Madrid
El Ministerio de Trabajo que encabeza la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha presentado una nueva propuesta en la que acerca posturas con los empresarios. En concreto, incorporan "un elemento de flexibilidad que incluye la capacidad de introducir la distribución irregular de la jornada laboral", según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. La normativa actual permite distribuir como mínimo un 10% de la jornada de forma irregular según las necesidades productivas, respetando a su vez los periodos de descanso. El Gobierno permitiría aplicar ese porcentaje sobre las 40 horas, aun con la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas. Favorecería especialmente al campo o al turismo.
Esta medida produce un acercamiento entre Trabajo con CEOE y Cepyme, ya que estos últimos -especialmente los representantes de las pymes- han venido señalando el impacto diferenciado por sectores y el coste directo de reducir la jornada laboral.
Trabajo ya conoce de parte de CEOE cuáles serían los sectores más afectados y que merecerían un trato especial para abordar la reforma. "Mientras se aplica la reducción de la jornada a 37,5 horas –en 2025– las empresas pueden distribuir su jornada de forma irregular, pero en lugar de las horas que resultaría tras la reducción [38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025, según los objetivos del Gobierno] lo harán con las actuales vigentes: es decir, el 10% de las 40 horas semanales", apunta.
Sin ofrecer la posibilidad de aumentar las horas extraordinarias, facilitaría la distribución irregular del trabajo según las necesidades de cada sector. En efecto, serán más horas. "Creemos que puede ser útil para que las empresas puedan ir al nuevo modelo", considera el número dos de Díaz. Abre por primera vez la puerta a dotar de una mayor flexibilidad a la reforma.
La propuesta sobre el tratamiento de la jornada irregular (artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores) propiciaría un cierto margen para distribuir la jornada en algunos sectores que presentan ciclos de mayor o menor producción. Por la caracterización de su actividad, el secretario de Estado se ha referido a la agricultura y la hostelería de forma directa, dos claros ejemplos de temporadas altas: las del turismo y las de recolección, que varían dentro del propio sector.
Esta reunión certifica el paso atrás Díaz con el (no) ultimátum, confirmando que Trabajo y CEOE siguen negociando en la mesa de diálogo social. La patronal quiere medidas que doten flexibilidad y permitan una mayor distribución y flexibilidad en el uso de la jornada. Además, un mayor margen transitorio de adaptación para las 37,5 horas, es decir, aplazar la entrada en vigor de la ley que reducirá la jornada y abordar la reducción una vez se renueven los convenios colectivos.
Ahora, el discurso del 'número dos' de Trabajo se ha moderado y abre la puerta a firmar un acuerdo con todas las partes. "Démonos el tiempo que sea necesario para alcanzar un acuerdo, teniendo en cuenta los objetivos de la medida", ha dicho Pérez Rey. "La vocación de Trabajo es alcanzar un acuerdo con todas las partes que están encima de la mesa", ha declarado, haciendo alusión directa a CEOE y Cepyme. También ha celebrado la mayor concreción y los avances de la mano de todos los interlocutores sociales.
El Gobierno valorará más propuestas en la próxima reunión. En concreto, las referentes a cómo afectará la reducción de la jornada laboral (y cómo paliar sus efectos) según el tamaño de las empresas ("las pequeñas que tienen menos capacidad de adaptación", ha admitido Pérez Rey), aquellas sometidas a contratos públicos o las que están más lejos del objetivo de la reducción.
Mayor peso sancionador de la Inspección
El Gobierno también ha presentado un agravante en materia de sanción para aquellas situaciones que puedan producir daño o perjuicios al trabajador, es decir, aquellos supuestos en los que los excesos de jornada ponen en riesgo la salud del trabajador. Esta propuesta de cuestión técnica sobre el régimen sancionador por el incumplimiento de la jornada cuando afecta a la salud laboral nace directamente de la Inspección de Trabajo.
"Los excesos de jornada pueden provocar un grave riesgo para los trabajadores. Cuando hay una infracción tan grave que afecta a la salud se produce un agravante, la sanción pasa de grave a muy grave porque pone en peligro la integridad física del trabajador. Afortunadamente son casos muy episódicos. No es tanto de la cuantía, pero tiene que ser disuasoria", ha afirmado.
Los sindicatos darán el 'sí' con matices
Por su parte, tanto el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, como el secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, han indicado que aceptarán la flexibilidad propuesta por el Gobierno siempre y cuando los tiempos sean "razonables", pero han insistido en que la jornada debe reducirse lo "antes posible".
Así, Luján cree que se podrán encontrar "soluciones" en relación a la cuestión, pero ha insistido en que el Gobierno deberá aportar razones de "peso" para que los sindicatos vean necesario una flexibilidad a la hora de reducir la jornada, ya que el Ejecutivo debe "cumplir" con el compromiso del Gobierno de coalición y recortar el tiempo de trabajo en los plazos en los que se comprometió.