El Real Decreto-ley para la reforma el subsidio por desempleo incluye la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió al PNV en el marco del acuerdo de investidura con la formación vasca, aunque esta sólo podrá aplicarse cuando resulte más favorable para los trabajadores.
La sorpresa se ha confirmado en la publicación este miércoles de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No hubo mención ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dio los detalles de la reforma del subsidio del paro, que entrará en vigor el 1 de junio de 2024. Quien sí avanzó este punto fue el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien reveló ayer la aprobación de este aspecto en la reunión semanal de ministros.
El texto modifica el artículo 84 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para "mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas, asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras". Es decir, la prevalencia de los convenios autonómicos sólo se podrá aplicar cuando resulte más favorable para los trabajadores.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo argumenta que la reforma de 1994 del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social impulsó el papel de la negociación colectiva en el ámbito autonómico y en los marcos autonómicos de relaciones laborales para que "dichos convenios de ámbito inferior pudieran afectar a los convenios colectivos de ámbito estatal" pero la redacción quedó coja porque "junto a la negociación colectiva de ámbito autonómico, potenciaba y otorgaba facultades de suscripción de convenios o acuerdos con dichos efectos también en cualquier ámbito superior a la empresa e inferior al estatal". De hecho, la redacción se modificó después en el Real Decreto-ley de 2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva para limitar al ámbito negocial autonómico la posibilidad de afectar a convenios colectivos estatales, pero introdujo "importantes condicionantes al dejar esta posibilidad al arbitrio de los propios acuerdos o convenio de ámbito estatal".
Con la modificación introducida en el marco de la reforma del subsidio por desempleo, el Gobierno "procede a matizar" la regulación actual. Así, se mantienen los requisitos de que los acuerdos y convenios autonómicos sean suscritos por los sujetos legalmente legitimados y la eventual limitación de regular algunas materias, pero se les concede "prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal" bajo dos condiciones: que cuenten con el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y que las condiciones resulten más favorables para las personas trabajadoras que las fijadas en los convenios o acuerdos estatales "de modo que paralelamente se promueva el desarrollo de los ámbitos autonómicos de negociación y los derechos de las personas trabajadoras".
Además, el texto considera materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
La medida no gusta ni a patronal ni a sindicatos
No es la primera vez que el PNV hace esta reclamación, pero sí que consigue que se aplique. La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales fue una medida que se excluyó de la reforma laboral de 2021 aunque estaba incluida en el acuerdo que los nacionalistas alcanzaron con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que finalmente los nacionalistas no apoyaron.
Según destacó ayer Aitor Esteban y recoge Europa Press, la aprobación de esta medida ha sido "largamente reclamada" por la clase trabajadora y de los sindicatos en País Vasco porque "amplía lo que nosotros solemos llamar el marco de relaciones propio". En concreto, en el acuerdo de investidura, PSOE y PNV acordaron la reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para la prelación de los convenios autonómicos.
Los sindicatos no celebran la reforma. Tanto UGT como CCOO han recordado que la estructura de la negociación colectiva tiene que abordarse en el marco del diálogo social. "Ante lo que consideramos que empieza a suponer un quebranto del clima de confianza del que ha gozado la negociación tripartita en los últimos tiempos, emplazamos al presidente del Gobierno para que se reúna con los interlocutores sociales con el objeto de definir el perímetro que va a tener el marco del diálogo social en la legislatura que comienza", han solicitado en un comunicado conjunto.
Tampoco gusta a las patronales. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han criticado al Gobierno por aprobar la reforma, "sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social". En un comunicado difundido este miércoles, CEOE y Cepyme han mostrado su rechazo "total" porque "atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional" justo cuando, a nivel europeo y dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando esfuerzos "para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad".
