
El Congreso aprueba, ahora sí, la ley de amnistía. El pleno ha vuelto a sacar adelante el proyecto para amnistiar a los presos del procés tras el veto del Senado. Como era previsible, el texto salió adelante con 177 votos a favor y 172 votos en contra, pero queda por ver el recorrido de la norma ante los recursos que partidos como el PP ya han dicho que presentarán.
El resultado de la votación fue el mismo que el de la anterior ocasión: 177 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y el diputado José Luis Ábalos, y 172 en contra de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
Con la ley, quedarán amnistiados cerca de 370 encausados por el procés. El Gobierno destacó que el texto se produce "en favor de la normalización de la convivencia en Cataluña" y fue una de las condiciones de Junts y ERC para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
No obstante, queda por ver su aplicación ante la oposición del PP y Vox, que ya intentaron frenarla en el Senado, dilatando el procedimiento.
Después de diversos informes de los letrados, unos a favor de tramitar la amnistía y otros en contra, y tras arduos debates y algún conflicto como el que planteó el Senado al Congreso por las atribuciones de las Cámaras y que finalmente fue retirado, la amnistía se aprueba y pasa a manos de los jueces, que serán los encargados de resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses.
La aplicación de la ley
La ley de amnistía se tendrá que publicar en el BOE tras su aprobación en las Cortes pero no hay garantía de que sea mañana viernes, según EFE. Podría ser la próxima semana. El texto deberá además ser sancionado por el rey. Según el artículo 91 de la Constitución, tiene quince días para hacerlo.
Por tiempos, Felipe VI viaja este viernes a El Salvador y no volverá a España hasta el 2 de junio. Así, la publicación y entrada en vigor del texto -el mismo día- podría producirse en la campaña para las elecciones europeas.
Otras fuentes socialistas del Gobierno también reconocen cierta preocupación por la aplicación de la ley que hagan los jueces, sobre todo tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre esta norma a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.
Al respecto, estas fuentes confían en que no haya ninguna doctrina ni interpretaciones interesadas por parte de los jueces. El PP mientras tanto se prepara para dar la batalla en todas las vías para tumbarla, incluida la vía jurisdiccional y el recurso ante el Tribunal Constitucional.
La primera en anunciar su recurso fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente anunció que se presentará un recurso de inconstitucionalidad que, previsiblemente, seguirán la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Andalucía.
¿Qué se amnistía?
La normativa aprobada borra las responsabilidades penales, administrativas y contables de las personas vinculadas al procés desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Así, quedan cubiertos tanto los actos para promover la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum del 1 de octubre. Esto incluye tanto la malversación como los atentados contra la autoridad, los desordenes públicos y el denominado terrorismo de baja intensidad.
No obstante, El Mundo informó este jueves que los fiscales de la Sala del Tribunal Supremo (Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza) comunicaron al fiscal general del Estado, Álvaro García, que, a su juicio, la malversación de caudales públicos que se imputa a Carles Puigdemont no es amnistiable.