El Gobierno diseña un impuesto sobre los residuos con el que espera recaudar 861 millones en 2021. Se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, y gravará el depósito en vertedero y la incineración con un máximo de 40 euros por tonelada, que se reducirá hasta un 50% si la basura se recoge separadamente. Aún se debe definir cómo se combinará con los cánones y tasas autonómicas sobre la materia, pero debería servir para evitar las sanciones de Bruselas por incumplir la legislación europea.
Cuando el Consejo de Ministros aprobó en octubre la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, entre las medidas fiscales incluyó un nuevo impuesto sobre residuos, con una recaudación de 861 millones en 2021, que pasó prácticamente inadvertido en el conjunto de cuadro económico y la relevancia de la subida del tipo impositivo al diésel, finalmente retirada.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada por la prensa por el nuevo tributo, se limitó a explicar que formaba parte de la fiscalidad ambiental, que ésta se comparte con las comunidades autónomas, y que "la iremos trabajando a lo largo del próximo año".
Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) explica a elEconomista que el nuevo impuesto se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, ya en tramitación -ha recibido el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-, cuando se remita al Congreso de los Diputados, presumiblemente en las próximas semanas.
El Miteco también apunta que trabaja con Hacienda para diseñar el tributo y compaginarlo con la fiscalidad ambiental de las comunidades autónomas, que son competentes en la materia. La Cartera de Montero sólo emplaza a esperar a que concluyan los trabajos para saber cómo se concreta.
Primera versión del tributo
No obstante, las comunidades autónomas manejan un anejo de la futura Ley con una primera propuesta del impuesto, al que ha tenido acceso elEconomista; se lo remitió el Miteco para recabar su opinión. La Cartera dirigida por Teresa Ribera y los gobiernos regionales vienen colaborando desde el año 2018, en la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, en un tributo sobre el vertido y la incineración que sea homogéneo para todo el Estado y con carácter finalista, es decir, que su recaudación revierta en reducir el volumen de residuos y mejorar su tratamiento y gestión.
Una veintena de estados europeos ha disponen de este tipo de figura fiscal, al igual que 10 comunidades autónomas -Baleares la ha anunciado para el año que viene y Castilla-La Mancha y País Vasco preparan las suyas-, pero con gran disparidad, tanto en los tipos impositivos como sobre las clases de residuos gravados o, incluso, sobre su carácter finalista, porque el de Madrid no lo es y sólo en Cataluña y Navarra alimenta un fondo ambiental específico.
En todo caso, se considera que el modelo es el catalán, que ha ido aumentado progresivamente la presión fiscal hasta ser, con mucho, la más elevada: en los residuos municipales el depósito en vertedero supera los 47 euros por tonelada y la incineración los 23 euros. El citado anejo plantea niveles impositivos similares, pero con rebajas por separar la basura orgánica, una de las grandes asignaturas pendientes del país.
Así, el nuevo impuesto grava el vertido de residuos no peligrosos con 40 euros por tonelada y la incineración con 20 euros; pero si el 15% de los biorresiduos municipales se recoge separadamente, la cuota tributaria del vertido es de 30 euros -15 euros la incineración- y si la separación alcanza el 30%, el vertido se queda en 20 euros y la incineración en 10 euros. En el caso de los residuos peligrosos, el depósito en vertedero costaría 15 euros y la incineración 10 euros. Para los residuos inertes, el vertido se fija en tres euros.
Con vistas al encaje con la normativa autonómica, el anejo únicamente remite a una disposición de la Ley 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas, que habilita medidas compensatorias si los ingresos de las corporaciones locales se vieran mermados por la aplicación del impuesto, algo que sólo afecta a Cataluña.
Nada indica sobre su cesión a las comunidades autónomas, algo fundamental para evitar que lo rechacen; tampoco sobre su carácter finalista, clave al ser de índole ambiental, ni sobre su aplicación progresiva para graduar el impacto económico sobre empresas y consumidores. Y el Miteco no comenta el documento.
Según el calendario previsto, la Ley de residuos y el impuesto entrarán en vigor a mediados de 2021, junto con el tributo a los residuos de envases de plástico que también incluye la futura norma; está evaluado en 724 millones al año, pero para el próximo ejercicio sólo tiene asignados 491 millones en el cuadro presupuestario porque no se aplicará 12 meses.
Rechazo del FMI
A mediados de mes, el Fondo Monetario Internacional recomendó al Gobierno posponer la subida de la fiscalidad verde hasta que la recuperación de la crisis de la Covid-19 sea firme, porque los tributos ambientales tienen un mayor impacto en los menos pudientes, que también son los más perjudicados por la pandemia.
Bruselas, en cambio, recibirá el tributo encantada, porque recomienda implantarlo para que alcancemos los objetivos ambientales y evitemos las sanciones por incumplir reiteradamente la normativa comunitaria sobre residuos y sobre vertederos.
El Miteco, en la memoria de la futura Ley de residuos, considera "probable" la imposición de sanciones europeas -ya sucede por la gestión de las aguas residuales- y recuerda que Italia sufre multa de 40 millones más 42 millones al semestre hasta que cumpla la normativa, al igual que Grecia, en este caso de 10 millones más 14 millones cada seis meses.
