Los agentes sociales rechazan la prevalencia de los convenios autonómicos sobre el resto

Los agentes sociales han mostrado su rechazo a la aprobación "sin preaviso" de la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales como prometió el Gobierno al PNV en sus acuerdos de investidura por parte del Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles con el decreto de los subsidios.

Las asociaciones empresariales han expresado su firme oposición a esta medida, que, según argumentan, va en contra de la unidad del mercado a nivel nacional. Este posicionamiento se da en un momento en el que, a nivel europeo y durante la presidencia española del Consejo de la UE, se están realizando esfuerzos para fortalecer la unidad del mercado como un componente esencial para la competitividad.

Por lo tanto, estas entidades sostienen que la implementación de este acuerdo político tendría repercusiones negativas en la cohesión social y en la competitividad de España. Además, recuerdan al Gobierno que la Constitución española establece la obligación de consultar a los actores sociales ante modificaciones significativas en la negociación colectiva.

Tanto la CEOE como Cepyme hacen hincapié en que la cuestión planteada por los nacionalistas vascos se acordó excluir de la última reforma laboral, la de 2021, que fue pactada en el diálogo social tripartito como un paso necesario para continuar recibiendo los fondos europeos.

Los empresarios critican que el Gobierno, después de cumplir con la exigencia de la UE de contar con una reforma laboral acordada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, ha ignorado completamente los acuerdos alcanzados en el diálogo social. Esto evidencia una falta de lealtad y confianza crucial para el diálogo social.

Los sindicatos por su parte han emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar una reunión con sindicatos y empresarios para restablecer la confianza en el diálogo social tras la aprobación inesperada de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales en la reforma del subsidio por desempleo.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT expresan su preocupación por el quiebre en la confianza en la negociación tripartita, indicando que la reforma de la negociación colectiva se llevó a cabo sin considerar el marco del diálogo social ni escuchar a sus representantes legítimos.

Subrayan que cualquier modificación del Estatuto de los Trabajadores debe ser discutida previamente en el diálogo social, defendiendo la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo adaptados a las realidades sectoriales.

Además, critican la falta de negociación completa en materia de subsidio por desempleo, señalando insuficiencias en la reforma aprobada, como limitaciones en el acceso para personas de menos de 45 años y la reducción gradual de la base de cotización para mayores de 52 años.

CCOO y UGT piden restaurar la confianza en la negociación tripartita, enfatizando la importancia de este espacio en la resolución de los desafíos socioeconómicos actuales y cumpliendo con el mandato constitucional.

"La trascendencia de los retos socioeconómicos que tiene por delante España, la complejidad del contexto internacional y europeo, y la propia situación política de nuestro país, recomienda que se restablezca la confianza y una metodología fiable en el espacio de intervención de los agentes sociales, en cumplimiento del mandato constitucional que tenemos encomendado", concluyen.

Compromiso con el PNV

Este párrafo trata sobre la introducción en el Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo de la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, algo prometido por Pedro Sánchez al PNV en el acuerdo de investidura. El tema no se abordó en la rueda de prensa tras la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo, pero fue revelado por Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.

El BOE de este miércoles refleja esta prioridad de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales, aunque condicionada a ser más favorable para los trabajadores que lo establecido en los convenios o acuerdos estatales y a obtener el respaldo de las mayorías requeridas para constituir la comisión negociadora.

Sin embargo, el texto aprobado especifica que hay ciertas materias no negociables en el ámbito autonómico, como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

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