la retribución de las redes de distribución de gas natural, "debería introducir medidas para que el régimen económico sea compatible con la promoción del uso de los combustibles menos contaminantes y menos emisiones de gases de efecto invernadero y la inyección de gases de origen renovable en las redes de distribución".
Sin embargo, en la propuesta de Circular publicada por el Regulador de los mercados a inicios de mes no aparecen estas medidas; es más, ni siquiera aparece la palabra "renovable" en las 31 páginas del borrador normativo, que recorta los ingresos regulados de las redes de distribución en una media de 255 millones de euros anuales entre 2021 y 2026.
España, muy retrasada
España acumula un gran retraso en el ámbito de los gases de origen renovable en relación al resto resto de la UE -por ejemplo, sólo hay una instalación que inyecta biogás en las redes de gas, en el madrileño vertedero de Valdemingómez-, pero las grandes empresas del ramo, como Naturgy, Enagás o Redexis, tienen muy claro que su futuro a largo plazo depende de potenciar este tipo de gases y han iniciado numerosos proyectos.
De hecho, este interés sectorial se ha traducido en una Hoja de ruta para los gases de origen renovable elaborada por la patronal del ramo, Sedigás. Según sus cálculos, en España hay potencial para que los gases verdes cubran más del 50% de la demanda de gas actual; sólo el sector del biometano, el más desarrollado, podría aportar 284 millones al PIB en 2030, generando 14.617 empleos, entre directos e indirectos.
Pero esta efervescencia sectorial se ve amenazada por la propuesta de Circular del Regulador y su olvido de los gases renovables. De momento Naturgy ha anunciado la paralización de todas sus inversiones en redes, Enagás guarda silencio mientras analiza la situación y sólo Redexis prevé mantener su plan de invertir 60 millones de euros en la materia entre este año y 2025.
