Podemos planta cara a Díaz por su plan para encarecer las prejubilaciones a los 52 años

El enfrentamiento entre los diputados de Podemos y el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar tras verse excluidos del reparto de ministerios ha encontrado un inesperado campo de batalla en la reforma de los subsidios por desempleo y, en particular, el de mayores de 52 años. La formación morada rechaza unos cambios diseñados para encarecer las 'prejubilaciones' como las que prepara Telefónica.

Pero la formación morada los considera un 'recorte' sin paliativos en las pensiones de los parados de mayor edad y presiona para que el Ejecutivo de marcha atrás antes del miércoles. Si no es así, votará en contra de un decreto de que depende el desembolso de 10.000 millones del próximo pago de los fondos europeos. En este escenario, la voz más contundente ha sido la del ex secretario de la formación morada y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha pedido tumbar el decreto. Esto implicaría derogar otras medidas que ya entraron en vigor, como la ampliación de los permisos de lactancia.

La cuestión ya fue el 'elefante en la habitación' en la polémica por cambios en el nivel asistencial de la protección por desempleo. El Ejecutivo del PSOE recuperó esta ayuda en 2018, después que el Gobierno del PP la elevara a los 55 años, y volvió a llevar al 125% el porcentaje de la base de cotización por el que el SEPE cotiza por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio.

Pero la norma que se vota este miércoles en el Congreso plantea volver a situar esta base en el 100%, al menos a partir de 2028. Hasta entonces se establece una senda de rebaja progresiva, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%. Esta medida, introducida en la recta final de la redacción del decreto que se somete a votación este miércoles tiene un objetivo evidente: desincentivar las prejubilaciones en el marco de despidos colectivos.

El decreto ley justifica esta decisión por la subida del SMI desde 2018. "Esa sobrecotización que figuraba anteriormente venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo. Nosotros hemos incrementado más de un 45% el salario mínimo interprofesional y eso implica que realmente en este momento no es necesaria, no hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años. Lo hemos explicado hasta la saciedad", insistía este mismo lunes vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en una entrevista en TVE.

Lo cierto es que el cambio introducido en 2018, una de las más destacadas medidas laborales del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura que le llevó a La Moncloa, nunca ser relacionó con el SMI. En el propio texto legislativo aprobado entonces solo se habló de revertir la situación previa al cambio que introdujo el PP. Y es que antes de 2012 la base de cotización ya se consideraba el 125%. Lo que se deduce del argumento que ahora esgrime es que la subida del SMI ha disparado el coste de esta 'sobrecotización'.

Pero hace cinco años los socialistas solo hablaban de mejorar la protección social de estos desempleos y futuros pensionistas. Aunque con ello recuperaron unas condiciones aprovechadas por los despidos colectivos de mayores de 50 años en procesos de reestructuración, como los que aplicaron grandes empresas a pesar de registrar beneficios, como hizo Telefónica en 2011. Y es que el encadenamiento de subsidios y cotizaciones subvencionadas por el SEPE se utiliza para abaratar las compensaciones que abonan las empresas, tanto indemnizaciones como los convenios suscritos con Seguridad Social. Lo que en la práctica incentiva la 'cultura de prejubilación' como la denominó el ex ministro socialista de Trabajo Celestino Corbacho en 2010.

Esta cultura se inicia en la reconversión industrial de los años noventa, cuando muchas empresas públicas privatizadas recurrieron a la fórmula para reestructurar sus sobredimensionadas plantillas, una idea que la banca aplicó durante su transformación forzada por la crisis financiera, pero que se extendió a todo tipo de compañías. Se trata de procesos con un coste elevado, que se compensa por el ahorro a medio y largo plazo en masa salarial. Por ello, que el SEPE 'ayudara' con subsidios y cotizaciones facilitaba los acuerdos entre empresas y sindicatos.

Tras la pandemia, varias empresas han anunciado procesos de despidos colectivos centrados en mayores de 50 años, como Ford o la propia Telefónica, aunque por ahora con menos intensidad que en los años precedentes. La razón que dan los expertos es que este tipo de operaciones son menos rentables en términos de ahorro que las que se realizaron en el pasado, ya que los trabajadores veteranos cobran salarios más bajos. También influyen los cambios en la jubilación anticipada, que la última reforma de las pensiones ha intensificado con más coeficientes reductores. Una decisión que parece ir en sentido contrario a lo hecho con el subsidio para mayores de 52 años.

Pero estos ajustes no han impedido que el paro de los mayores de 50 años haya crecido hasta suponer más de la mitad de los parados registrados. Seis de cada diez perceptores de subsidios perciben el de mayores de 52 años y el propio SEPE admite en sus informes que la mayoría lo hace hasta la edad de jubilarse.

Una negociación polémica

En este escenario, la reforma del nivel asistencial de la protección por desempleo ha tenido las 'prejubilaciones' como epicentro del choque entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo. S Aunque el ala socialista del Gobierno no pretendía revertir una medida aprobada por el primer Ejecutivo en solitario de Pedro Sánchez, los cambios en el subsidio de 52 años estuvieron sobre la mesa en todo momento en una negociación tensa. Desde Sumar se llegó a acusar a los socialistas de pretender elevar la edad a los 60 años, cinco años más que lo que hizo el PP.

Finalmente, los cambios fueron de carácter más técnico pero relevantes. El decreto endurece las condiciones y supervisión de las condiciones, para garantizar en todo momento que los perceptores están en situación de necesitarlo, al tiempo que refuerce el denominado 'compromiso de activación', es decir, que los desempleados busquen activamente empleo y no rechacen ofertas adecuadas. Pero el esto de condiciones se mantienen igual, incluyendo la cuantía del 80% del IPREM (480 euros según el nivel actual), salvo por la sonada novedad del cambio en la cotización por parte del SEPE.

Aunque el Gobierno elude hablar de prejubilaciones (sobre todo tras su operación para hacerse con el 10% del Telefónica en plena negociación de los nuevos despidos), el impacto puede ser relevante para las empresas que piensan en este tipo de procesos, ya que tendrán que aportar más en cotizaciones para convencer a los trabajadores. Aunque la contrapartida es que también puede afectar a los desempleados que han perdido su trabajo por otro tipo de despidos.

Entra Pablo Iglesias

La formación liderada por Ione Belarra considera de la "máxima gravedad" la decisión del Ejecutivo porque se traduce en un "fuerte recorte" de sus futuras pensiones de jubilación, según recoge Europa Press. Los morados calculan que un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año.

El Ejecutivo niega este recorte por el efecto de la subida acumulada del SMI, aunque esto solo se puede decir en términos acumulados y comparados con 2018. Lo cierto es que un trabajador que cobre el subsidio a partir del 1 de junio de 2024 percibirá ya una pensión algo más baja que lo que le hubiera correspondido si empieza a percibirlo el 31 de mayo, ya que la cotización baja del 125% al 120% de la base mínima.

Podemos no ha decidido el sentido del voto de sus cinco diputados, aunque su ex secretario general y exvicepresidente primero del Gobierno Pablo Iglesias pedía, también este lunes, 'tumbar' el decreto "por el sufrimiento social que los recortes producen" y rechaza la tesis del Ejecutivo porque implica una "lógica" que "se podría aplicar a toda prestación, ayuda o subsidio que esté referenciado al SMI o al IPREM. "Si el indicador sube 'demasiado", habrá' que reducir el factor multiplicador, porque tampoco nos vamos a pasar en aquello de ayudar a la gente", remarca el ex político.

En cualquier caso, con la aprobación o rechazo del decreto el Gobierno se juega el abono del próximo pago de los Fondos Next Gen de 10.000 millones, ya que la reforma del nivel asistencial es uno de los compromisos adoptados por el Gobierno con Bruselas. La Comisión, que ya ha visto el enfrentamiento en el seno del propio Ejecutivo, vería confirmados sus recelos con una derrota parlamentaria que además derogaría toda la reforma de los subsidios aprobada el 19 de diciembre. Sobre todo porque la norma ha salido sin acuerdo (aunque tampoco con rechazo explícito) de los interlocutores sociales.

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