El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas los 850 millones de euros anuales que espera recaudar con el nuevo Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración, que se incorporará al texto del Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, actualmente en tramitación.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública el diseño del futuro tributo -se pueden presentar alegaciones hasta el 11 de enero- que incorpora y detalla varios elementos importantes sobre el documento de trabajo, adelantado por elEconomista, aunque obvia otros fundamentales, como su aplicación progresiva, una de las grandes demandas del sector.
Los tipos impositivos propuestos por el documento para el depósito en vertedero son de 40 euros por tonelada para los residuos municipales; 20 euros para los no peligrosos, descontando los municipales; 5 euros para los peligrosos y 3 euros para los inertes. Los tipos para la incineración son de 15 euros por tonelada para los municipales; 3 para los no peligrosos, sin contar municipales, y otros 3 euros para los peligrosos.
La propuesta oficial de la Cartera dirigida por Teresa Ribera, a diferencia del documento e trabajo, ya no contempla la posibilidad de obtener rebajas en esos importes que llegaban al 50% en el caso de que las basuras se recogieran separadamente.
El tributo se aplicará cuando se realice la entrega en los vertederos o en las incineradoras, cuyos titulares tendrán que inscribirse en un nuevo registro a tal efecto. El Ministerio de Hacienda gestionará la recaudación y se la transferirá a las comunidades autónomas, en función del volumen de residuos que se depositen o se incineren en su territorio.
Sin carácter finalista
El tributo no tiene carácter finalista -no se exige su empleo para reducir los residuos o mejorar su tratamiento- y los gobiernos regionales, si lo desean y adaptan su propio ordenamiento jurídico, podrán incrementar la presión impositiva, lo que permitirá que se mantenga la actual competencia entre territorios y el gran nivel de traslado de residuos.
La memoria de impacto de la propuesta estima que, de acuerdo con el volumen de residuos calculado por el INE para 2017, se obtendrán 790 millones del vertido y otros 45,8 millones de la incineración, unos 835 millones en total, cifra inferior a los 861 millones considerados por el Ejecutivo cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
La propuesta establece que el tributo entrará en vigor súbitamente el primer día del segundo trimestre natural siguiente a la entrada en vigor de la Ley de residuos, probablemente en abril de 2022.
