Madrid
En fase inicial y a tiempo de todo: así se encuentra la negociación del Gobierno con los interlocutores para plasmar legislativamente la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales en 2024 y 37,5 en 2025. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rebajado la tensión de la negociación con el objetivo de sumar a todas las partes. Así, en este punto hay sobre la mesa un texto sobre el que han discutido en dos reuniones Trabajo, los sindicatos y los empresarios, centrando el debate sobre la flexibilidad para aplicar la norma o el control del horario y su cumplimiento. La gran novedad: Trabajo propondrá aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales durante todo 2025, y no desde el 1 de enero.
La propuesta del Gobierno, que no ha tenido un mayor desarrollo en la cita de esta mañana, incluye una cierta flexibilidad para aplicar la reducción de la jornada laboral durante el próximo año y medio, además de dar cabida a una distribución irregular de un 10% la jornada anual para aquellos sectores con necesidades productivas más intermitentes. La desconexión digital entra en el debate para garantizar que, además de trabajar menos, se evitan los contactos laborales fuera del horario.
En la actualidad, la reducción de la jornada gira sobre esos tres elementos. Los plazos para incorporar la medida legal en las empresas, con la posibilidad de acogerse paulatinamente a este objetivo durante todo 2025, es una medida que el Gobierno estudia a petición de los agentes sociales y especialmente por insistencia de los empresarios. En todo caso, tanto Trabajo como los sindicatos han mostrado su rechazo a aplazar la aplicación de la norma. Sin hablar de plazos, se abre la puerta a valorar cómo plasmarían los convenios colectivos la reducción de la jornada laboral.
El Ministerio, con la intención de alcanzar un acuerdo y como han pedido patronales, "está dispuesto a ver cómo incorporar la flexibilidad para que la medida legal sea menos abrupta", según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. Hay margen y fórmulas para hacer más progresiva la medida, que puede contar con la complicidad de los convenios colectivos.
Los mecanismos que permitan cierta flexibilidad al uso del trabajo son el segundo punto, extremamente relacionado con el primero. El Gobierno está ofreciendo un aumento de la jornada anual que pueden distribuir de forma irregular las empresas que beneficiaría a aquellos sectores con una producción más inconstante. Ese porcentaje sería el 10% de las 40 horas semanales en cómputo anual. A cambio, eso sí, deberán pactar con las empresas la forma de compensar estas horas: "dentro del módulo anual hay capacidades para la empresa para adaptarse con más días de vacaciones o con mayores permisos", explican.
El Gobierno ha introducido en las conversaciones un tercer elemento respecto al control y cumplimiento de los horarios, la desconexión digital. "Para que la reducción de la jornada sea eficaz y respete los horarios debe incorporar el derecho a la desconexión digital. Se trata de trabajar menos y no ser molestado fuera de horario", ha explicado Pérez Rey.
"Estos elementos los incorporamos al debate sobre el tiempo de trabajo. Son tres piezas clave que constituyen la argamasa que puede dar lugar a llegar a un acuerdo cuanto antes", ha resumido el número dos de Díaz, reflejando ahora un discurso y una actitud en la mesa de negociación conciliadora con la patronal CEOE-Cepyme.
CEOE habría consensuado en una reunión previa a esta cita varias máximas para los empresarios, según ha avanzado Colpisa. Piden eludir de la reducción de la jornada a los altos cargos o directivos, en definitiva, puestos de responsabilidad. La flexibilidad se preservaría a través de la aplicación modulada del recorte de la jornada en los convenios colectivos, que darían un margen de hasta tres años.
En la mesa ya han planteado aquellos sectores que más lejos están del objetivo, pero no han especificado cómo hacerlo. El objetivo de aumentar las horas extra quedaría exclusivamente focalizado en aquellos casos con elevado absentismo. Sobre el registro horario, Trabajo valora la dificultad para controlar la entrada y salida del trabajo en determinados puestos, sectores o localizaciones geográficas.
La próxima reunión será el 29 de julio, y la negociación da la sensación de avanzar con menos prisa que en las anteriores citas. Ahondarán en los tres elementos citados previamente, además de recibir de vuelta los comentarios específicos de sindicatos y patronal respecto a la propuesta de la reunión anterior. "La tramitación de un anteproyecto de ley puede contar con mecanismos que aceleren su trámite en el Gobierno y en las cámaras legislativas que nos permitan acelerar los plazos. No vamos a dejar caer un acuerdo por intentar acelerar unas semanas la aprobación de la norma", ha sentenciado el representante del Gobierno.