La revancha de Podemos con el subsidio del paro amenaza con dejar en el limbo la hoja de ruta de Díaz

La única derrota del Gobierno en el primer Pleno legislativo de 2024 tiene dos protagonistas claros: Podemos y Yolanda Díaz. La formación morada cumplió sus amenazas y 'tumbó' la reforma de los subsidios de desempleo impulsada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar por su impacto en las futuras pensiones de los mayores de 52 años, un ajuste que tenía como objetivo nada disimulado encarecer las 'prejubilaciones' forzosas que preparan grandes empresas como Telefónica. Pero este varapalo es solo un primer aviso de las complicaciones que la ministra de Trabajo afrontará en esta Legislatura, que amenaza con comprometer su hoja de ruta de reformas como la de los despidos o la reducción de jornada.

Tras la votación Díaz anunció que convocará a patronal y sindicatos de "manera inmediata" para volver a negociar el decreto que se aprobó sin un pacto con ellos y que, además de la reforma de las prestaciones, incluye otras cuestiones como la ampliación de los permisos de lactancia, pero también la prioridad de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, comprometida con el PNV pero que no ha gustado nada ni a patronales ni a sindicatos. Para terminar de complicar las cosas, lo hará tras dar carpetazo a una bronca negociación sobre la subida del SMI que, si se cumplen los pronósticos, se decidirá una vez más sin consenso con los empresarios.

En lo que atañe a los subsidios, la dificultad reside en las prejubilaciones, a pesar de un llamativo 'pacto de silencio' entre todas las partes para evitar esa palabra. La reforma no cambió las condiciones económicas ni la duración de las ayudas específicas para mayores de 52 años, que suponen el 61% del total de los beneficiarios del nivel asistencial de la protección por desempleo, aunque sí endurecía las exigencias y los controles del compromiso de activación. Pero la sorpresa para empresas y sindicatos llegó cuando se encontraron con que hasta 2028 se reduciría progresivamente del 125% al 100% el porcentaje de la base de cotización que el SEPE cubre de cara a la futura pensión de estos desempleados.

Y es que la 'sobrecotización' de 25 puntos les beneficia claramente, pero también abarata los acuerdos de despidos colectivos de mayores de 50 años que en sus condiciones suelen incluir convenios con la Seguridad Social para elevar la futura pensión de los despedidos. Una fórmula que empresas como Telefónica (en la que el Estado quiere elevar su participación al 10%) o Ford están recuperando en sus últimos ajustes pactados con los sindicatos. En la disyuntiva entre encarecer las prejubilaciones o limitarlas de otra manera, el Ejecutivo optó por la primera vía, a pesar del coste para el resto de desempleados que perdieron su empleo por otros motivos.

Pero ni siquiera lograr ese acuerdo sobre este punto, aunque se antoja difícil, blindaría necesariamente el decreto ante un nuevo veto de Podemos en el Congreso. Más allá del cisma político con los cinco diputados de la formación que lidera Ione Belarra, que abandonaron el grupo parlamentario de Sumar tras verse excluidos del reparto de ministerios en el Ejecutivo de coalición, sus propuestas económicas y laborales siguen su propia línea y no se ven subordinadas a la de los sindicatos. Aunque en el caso de los subsidios están alineados, por ahora.

Historia de una falacia

El problema de Díaz no es solo externo, también ha visto debilitada su posición dentro del propio Ejecutivo, tras un duro enfrentamiento con el equipo de la ya ex vicepresidenta económica Nadia Calviño que se cobró incluso al que muchos consideraban su sucesor al frente de la cartera de Economía, Gonzalo García Andrés, que ha abandonado el departamento tras verse relegado finalmente en favor de Carlos Campos. Esta 'victoria' sobre el ala socialista queda en nada tras la votación en el Congreso.

Díaz impuso la mayoría de sus tesis en la norma, a cambio de reducir la cotización del SEPE, una medida para la que el Ejecutivo buscó una explicación peregrina: la subida del SMI acumulada desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Cuando en 2019 los socialistas restituyeron un subsidio que el PP, en 2012, había restringido a los mayores de 55 años. Y de paso recuperaron una sobrecotización que el PP había reducido al 100% de la base mínima. Si los 'populares' la eliminaron fue precisamente con la excusa de evitar costear prejubilaciones.

Es decir: el Gobierno de Pedro Sánchez recupera un recorte del Gobierno de Mariano Rajoy que ellos mismos derogaron en 2019 sin que en aquel momento lo relacionaran con el SMI. Una 'falacia' que desde Podemos se han encargado de recordar estos días y que es una de las claves de la imposibilidad de cerrar un acuerdo con la líder de Sumar, que ha acabado acusando a sus antiguos compañeros políticos de ser poco menos que cómplices del PP y Vox para "golpear" a los parados.

Esto deja en una situación difícil a Díaz dentro del Ejecutivo. Por un lado, si ahora deroga el 'encarecimiento' de las prejubilaciones puede ser acusada de facilitarlas en un momento en el que las empresas empiezan a recuperarlas con intensidad. Pero, además, su incapacidad para contrarrestar el castigo de Podemos, la debilita para volver a imponer sus propuestas con la misma contundencia de la que hizo gala con los subsidios en los próximos pasos de la hoja de ruta laboral que plantea el Gobierno para esta legislatura. En concreto, el Ejecutivo de coalición habla de un "nuevo Estatuto de los Trabajadores" con dos hitos fundamentales: la reducción de jornada y la reforma del despido. Pero aún existen muchas discrepancias.

La sombra de los 45 días

PSOE y Sumar pactaron, al margen de cualquier negociación con sindicatos y patronal, reducir progresivamente el tope legal de la jornada de trabajo, de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y 37,5 en 2025. Pero a día de hoy no se sabe cuándo ni cómo se aplicará ni qué ocurrirá después. Sumar abrir la puerta a los 32 días (un guiño a su alianza con Más País), mientras el PSOE se desmarca, consciente de que la patronal no lo aceptaría, sobre todo en el estado actual del diálogo social. Podemos sabe que puede aprovechar estas discrepancias para tensar la cuerda y desequilibra aún más la coalición.

Más complicada aún es la cuestión de los despidos. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz rechazan de plano volver a los 45 días de indemnización por despido improcedente que la reforma laboral del PP de 2012 recortó a 33 días. Saben que ni las empresas ni Bruselas lo aceptaría. Pero sus socios parlamentarios de ERC y Bildu mantienen viva esta idea. Y en la recta final de la pasada legislatura el grupo parlamentario de Unidas Podemos amagó con apoyarles, si bien finalmente Díaz frenó la jugada.

Mucho ha llovido desde entonces y Podemos se considera 'liberado' para exigir una derogación completa de la norma que impulsó el PP en 2012 (una promesa que se considera incumplida con la reforma de 2021) frente a la propuesta, mucho más tibia, de Díaz. La vicepresidenta apuesta por indemnizaciones 'variables' si el despido es declarado improcedente en función de las situaciones personales de los afectados. Una propuesta que, según Diaz, impediría los despidos de mayores de 50 años y que cuenta con el respaldo de los sindicatos, Aunque en ningún momento se ha vinculado a la cuestión de las prejubilaciones forzosas en el marco de despidos colectivos (que ni siqueira se verían afecados, ya que no son declarados improcedentes).

Los morados, que tampoco quieren ser acusados de apoyar las prejubilaciones, ven en un encarecimiento de todos los despidos una vía mucho más directa para cortar por lo sano la avalancha de despidos (crecieron un 34% en el primer año de la reforma laboral para los indefinidos, aunque su coste se redujo un 32%) sin perjudicar a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky