Madrid
Pedro Sánchez cerró el pasado miércoles un baldío periodo de sesiones en el Congreso, en el que la parálisis política no ha dejado de cerrar ventanas parlamentarias para el presidente del Gobierno. El jefe del Ejecutivo tan solo ha logrado impulsar dos grandes reformas económicas en todo este tiempo: la ley de Paridad y la reforma del subsidio de desempleo, que debió corregir tras un primer fracaso en la Cámara Baja. Es más, esa sequía parlamentaria le ha obligado a exprimir las pocas iniciativas que ha conseguido aprobar. PSOE y Sumar colaron una enmienda en la Ley de Paridad para arrebatar la capacidad de veto fiscal al Senado, en una maniobra poco ortodoxa que el Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, Moncloa sigue arrastrando hasta trece leyes y medidas, que debían -según sus planes iniciales- estar ya aprobadas. Al naufragio de los presupuestos para 2024, se suman el sistema de quitas de las autonomías con el FLA, la ley del Suelo, la reducción de la jornada laboral, el estatuto del becario o la prórroga de los impuestos a la banca y energéticas. También el tipo mínimo para las multinacionales o la reforma fiscal, que sigue coleando pese a que la Comisión Europea exige su aprobación a cambio del quinto tramo de los fondos europeos. Lo mismo ocurre con la retribución del permiso parental, estancada, a pesar de que la directiva comunitaria obliga a impulsarla antes del próximo 8 de agosto.
Lo cierto, es que ha sido un año especialmente agitado en Moncloa. Los primeros doce meses de legislatura se han topado con cuatro procesos electorales que no han dejado de romper el ritmo legislativo, que comenzó a rodar -con tres meses de retraso- tras el largo proceso de negociación que concluyó el 16 de noviembre con la investidura del socialista. Desde entonces, la acción de gobierno ha avanzado a trompicones. María Jesús Montero trató de dar inicio oficial a la legislatura el 12 de diciembre. La vicepresidenta primera aprobó el techo de gasto sobre el que pretendía levantar las cuentas para 2024, y que servirían para saldar parte de los compromisos que Sánchez adquirió con los grupos que le convirtieron en presidente un mes antes. Sin embargo, se topó con el veto que el Partido Popular ejerció en el Senado gracias a la mayoría absoluta que atesora. Los de Núñez Feijóo torpedearon la senda fiscal, enmarañando la tramitación del proyecto de presupuestos que finalmente se hundió bajo el inesperado adelanto electoral en Cataluña.
Los presupuestos, un naufragio anunciado
Hacienda se vio forzada a prorrogar las cuentas de 2023, enterrando varias de las medidas que debían haber sido impulsadas en el primer trimestre. Entre ellas, la condonación de la deuda de Cataluña con el FLA que Montero recondujo a un sistema de quitas para todas las CCAA, y que sigue siendo discutida -sin avances- en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También la prórroga -un año más- de los gravámenes extraordinarios a la gran banca y las energéticas, y que ayudó a apuntalar los ingresos tributarios en 2023 a pesar de la caída del 25% de la recaudación como consecuencia del menor alza de sus beneficios el año pasado. Estaba previsto que el Gobierno incluyera ambas medidas a través de la ley de presupuestos.
Aunque el Ejecutivo no probó la soledad parlamentaria hasta el pasado mes de mayo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se vio obligada a retirar la tramitación de la Ley del Suelo ante la ausencia de apoyos parlamentarios al texto. Ni siquiera su socio de coalición -que validó la norma en Consejo de Ministros- se mostró a favor de apoyar la medida con la que Sánchez buscaba establecer las bases para solventar a largo plazo la carencia de oferta inmobiliaria responsable de la crisis del mercado de vivienda. Los de Díaz consideraron que el anteproyecto de ley abría la puerta al "pelotazo urbanístico". Rodríguez se asomó a un nuevo revés en el Congreso y retiró la ley. En su lugar, registró -pocas semanas después- un nuevo texto junto al PNV que tampoco cuenta con grandes opciones de salir adelante.
En contra, Génova estaría trazando una estrategia de derribo parlamentario. El Partido Popular pretende aprovechar el letargo del Gobierno en el Congreso, para registrar proposiciones de ley como medio de oposición a Sánchez. Una de ellas es su propia versión de la ley del Suelo, que será llevada a Pleno en septiembre, y con la que contraprogramar al Ejecutivo. Para impulsarla, los de Feijóo estarían obligados a aceptar enmiendas de los diputados postconvergentes. El texto propone derogar la Ley de Vivienda aprobada la pasada legislatura.
El bloqueo político trasciende -además- a la Cámara Baja. La falta de entendimiento entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la patronal amenaza con retrasar otra de las grandes reformas propuestas para este año. La reducción de la jornada laboral zozobra ante la falta de avances en la mesa del diálogo social que Trabajo lleva convocando -lunes tras lunes- desde hace semanas. Los de Díaz no quieren aprobar la medida sin el aval de los empresarios, que exigen una implantación más tardía. Esto ha provocado que los sindicatos hayan anunciado movilizaciones contra la parálisis durante los próximos días. Tanto UGT, como CCOO, quieren que el recorte de horarios comience a rodar tras el verano. En su propuesta inicial, el ministerio sitúa la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas el 1 de enero de 2025; un calendario de aplicación que el equipo de la vicepresidenta segunda estaría dispuesta a retrasar para allanar el camino a un pacto tripartito.
Algo similar ocurre con el Estatuto del Becario, que regulará las prácticas no laborales y la contratación formativa. El acuerdo, del que se desligó la CEOE, sigue aparcado y no se ha aprobado -ni siquiera- en Consejo de Ministros, a pesar de que lleva más de un año siendo negociado. También el proyecto de ley para democratizar la empresa -descrito en el Plan Normativo de 2024- sigue sin ser abordado por el ministerio de Trabajo. La medida busca impulsar "una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución".
El coste de las leyes aprobadas
Por último, se encuentran otras leyes de carácter no económico. El palmarés legislativo del primer año de Sánchez tras su investidura lo completan la ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordada con el Partido Popular. Cada una de ellas ha exigido un alto coste político que el PSOE se ha visto obligado a pagar. De hecho, el pacto con los de Núñez Feijóo para renovar el órgano de los jueces puede traerle serias consecuencias en el futuro. El pasado miércoles, varios de sus socios de investidura -como Junts, ERC o Podemos- reprocharon a Sánchez ese acercamiento a los populares. Los de Ione Belarra fueron más allá, y denunciaron que el acuerdo con el PP deja "herida de muerte la legislatura progresista". El peaje que supuso la ley de amnistía también ha sido alto. La norma ensanchó la brecha entre Sánchez y los principales barones regionales socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page se sumó hace semanas al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el texto. También el expresidente de Aragón, Javier Lambán, protagonizó un serio desencuentro con la dirección del PSOE, tras negarse a acudir a la votación de la norma en el Senado.
Tras ello, Moncloa pausó su actividad parlamentaria. Ernest Urtasun tardó cuatro meses en elevar al Consejo de Ministros la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, cuyas líneas maestras ya definió su antecesor, Miquel Iceta. Su departamento filtró el contenido del texto el 10 de febrero; sin embargo, no fue aprobado en Moncloa hasta el pasado 11 de junio. El Gobierno tramitó la iniciativa por el procedimiento de urgencia.
El PIB español sale reforzado por las exportaciones y el turismo
El crecimiento de la economía española durante el primer año de la actual legislatura de la era Sánchez ha mostrado vigor. Y la evolución de la actividad era una de las grandes preocupaciones si, como se ha evidenciado el último año, el Congreso de los Diputados frenaba su actividad legislativa. En el puro sentido económico, lo que dice la coyuntura y el corto plazo es que la fortaleza del PIB se ha asentado, especialmente, en todo lo que hemos sido capaces de vender al exterior y también por el gasto público.
Las exportaciones y la llegada de turismo son los dos motores económicos si analizamos la evolución y composición del crecimiento en la Contabilidad Nacional desde el verano pasado. En un año, el Estado está ajustando su desembolso: el gasto público está en retroceso, mientras el consumo privado comienza a ganar terreno. "El consumo público será el único componente de la demanda interna que se frenará, en un contexto de prórroga presupuestaria y de reactivación de las reglas fiscales europeas", avanzaba Funcas.
Es irrefutable que España ha pisado el acelerador del crecimiento en el último año. Tanto es así que acumula tres trimestres creciendo más que el anterior (0,5% y 0,7% en el tercer y cuarto trimestre de 2023 y 0,8% en el primero de 2024), pulverizando las previsiones de los analistas. A falta de conocer el dato del segundo trimestre, cuyo registro lo avanzará el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 30 de julio, los datos de PIB muestran la fortaleza española frente a la debilidad de países como Alemania o Francia. Así, España confirma su salida de la crisis provocada por la pandemia (más profunda que en el resto de los países europeos) creciendo en la actualidad el triple que la eurozona gracias a un inesperado tirón de la productividad y la inversión.
En todo caso, no es oro todo lo que reluce. La tarea pendiente que hereda Sánchez de su antigua legislatura (y un mal estructural de la economía española) es la productividad. Aunque el INE compartió un intenso repunte de la productividad en el arranque del presente curso, no deja de ser un mal endémico que aleja a España del resto de países europeos. Y, especialmente, es un indicador muy volátil que ha crecido cuando la destrucción de empleo ha sido más elevada que el aumento del PIB. La brecha de la productividad con la eurozona es del 19,4%, lo que afecta directamente a la (menor) riqueza por habitante que nuestros vecinos de las economías desarrolladas del Viejo Continente.
La inversión es otro aspecto de la economía que está en el punto de mira, siendo una tarea pendiente de la gestión del presidente. A los expertos les preocupa la evolución de este componente del PIB que, a largo plazo, es la llave que puede aumentar la capacidad potencial de crecimiento o solucionar problemas como el de la vivienda.
"La inversión en infraestructuras será la más dinámica, por el impulso de los fondos europeos, mientras que la construcción residencial y la inversión en equipo, sobre las que pesan los cuellos de botella en el mercado de vivienda en un caso y los tipos de interés en el otro, tendrán un comportamiento más moderado", explicó Funcas en su último informe trimestral. En el aspecto normativo, el Gobierno tampoco ha abordado –ni prevé hacerlo del lado socialista– ninguna iniciativa para incentivar la inversión en capital. Sí deberá tomar parte ante la propuesta de Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda, de elevar el tipo aplicado a los rendimientos generados en el mercado de valores.
En este punto, es reseñable que la inversión no termina de despegar y es el último componente del PIB en la recuperación económica... incluso contando con el impulso adicional que supone el maná de financiación de los Next Generation EU. Su reparto, que se ha visto empantanado por las críticas a la gestión y transparencia informativa, da la sensación de no ser desplegados al máximo nivel entre las empresas privadas. Según las últimas previsiones macroeconómicas del Gobierno, actualizadas esta misma semana, el efecto de los fondos europeos alcanzaría su máximo efecto este año y se desvanecería los próximos.
El ritmo de creación de empleo en la salida de esta crisis se ha comportado diferente, siendo la gran sorpresa y la mayor baza de Sánchez. En concreto, el mercado laboral ha elevado la afiliación de trabajadores a cotas no vistas desde antes de la crisis de 2008. La Seguridad Social registró hasta mitad de julio 21,416 millones de afiliados, 96.000 ocupados más que medio mes antes. Así, el empleo estacional puede impulsar el mercado de trabajo hasta los 21,5 millones de trabajadores este verano pese a que el empleo equivalente a tiempo completo ha frenado su ritmo de crecimiento del 3,2% al 2,2% previsto para este año.
La legislatura pasada tuvo un impasse de varios meses en verano y otoño donde algunas voces reconocidas en el ámbito económico del Gobierno –entonces en funciones– puso sobre la mesa el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Este paro residual, aquel desempleo natural y fruto del corto periodo de tiempo de los cambios de puesto, se situaría en el 8% de la población activa. Siendo muy positiva la evolución de esta tasa, que cerró 2024 en el 12,2% y caerá al 11,2% este año, todo indica que no se cumplirá el objetivo del pleno empleo.
La frustrada la ley de suelo paraliza la construcción de viviendas
"Queremos que la vivienda sea el quinto pilar del Estado del bienestar", decía Pedro Sánchez tras ser reelegido presidente hace un año. Esta primera parte de la legislatura ha sido especialmente activa en materia de vivienda, que recuperó el rango de Ministerio con Isabel Rodríguez al frente. Entre las muchas promesas, anuncios y medidas, destaca el fracaso de la ley del suelo, que el Ejecutivo retiró horas antes de votarse en el Congreso de los Diputados debido a la falta de apoyo parlamentario. Se trataba de un cambio que el sector llevaba años reclamando, necesario para ampliar la oferta de vivienda en el mercado. En esencia, la norma agilizaba las licencias y daba seguridad jurídica al urbanismo flexibilizando la puesta en carga de suelo. La intención de Rodríguez es que la reforma vuelva a la Cámara Baja tras el verano.
Precisamente, y con el objetivo de agilizar la construcción de viviendas, el Gobierno modificó la licencia básica de obras (orden ECO 805/2003 de 27 de marzo) que reduce los plazos para obtener los permisos. Además, el cambio incorporó nuevas técnicas constructivas, como la industrialización, y otorgó mayor protagonismo a la sostenibilidad.
Una de las grandes promesas que el Gobierno planteó en pleno fervor electoral fue habilitar 184.000 viviendas de alquiler social o asequible a lo largo de la legislatura. Hasta el momento, y según confirma el Ministerio de Vivienda a este periódico, ya han movilizado 80.000 unidades a través de planes estatales, acuerdos con las Comunidades Autónomas, Sareb, Sepes o el Plan de Recuperación. El objetivo final -para muchos difícil de alcanzar- es elevar al 9% el parque de vivienda social, que actualmente representa el 2,5%.
En materia de financiación, el Ejecutivo lanzó un aval hipotecario del 20% para las personas jóvenes, y también una línea de préstamos ICO para los promotores dotada con 4.000 millones de euros (que todavía no se ha aprobado). Tampoco se ha concretado la nueva dotación del bono joven del alquiler, ni se ha puesto fecha a la retira de la Golden Visa, que concede el permiso de residencia temporal a los extranjeros que realizan inversiones inmobiliarais de más de 500.000 euros.
Controlar la subida del precio del alquiler -en máximos históricos- ha sido otro de los ámbitos de actuación del Gobierno de Sánchez. Tras el fracaso de la controvertida ley de vivienda, que ha reducido la oferta y elevado las rentas, el ministerio de Isabel Rodríguez trabaja para regular los alquileres de temporada, los de habitaciones y los pisos turísticos. Todos ellos se incluirán en una plataforma de registro única que previsiblemente estará lista en otoño. Además, para las viviendas de uso turístico se reforma la Ley de Propiedad Horizontal, permitiendo que los vecinos puedan vetar este tipo de alojamientos. A lo largo de esta legislatura el Gobierno también ha activado el índice de precios de referencia que regula el alquiler en las zonas tensionadas, un control que sólo se aplica en Cataluña.
Una ambiciosa hoja de ruta en materia de reformas de empleo difícil de conseguir
A pesar de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presume de lograr todo lo que se propone como plantear la ley de repartidores en la mesa de diálogo social, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (de 2020) en lo que tardó nueve meses, además del Estatuto del trabajador en formación y en prácticas, a lo que dedicó quince meses (y todavía no se ha aprobado), lo único que se le reconoce a Yolanda Díaz a la fecha es la reforma del subsidio por desempleo.
Esta medida que es considerada por la vicepresidenta segunda como "la reforma más ambiciosa del sistema asistencial de desempleo hecha en democracia" fracasó en enero, en su primera negociación con la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño. Las dos carteras sellaron un acuerdo que fue rechazado por el Parlamento por el rechazo de Podemos. En ese entonces, Díaz abrió el contenido de la norma al diálogo social y sólo llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, al que los empresarios no se sumaron.
El subsidio para desempleados es uno de los hitos del Plan de Recuperación vinculado al cuarto desembolso de fondos los europeos Next Generation, adscrito a un plazo que España incumplió (y que se postergó) por la negativa inicial del Congreso, que finalmente se aprobó en junio, en su segundo intento.
Este planteamiento que hoy es realidad busca reformar el sistema asistencial de desempleo, la red que protege a los parados que han agotado su prestación contributiva. Asimismo, tiene el objetivo de aumentar la mayor parte de cuantías de 480 a 570 euros mensuales, de proteger a más colectivos, de generalizar la compatibilidad con el trabajo y de mantener en el 125% la base de cotización de los mayores de 52 años. Este último punto clave, propone rebajar ese porcentaje al 100% que planteaba la reforma del pasado diciembre, enmendada ahora, y que fue lo que motivó el voto en contra de Podemos, que se sumó al rechazo del PP y Vox.
Otro punto en el que la ministra de Trabajo ha señalado que quiere implementar una reforma es acerca de la Ley de Industria. Con esta modificación se plantea impedir que las empresas con beneficios no puedan "acudir" a los Expedientes Regulación de Empleo (ERE) por ocasionar 'despidos colectivos'. Esta medida viene siendo planteada por empresas como Zegona a cargo de Vodafone y meses atrás, ocurrió lo mismo con la compañía Ford.
En cuanto, al proyecto que impulsa la cartera de Trabajo acerca de la reducción de la jornada laboral a 37,5 en 2025, se realizan mesas de diálogo entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales. Sin embargo, Díaz reconoció esta semana que todo su esfuerzo por sacar adelante la reducción de la jornada laboral puede caer en el Congreso de Diputados. Recordemos que la legislación laboral se aprobó por el voto a favor por error de un diputado del PP.
La Ley de Inmigración echa a andar en el Congreso
En España, la presencia de menores extranjeros no acompañados, conocidos coloquialmente como 'menas', plantea un desafío considerable tanto en términos humanitarios como logísticos. A finales de 2023, el país albergaba a 15.045 menores migrantes. La mayoría de estos jóvenes provienen principalmente de Marruecos (67%), seguidos por Gambia (9%), Argelia (6%) y Senegal (4%). La mayoría son varones (94% del total), mientras que las mujeres constituyen apenas el 6%.
Según la Dirección General de Políticas Sociales, el coste semanal por cada menor oscila entre 10 y 15 euros, lo que, a pesar de parecer modesto individualmente, se traduce en una carga significativa cuando se considera el número total de menores atendidos, estimándose entre 150.000 y 225.000 euros semanales.
Además, aquellos menores que han sido extutelados y que todavía necesitan apoyo tras alcanzar la mayoría de edad reciben hasta 472 euros, crucial para facilitar su transición a la vida adulta y prevenir la vulnerabilidad y la exclusión social.
El presidente canario, Fernando Clavijo, afirmaba en enero de este año que el coste de la gestión de la crisis migratoria en Canarias es de unos 104 millones de euros, y que los 50 millones procedentes de la Unión Europea que ya han sido transferidos no son suficientes: gasta 13,5 millones de euros mensuales, a razón de 90 por día y menor, que entrega a entidades que se ocupan de la acogida.
Además, existe una falta de personal cualificado y de recursos de alojamiento en los centros de acogida de Canarias. Muchos de estos centros están colapsados, con niños y adolescentes durmiendo en condiciones de hacinamiento. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, afirmó recientemente que los 80 centros existentes están saturados y sobredimensionados, lo que subraya la urgencia de abordar estas deficiencias. Se estima que Canarias necesitaría trasladar a más de 2.000 menores para aliviar el colapso.
Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la USP CEU, menciona que en 2023 han ingresado 57.000 inmigrantes, muchos de ellos a través de 190 embarcaciones que han traído unas 12.400 personas en solo tres meses. Se espera que a lo largo del año lleguen unos 50.000 migrantes, principalmente venezolanos, argentinos, mexicanos y peruanos, huyendo de países con problemas políticos severos. Aunque 500.000 inmigrantes llegaron en 2023 y 2022, casi el 10% lo hizo en cayucos.
El catedrático menciona que se ha calculado que el coste semanal de mantener a un menor extranjero no acompañado es de aproximadamente 15 euros, principalmente destinados a comida, con apoyo adicional de ONGs que proporcionan otros recursos. En total, esto representa un gasto significativo, especialmente bajo el fondo de asilo y migración de la UE, del cual se espera que España reciba 432 millones de euros.
Una norma con muchas aristas
Ante estos desafíos, el Gobierno de España planea una reforma de la Ley de Extranjería, presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, para establecer un sistema de distribución obligatoria de los menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas, con el Gobierno y el PP alejados del acuerdo. La reforma busca evitar la concentración excesiva de menores en ciertas regiones, asegurando una distribución más equitativa de recursos y responsabilidades. El objetivo es que todas las regiones contribuyan de manera proporcional a la acogida y cuidado de estos menores, aliviando así la carga sobre las regiones más afectadas por la llegada de migrantes.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado la reforma de la Ley de Extranjería calificándola de "engaño" y acusando al Gobierno de tratar a los migrantes como meros "objetos o cifras" para resolver "sus problemas" antes de las vacaciones. "Defendemos que la inacción del Gobierno ante las llegadas masivas no promueve la integración ni ayuda en absoluto", enfatizó Ayuso. Subrayó que los problemas de inseguridad o falta de control son directamente responsabilidad de Pedro Sánchez, instándolo a mostrar coherencia en la política exterior y a abandonar los "parches" que solo incentivan un "efecto llamada", perjudicial tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos locales.
Además, Madrid estima que terminará el año con más de 2.200 menores 'menas', lo que supondrá un gasto de 40 millones de euros. En lo que va de año, la capital ha acogido a 1.239 menores inmigrantes no acompañados, comparado con los 1.340 que acogió durante todo 2023. El gobierno de Ayuso ha aceptado el reparto propuesto por Pedro Sánchez, según el cual llegarán 30 nuevos menores a la región.
En cuanto a la situación de los menores bajo tutela que llegaron solos a España, un 60% ya están registrados en la Seguridad Social, según ha revelado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante el foro Next Educación en Madrid. Saiz ha lamentado la difusión de mensajes xenófobos y bulos sobre estos menores, destacando la tasa de inserción laboral alcanzada por aquellos que logran empleo.
La ministra también ha defendido la reforma: "Estamos proponiendo una ley que garantice una acogida digna basada en la empatía, la dignidad y la solidaridad obligatoria", afirmó, llamando al respaldo del Congreso a esta iniciativa como un gesto de solidaridad y coherencia en la política de Estado.
Saiz informó que el 13,2% de los 21,4 millones de afiliados cotizantes a la seguridad social en España son extranjeros. También desacó que los extranjeros representan solo el 1% del coste de la seguridad social, mientras que aportan aproximadamente un 10%, enfatizando que contribuyen positivamente a la economía.
Drones para vigilar barcos
Fernando Eguidazu Palacios, ex consejero del Banco de España y ex secretario de Estado para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre julio de 2015 y diciembre de 2016, afirma que si se quiere abordar el problema seriamente, se debe buscar una solución que no implique altos costes económicos, que permita a los más pobres tener una vida digna, y que les enseñe habilidades para subsistir.
Eguidazu critica una normativa que solo da dinero a las comunidades autónomas para que acepten el reparto de inmigrantes, considerándola una "tomadura de pelo", y afirma que se debe reconsiderar qué hacer con la inmigración.
Sugiere que hoy en día, con la existencia de drones, se podría montar un sistema de vigilancia para interceptar los cayucos, detener a quienes los manejan, procesarlos y encarcelarlos. Eguidazu tiene la impresión de que este tema está abandonado. Recuerda que en 2012 y 2013 llegaron 20.000 personas a Canarias en un año, pasados dos años, ese número descendió a 2.000 porque se puso en marcha un programa de repatriación. Propone que Europa adopte un modelo de negociación con países como Mauritania y Senegal para aceptar devoluciones, contribuir a la reinserción y reforzar el control de las aguas con apoyo financiero español.
Paradigma alemán
El catedrático de Economía Aplicada de la USP CEU, afirma que para poder comparar el problema español se debe observar la situación en Alemania durante la era de Merkel, cuando adoptaron una política de puertas abiertas que permitió la entrada de una gran cantidad de refugiados de Irak y otros países. En los años siguientes, el número de solicitantes de asilo fue significativo: 165.000 en 2019, 121.000 en 2020, 148.000 en 2021, y 218.000 en 2023. Además, el total de inmigrantes en 2023 alcanzó 1.416.000, cifra que aumentó con la crisis en Ucrania. Además, durante el período de 2019 a 2023, Alemania recibió casi 7 millones de migrantes.
Pampillón señala que Alemania enfrenta problemas significativos en la actualidad, como estancamiento económico, una burbuja inmobiliaria que ha estallado, y una disminución en las exportaciones debido a la menor demanda de China y otros mercados. Anteriormente, Alemania tenía una fuente segura de gas natural, pero ahora debe importar energía de Estados Unidos, Sudáfrica y otros lugares, lo cual es más costoso y ha dificultado el crecimiento económico del país. El economista indica que parte de este estancamiento se debe al gasto generado por los migrantes. Las regiones de Alemania han solicitado 1.000 millones de euros adicionales para atender las necesidades de los migrantes, además de los 15.000 millones ya presupuestados a nivel federal. Se estima que Alemania gasta aproximadamente 100.000 millones de euros en el tema migratorio, incluyendo la financiación del 90% de los costes generados por los refugiados ucranianos.
Pampillón también expresa preocupación por la falta de una política efectiva para abordar las causas de raíz de la migración y señala que ya no solo vienen de Marruecos, sino de regiones más distantes. Citó la experiencia de Alemania como una lección negativa, destacando los desafíos económicos que implica una población migrante que no habla el idioma local y requiere formación, vivienda y otras formas de apoyo que pueden afectar la seguridad ciudadana en ocasiones.
Finalmente, el catedrático ha criticado la gestión tanto energética como migratoria de Merkel como desastrosa, concluyendo que en España, los desafíos de integración persisten, especialmente con los migrantes que provienen de países africanos como Gabón y Costa de Marfil, los cuales, según él, enfrentan dificultades para integrarse debido a diferencias culturales significativas con Europa.