Díaz gana a Calviño su pulso final y frustra un recorte del gasto en subsidios

La revisión de los subsidios por desempleo ha estado en el epicentro del enésimo pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, el último antes de la salida del Gobierno de la primera para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Una discordia nada disimulada entre ambas vicepresidentas que va mucho más allá de los tradicionales roces entre los ministerios de Economía y Trabajo: también revela las profundas discrepancias en política económica entre PSOE y Sumar. Pero, como ocurrió con la reforma laboral hace dos años, la ganadora ha sido la responsable de la cartera laboral.

El Gobierno se comprometió con Bruselas a reformar el nivel asistencial de la protección por desempleo, destinado a aquellos que han agotado la prestación contributiva, para que se convirtiera en una verdadera ayuda de acompañamiento en la búsqueda de empleo y no una suerte de incentivo al paro de larga duración y a que las empresas despidan vía prejubilaciones.

Pero donde Trabajo vio una oportunidad para mejorar las cuantías, Economía encontró fórmulas para reducir un gasto que considera ineficiente.

Más coste y beneficiarios

La propuesta de Díaz pasaba por unificar los diversos tipos de subsidios (incluyendo las rentas agrarias sucesoras del PER) en uno con una duración de hasta 30 meses. A cambio, la cuantía inicial sería del (110% del IPREM (660 euros en 2023) para ir reduciéndola progresivamente hasta los 480 euros (80% del IPREM). Economía planteaba también extender la duración y hacerla menguante, pero partiendo del 80% del IPREM. Con ello, el gasto total no se elevaba.

Al final la propuesta que ha prosperado es la de Díaz: si bien la cuantía inicial se fija en el 95% del IPREM hasta reducirse al 80%. Pese a la aparente cesión de Trabajo, sigue suponiendo un incremento notable de la carga presupuestaria.

Aunque el mayor aumento de la partida proviene de que la ampliación del número de potenciales beneficiarios, en especial por la ampliación a menores de 45 años sin responsabilidades familiares. Y además lo hace mucho más compatible con un empleo, hasta los seis meses.

Como contrapartida, el texto refuerza las exigencias y controles para garantizar que los beneficiarios cumplen su parte. Esto incluye el célebre 'acuerdo de activación'. Es decir, que los desempleados demuestren que verdaderamente quieren trabajar.

Exigencias a los parados

Aunque desde un primer momento Economía puso el foco de su propuesta en las exigencias a los parados, lo cierto es que esta cuestión nunca ha estado en su mano. El SEPE hace decenas de miles de revisiones al año de prestaciones y subsidios para garantizar que no hacen pagos indebidos, pero en lo que se refiere a verificar que no rechazan ofertas adecuadas de colocación, una exigencia que existe desde hace décadas. Pero el tejado está en las comunidades autónomas.

Ellas tienen las competencias sobre las denominadas políticas activas de empleo, incluyendo ofrecer puestos de trabajo a los parados. En todo 2022, últimos datos disponibles, solo se retiraron prestaciones o subsidios a 254 personas por este y otros motivos similares. Una cifra ínfima en un ejercicio que concluyó con 1,8 millones de beneficiarios.

En este escenario, la reforma de la Ley de Empleo aprobada a principios de año para mejora la intermediación de los servicios públicos no ha supuesto avance alguno.

¿Qué pasa con las prejubilaciones?

El mayor motivo de choque entre Economía y Trabajo es el del que menos se ha hablado. Y es que la mayoría de las medidas que se han filtrado en estas semanas eran las relativas al subsidio ordinario, el que cobran las personas que han agotado una prestación. Pero estos solo suponen cuatro de cada diez

Más del 60% son beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, destinado a desempleados con o sin cargas familiares que por su edad tiene mayores dificultades para volver al mercado laboral. Y que pueden cobrar esta ayuda sin límite de tiempo, hasta que puedan jubilarse anticipadamente.

Para ello, incluso el SEPE cotiza por estos trabajadores por un 125% de la base reguladora, algo que no hace con ningún otro tipo de prestación o subsidio.

Trabajo insiste en que esta figura no registra cambios. Y esto es cierto: se mantiene en el 805 del IPREM durante todo el tiempo que se cobra. Pero esto no resuelve el principal problema su diseño permite una auténtica 'ingeniería indemnizatoria' en la que el encadenamiento de prestaciones y subsidios permite ofrecer condiciones más ventajosas de despido que facilita las negociaciones, pero ha llevado a un punto insostenible para las arcas públicas que las costean.

Díaz no ha dudado en acusar a Economía de querer fulminar este subsidio, pese a que fue el PSOE en 2019, cuando Pedro Sánchez gobernaba en solitario, el que revertió el recorte que el PP practicó en la ayuda en 2012. La fórmula defendida ahora por Sumar pasa por reforzar los controles de los requisitos de renta y responsabilidades familiares, recortando también progresivamente el procentaje de cotizaciones 'subvencionadas' por el SEPE.

Está por ver su efecto en los ajustes que cada vez más empresas negocian en los últimos meses a la sombra de esquemas de este tipo.

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