El Gobierno aprobó el viernes 16 planes hidrológicos, todos los de competencia estatal y cuatro de competencia autonómica, que contemplan más de 10.000 medidas -desde nuevos abastecimientos a poblaciones hasta la creación de reservas fluviales- cuya ejecución movilizará, como adelantó elEconomista, más de 17.500 millones de euros hasta el año 2021.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en funciones comentaba, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que los planes ocupan más de 65.000 folios -?unos 5.400 por Plan?- y bromeaba con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría sobre la necesidad de hacer una edición especial del BOE, con más de 1.300 páginas, para publicar los dos reales decretos que recogerán lo más importante de los planes; el resto está disponible en las páginas web de las confederaciones hidrográficas.
Los planes hidrológicos son, como recalcó García Tejerina, "el instrumento más importante de gestión del agua, ya que permiten conocer las necesidades en materia de agua y los recursos disponibles".
Los planes aprobados ayer corresponden al llamado Segundo Ciclo de Planificación, que abarcan de 2015 a 2021. Son todos los que competen al Gobierno central, porque afectan a más de una comunidad autónoma (Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla) y los de competencia autonómica de Galicia Costa y los andaluces de Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Los 12 primeros prevén una inversión de unos 15.000 millones de euros, mientras que ésta asciende a unos 2.500 millones en los cuatro segundos. De largo, el Plan que contempla una mayor inversión es el del Ebro, con 4.021 millones, seguido del Tajo, con 2.583 millones, y del Guadalquivir, con 2.392 millones.
Alrededor del 65 por ciento de estos capitales se destinarán a cumplir los objetivos ambientales establecidos por la normativa europea -exige que las aguas estén en buen estado ecológico, lo que nos obliga a mejorar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales-, así como a mejorar la protección frente a las inundaciones. El 35 por ciento restante recalará en actuaciones previstas para cubrir las necesidades de recurso hídrico y otros usos sectoriales relacionados con el agua.
Esta segunda vertiente, la socioeconómica, centrada en distribuir el agua entre usos y usuarios, es una particularidad de los planes españoles que no contempla la normativa europea. Así, por ejemplo, en el Guadiana se incluye la legalización de pozos, en el Júcar se contempla un trasvase de 50 hectómetros cúbicos desde el Júcar hasta el Vinalopó y en el Segura -la Demarcación más seca de la UE- se incluyen actuaciones para reducir el déficit hídrico en 80 hectómetros cúbicos, gracias, sobre todo, a la puesta en marcha de plantas desalinizadoras.
Los grupos ecologistas han acogido con gran recelo los planes. Ecologistas en Acción considera que prevén unos volúmenes de agua inexistentes y que no se podrán satisfacer las demandas previstas, sobre todo los nuevos regadíos, y WWF cree que incumplen la normativa de aguas y no promociona un uso racional de los recursos hídricos.
Un portavoz de Castilla-La Mancha ha asegurado que está "preparando los recursos pertinentes" en relación a los planes que afectan a esta comunidad autónoma.
