La crisis sanitaria de la Covid-19 ha demostrado el carácter del agua como bien esencial y la necesidad de garantizar su suministro de manera segura, previsible y de calidad. En un escenario post-pandemia, el sector se postula como una herramienta para relanzar la economía y crear 43.000 empleos nuevos, pero advierte de las incertidumbres que afronta a corto plazo.
El sector ha experimentado una gran transformación en los últimos años, pero es necesario seguir mejorando. Por un lado, hay un déficit estructural de inversiones que dificulta la consecución de los objetivos medioambientales e impide mejorar la calidad del servicio. Adicionalmente, España no cumple en su totalidad con la legislación europea en materia de depuración. Además, hay un marco regulatorio claramente mejorable para maximizar la eficiencia en el servicio.
Multas por 32,7 millones
En concreto, Seopan cifra en 3.506 millones de euros la inversión necesaria en infraestructuras de depuración para llegar a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 Agua limpia y saneamiento y terminar con el incumplimiento de la Directiva comunitaria de tratamiento de aguas residuales urbanas, ya que, actualmente, solo un 32% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios.
Esto ha provocado que las sanciones de la Comisión Europea por este motivo desde 2018 asciendan a 32,7 millones de euros. Además, se necesitarían 1.747 millones de euros adicionales en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.
Para debatir sobre la materia, elEconomista ha reunido a seis expertos bajo el epígrafe El agua después de la pandemia; el impulso a un servicio esencial, que han intercambiado impresiones y propuestas bajo la moderación de Rubén Esteller, adjunto al director de elEconomista. Así, han participado, Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas); Raúl González, jefe del Ciclo del Agua zona centro en Acciona; Alberto Garrido, vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y Director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín; Antonio Bolinches, investigador de la Universidad Complutense de Madrid; Enrique Cabrera, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y vicepresidente de International Water Association (IWA) y Fernando García Canales, director de Financial Advisory de Deloitte.
Morcillo fue el primer en intervenir, aportando una visión de conjunto del sector del agua urbana durante la fase "singular y extraña" del confinamiento, en el que el servicio -considerado esencial- ha demostrado su resiliencia y su seguridad, comportándose sin incidencias.
El presidente de la patronal abordó una de las grandes preocupaciones del momento: el riesgo de que la Administración, actor clave, decida reducir aún más unas inversiones ya deficitarias para equilibrar las maltrechas cuentas públicas. Insistió en que era una amenaza real, porque "el agua no está en la agenda política" y puso sobre la mesa la propuesta del sector: acabar con el déficit de inversión y destinar 2.500 millones anuales adicionales a los tendenciales, de modo que durante la década recalen unos 50.000 millones en nuevas infraestructuras, renovar las existentes, digitalizarlas, cumplir toda la normativa...
Fernando Morcillo: "Si invertimos 2.500 millones adicionales al año, seremos una palanca para la recuperación"
Gracias a esta inversión, además de prevenir costes futuros, se crearían 43.000 empleos adicionales al año, se liberarían recursos hídricos para nuevos usos, surgirían nuevos negocios ligados a la economía circular, mejoraría el medio ambiente... Apuntó que el agua debe ser un destino prioritario de los fondos europeos para la recuperación económica, "porque el azul es básico para el verde".
Nuevas incertidumbres
González abundó en la falta de financiación del sector, sobre todo en las redes de abastecimiento y alcantarillado "las grandes abandonadas", ya que su vida útil se alarga mucho más de lo conveniente, y advirtió que en algunos casos "se está llegando a un punto crítico y se pueden dar colapsos de sistemas en algunos municipios y ciudades por el alto grado de envejecimiento y la falta de renovación".
Raúl González: "Hay incertidumbre sobre la demanda tras la pandemia y su impacto sobre costes e ingresos"
Luego trató un problema surgido con el nuevo escenario post-covid, la evolución de la demanda y el modo en que los cambios en su comportamiento afecten a los operadores en aspectos como el volumen y el coste energético del agua potable producida, la incidencia en los ingresos o el diseño de las tarifas.
Garrido puso el acento sobre el reto climático -"que sigue estando ahí"- y su impacto sobre el sector, reduciendo los recursos hídricos disponibles en zonas donde antes la escasez no era un problema y añadiendo inestabilidad en general.
Alberto Garrido: "Hay que potenciar los aspectos de calidad ambiental de la economía verde y de sus inversiones"
Lo entroncó con la necesidad de invertir para mejorar la disponibilidad de agua, así como su calidad, incidiendo en los beneficios que ello produce: "hay ganancias al tener unas fuentes y unos cauces más limpios; hay un impacto positivo directo en su productividad y su uso aguas abajo". Mencionó la revolución tecnológica que está transformando la agricultura y reiteró en la necesidad de conservar el recurso en cantidad y en calidad.
Bolinches centró su aportación en la depuración de las aguas residuales: explicó el escaso riesgo de transmisión del Covid-19 por los procesos de desinfección y la capacidad de las plantas para detectar rebrotes, y alertó sobre los problemas que plantea el extenso territorio nacional y su despoblación para cumplir las exigencias de la UE y evitar las sanciones.
Antonio Bolinches: "Tenemos que mejorar y renovar las infraestructuras de depuración existentes"
Igualmente subrayó que las grandes depuradoras de las aglomeraciones urbanas están obligadas a operar de un modo excelente para evitar la carga contaminante aguas abajo -"tenemos que mejorar y renovar las infraestructuras de depuración existentes"-, así como la situación de "infrafinanciación" de la Administración en materia de aguas.
Cabrera alabó el trabajo de los operadores españoles frente a la pandemia -"son modelo internacional"- y reflexionó sobre el problema a corto plazo que pueden sufrir las empresas en sus flujos de caja por la menor demanda y el imperativo de cumplir con el Derecho Humano al agua, ante la amenaza de que se resientan las inversiones.
Enrique Cabrera: "La crisis es una oportunidad para afianzar el liderazgo español en materia de agua digital"
También apuntó a los fondos europeos como una solución para evitar problemas de solvencia y aumentar los niveles de inversión, y recalcó que se abría la puerta a una mayor digitalización: "es una necesidad que nos aportará resiliencia". Antes de ceder la palabra introdujo en el debate la necesidad de disponer de un regulador independiente y de que haya un Pacto de Estado en materia de agua.
García, finalmente, expuso la conveniencia de incrementar la participación empresarial, mediante la colaboración público-privada y, frente al problema del descenso de las transferencias públicas en agua, auguró un incremento de las tarifas, en la línea de lo que sucede en otros sectores, como el transporte por carretera, al objeto de recuperar todos los costes y cumplir el mandato de la legislación europea.
Fernando García: "El sector, puntero, ha respondido a la crisis con unos niveles muy altos de servicio"
Aportó a la conversación la gran barrera que supone la Ley de desindexación de la economía para captar inversión, puesto que, de acuerdo con ella, su rentabilidad se reduce a un 2,6% en la actualidad, cuando el riesgo es mucho más alto.
Tarifas y solidaridad territorial
El debate derivó en el problema de garantizar el servicio del agua en cantidad y calidad en todo el territorio nacional, incluída la llamada España vaciada, donde es mucho más caro por la dispersión de la población y donde este mayor coste se debe repartir entre menos usuarios; de hecho, es prácticamente inviable en poblaciones menores de 1.000 habitantes.
La solución podría llegar con una armonización tarifaria que dote al servicio de sostenibilidad perpetua, que cubra las necesidades de los más vulnerables, de la agricultura y del resto de demandas. Para ello es indispensable un gran pacto social a largo plazo -en España existen desde hace siglos- y trasladar a la población la importancia del agua, "el coste real de llevar a sus domicilios ciento de miles de kilos todos los años", y desligarlo de unos precios establecidas por autoridades locales.
Resurgió en este punto la importancia de disponer de un regulador de perfil técnico que estructure en el plano nacional unas competencias repartidas por más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y 41 diputaciones, sin olvidar las autoridades de Cuenca ni al Gobierno central. Este modelo, por otro lado, evitaría la guerra política, territorial y permanente, resultante de la condición local del recurso y de su necesidad de trasladarlo para cubrir las necesidades.
Tres medidas sencillas
Con vistas a implantar ese nuevo modelo, desde una perspectiva técnica y desideologizada, se identificaron tres medidas sencillas y fácilmente trasladables a la población:
En primer lugar, la elaboración de un plan contable, para apuntar todos los costes -"el concepto de amortización no existen en las contabilidad municipal"- y prever necesidades futuras; este plan debe propiciar un fondo económico para reponer infraestructuras, así como arrojar unos precios objetivos; estos precios objetivos, a su vez, deben tener en cuenta las condiciones locales para no perder eficacia en la asignación de recursos, pero deben ponderarse con justicia interterritorial.
En segundo lugar, hay que revisar periódicamente las infraestructuras -"una ITV"- para arreglarlas y reponerlas cuando sea necesario.
Y en tercer lugar, hay que asegurar la sostenibilidad económica, de acuerdo con la legislación comunitaria, que exige la cobertura de costes; esta cobertura de costes no tiene que surgir necesariamente de las tarifas, pero debe que conseguirse: no se pueden trasladar las cargas a las siguientes generaciones.
Mejorar la gobernanza
Para poder aplicar estas tres medidas habría que potenciar la gobernanza, algo de lo que carece el país: "somos punteros en todo, menos en gobernanza", se pudo escuchar, cuando la charla se adentró en los efectos positivos a largo plazo de aplicaciones y tecnologías en las que España es líder global, gracias a políticas de fomento aplicadas en su momento, como la desalinización.
Este mismo principio de rentabilidad a largo plazo se trasladó a la necesidad de reforzar la depuración -en situación límite en no pocos casos- en un mundo post-pandemia: no sólo se evitarían crisis sanitarias, sino que se propiciaría la expansión internacional de las empresas y las soluciones españolas, también en vanguardia.
Pero a corto plazo, es más urgente dotar al sistema de seguridad jurídica, con la intención de que surjan colaboraciones público-privadas habituales en el extranjero que aquí no se dan, o para hacer algo tan sencillo como permitir su endeudamiento y garantizar la cobertura de las demandas mientras dure la crisis.
En España la gestión del agua es muy potente, pero no está en la agenda política, y es clave que entre en ella para que el sector se convierta en una las palancas de la reactivación económica, que será más verde si se apoya en el azul del agua.
