El sector del agua urbana ha identificado 50 proyectos, ligados a una inversión de unos 7.300 millones de euros, susceptibles de recibir fondos europeos, porque cumplen los requisitos de Bruselas y porque pueden materializarse entre 2021 y 2023. Sin embargo, la Cartera de Teresa Ribera no ha lanzado una convocatoria específica para que los proyectos de agua opten a recibir fondos del Plan de Recuperación; es más, sólo piensa destinarle unos 650 millones al ciclo del agua en el trienio, la mayoría para solventar carencias en depuración. Las empresas no esconden su decepción, aún trabajan para obtener un Perte y confían en que los programas de otros ministerios, como Economía e Industria, o las autonomías, les permitan captar más fondos.
Las infraestructuras de agua en España sufren un severo déficit de inversión para cumplir las exigencias ambientales europeas, mantenerlas en buen estado y renovar las que se acercan al final de su vida útil: de acuerdo con los cálculos de PwC, habría que destinarles unos 50.000 millones durante esta década, pero la tendencia se queda en unos 25.000 millones, la mitad de lo necesario.
Cuando los 27 socios comunitarios se pusieron de acuerdo el año pasado para lanzar el Pacto Verde Europeo y nutrirlo con partidas del Presupuesto comunitario 2021-2027 -1,1 billones- y con el Fondo de Recuperación de 750.000 millones, el sector se lanzó a diseñar propuestas, convencido de que la recuperación verde de la crisis debería apoyarse en el azul del agua. A fin de cuentas, pocas inversiones encajan mejor en lo requisitos planteados por la UE: genera empleo de calidad, fomenta la sostenibilidad medioambiental, combate la despoblación rural, tiene capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía...
Creación de 43.000 empleos
Según las estimaciones de PwC para la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas) y de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (Aga), cubrir el déficit de inversión permitiría generar 43.000 empleos, el PIB aumentaría en más de 1.800 millones, se daría término a las crecientes sanciones europeas por la mala depuración -impuestas en 2018, ya superan los 40 millones-, mejoraría la calidad del suministro, aumentaría la disponibilidad de recurso hídrico...
Avanzando en el trabajo, las empresas empezaron a recopilar proyectos -hay muchos que llevan años esperando financiación- y Aga se encargó de coordinarlos para remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) una propuesta del conjunto del sector. La patronal, con la colaboración de Aeas, identificó unos 500 proyectos susceptibles de recibir fondos europeos, valorados en 13.776 millones. Algunos ya están recogidos en la Planificación Hidrológica, muchos se enfocan a la renovación de infraestructuras -la mayoría de las potabilizadoras se construyeron en las décadas de 1950 y 1960-, otros aplican nuevas tecnologías, como el Internet de las cosas o la inteligencia artificial...
El 41% de los proyectos está directamente relacionado con la resiliencia de las ciudades, debilitada por el cambio climático y los fenómenos extremos, seguidos por los destinados a la reutilización de los recursos hídricos (12,9%) y a la mejora de la calidad de las aguas, con el 12,3%.
Sobre esa gran base de iniciativas, Aga seleccionó 50 proyectos, por su relevancia, por ajustarse mejor a los requisitos de Bruselas y porque, en su práctica totalidad, están listos para licitar y ejecutar en el período 2021-2023, aportando empuje económico a corto plazo tras la crisis provocada por la Covid-19.
Suez, Canal, Emasesa y Acciona
Los 50 proyectos requieren una inversión de 7.307 millones para materializarse. La cabeza de la lista está ocupada por Suez, que plantea una inversión de 3.590 millones -sólo un proyecto de resiliencia para Barcelona, el mayor de todos, requiere casi 1.400 millones-, Canal de Isabel II, con 1.556 millones -sobre todo para renovar y mejorar redes-, Emasesa, con 518 millones, y Acciona, con 427 millones.
Sin embargo, el Ministerio encabezado por la vicepresidenta cuarta del Gobierno no ha lanzado una convocatoria específica para proyectos de agua -denominada expresión de interés-, como sí ha hecho para el hidrógeno, las renovables o el reto demográfico- y tampoco se muestra dispuesto a apostar por el agua en la recuperación: al principio, los responsables del Miteco señalaron en varias reuniones que pensaban asignar 1.100 millones para proyectos de agua y litoral, de los que sólo 300 millones recalarían en el agua, y únicamente a paliar las carencias de depuración del país.
La cantidad resultaba extraordinariamente pequeña en comparación con los fondos europeos que gestionará el Miteco entre 2021 y 2023: el 37% del presupuesto del fondo de Recuperación, más de 26.500 millones, a los que añadirá otras partidas del fondo React-EU -España recibirá otros 12.000 millones para la recuperación ecológica, digital y resiliente- y lo correspondiente al Presupuesto plurianual de la UE.
"Importante decepción"
"Nos hemos sentido invadidos por una importante decepción, cuando la titular del Ministerio ha acotado, en primera aproximación, la cifra que se contempla oficialmente para el sector del agua" decía Fernando Morcillo, presidente de Aeas, antes de añadir que "se nos ha trasladado que serán apenas 1.100 millones los destinados al agua procedentes de los fondos de recuperación europeos, que gestionará el Gobierno central, y con destino a unos proyectos que estaban pendientes de ejecutar por nuestra desidia nacional sobre la depuración de aguas residuales; en mi opinión tienen poca acción tractora, aunque son imprescindibles: lo que popularmente se llama tapar agujeros".
Quizá por las quejas públicas del sector, el Miteco finalmente ha decidido incrementar la partida del Fondo de recuperación asignada al agua: el jueves anunció que ha consignado 1.700 millones, de los que unos 800 millones se destinarán a la recuperación de ríos, acuíferos y la prevención de inundaciones, otros 250 millones a la digitalización de la Administración del agua, y 650 millones más para tapar los agujeros de la depuración, sobre todo en poblaciones con menos de 5.000 habitantes, de los que unos 400 millones serán gestionados por las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos.
Morcillo, preguntado por elEconomista por la valoración del incremento presupuestario, subraya que las necesidades son muy superiores: "sólo la Planificación Hidrológica indica la necesidad de invertir 19.000 millones en los próximos 10 años; quizá la decepción con este aumento del 70% de los fondos sea un poco menor, pero es lamentable que el agua no forme parte de las prioridades del Ministerio".
Fernando Morcillo: "Es lamentable que el agua no forme parte de las prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica"
Con esta situación, el sector se ha movilizado, tal y como explica Manuel Marchena, presidente de Aga: "Decidimos descentralizar todos los frentes posibles porque en el Ministerio no ha habido un apertura clara y expresa para invertir en el ciclo urbano del agua, que no sean las obras pendientes de interés general para mejorar la depuración". En consecuencia, la entidad ha presentado los proyectos al Ministerio de Industria, al de Economía, a la Federación Española de Municipios y Provincias... Las asociaciones esperan conseguir 500 millones para proyectos relacionados con la digitalización y otros ámbitos, como la eficiencia energética o las energías renovables, siempre enfocados al agua.
Trabajando para lograr un Perte
Marchena recuerda que la CEOE ha incluido la transformación del ciclo del agua entre sus 21 iniciativas para la recuperación del país y apunta que el sector trabaja para obtener un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), las estrellas de la asignación presupuestaria diseñada por el Gobierno. Fuentes del Miteco expresan su deseo de que finalmente se asigne un Perte al sector.
Un enfoque diferente tiene Antolín Aldonza, director general de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua). La entidad no ha presentado proyectos -espera que el Miteco asigne los fondos a iniciativas concretas- y llama la atención sobre la necesidad de agilizar la burocracia y sobre la escasa ejecución de las asignaciones presupuestarias en los últimos ejercicios, del 27% en 2017, el 48% en 2018 y el 54% en 2019.
