Iberdrola ha dado el pistoletazo de salida al proyecto Aleteo, con el que busca minimizar el impacto de los tendidos eléctricos en la avifauna. Con una duración de ocho años, cuenta con 200 millones de euros de presupuesto para adaptar 234.000 apoyos; hasta final de año invertirá unos ocho millones al objeto de modificar cerca de 7.100 torres.
Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que cada año mueren electrocutadas más de 33.000 rapaces en España -hay quien multiplica por tres esa cifra-, pudiendo provocar alteraciones en el suministro eléctrico e incendios forestales al caer ardiendo al suelo.
Para evitarlo, hace diez años se aprobó una norma, el Real Decreto 1432/2008, que establecía nuevas medidas de seguridad para las líneas nuevas y obligaba a las comunidades autónomas y a las empresas eléctricas a definir zonas de protección especial y preparar un inventario de las líneas que debían adaptarse, forrando fases y conexiones con material aislante, instalando crucetas especiales, dispositivos contra la nidificación y, sobre todo, incrementando las distancias.
Durante este tiempo, la compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha analizado la situación -particularmente los costes de las adaptaciones- y ha firmado convenios con las nueve comunidades autónomas en las que opera para elaborar los inventarios de las infraestructuras, caracterizar las actuaciones necesarias -resaltando las prioritarias- y acometer obras concretas. También ha colaborado con otras entidades, como la Universidad de Salamanca, para elaborar estudios específicos sobre especies amenazadas y particularmente valiosas, como el búho real.
Los trabajos en el plano administrativo han ido despacio: las primeras autonomías en presentar los inventarios han sido las dos castillas, seguidas por La Rioja; hasta este año no lo han hecho Valencia, Murcia, el País Vasco y Navarra, y todavía hay varias que no lo han concluido.
Además, la citada normativa dejaba pendiente el mecanismo de financiación de las actuaciones sobre las redes existentes y hasta marzo del año pasado no apareció otra norma, el Real Decreto 264/2017, que lo establecía y que autorizaba ayudas de 15 millones anuales como máximo para el conjunto del sector.
El TSJCLM le ha sancionado con 400.000 euros por la muerte de dos águilas imperiales y otra perdicera
Sin embargo, antes de que se lanzase la primera convocatoria de estas ayudas -sufragadas por los Presupuestos del Estado y no la tarifa eléctrica-, la Generalitat de Cataluña recurrió el decreto al Tribunal Constitucional, alegando que invadía sus competencias. Los jueces le han dado la razón el pasado 19 de julio, admitiendo que la gestión de las subvenciones ambientales corresponde a los Gobiernos autonómicos.
Con independencia de lo que decida el Gobierno central, Iberdrola ha decidido lanzarse a adaptar sus infraestructuras, "demostrando que la distribución siempre ha estado comprometida con la protección de las aves", en palabras de Alberto Chavarría, responsable del proyecto Aleteo. La empresa, además, evitará multas por los accidentes: el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha le ha sancionado recientemente con casi 400.000 euros por la muerte de dos águilas imperiales y otra perdicera.
Un impacto de 141 millones cada ejercicio
El primer informe oficial que analiza la electrocución de aves por los tendidos eléctricos -elaborado a finales del año pasado por Tragsatec- estima el impacto económico de la pérdida de la biodiversidad en 141 millones al año. Un águila imperial ibérica vale 140.000 euros; un buitre negro, 93.000 euros.
