La ley de amnistía pactada la semana pasada entre PSOE y Junts, y que dio lugar al acuerdo de investidura que asegura a Pedro Sánchez una nueva legislatura como presidente del Gobierno, abarcará los actos relacionados con el independentismo correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 y dará a los jueces dos meses para aplicarla una vez haya obtenido la aprobación definitiva.
Los detalles se desprenden del texto conocido antes de que el PSOE registrara la proposición de ley en el Congreso, aunque desde ERC han abierto la puerta a que ese documento pueda albergar alguna modificación al asegurar que quedan "flecos" por pulir.
El acuerdo cerrado el pasado jueves entre PSOE y Junts tiene como leitmotiv "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Esto es lo que espera el PSOE, que confía en que el arranque de la legislatura calme la tensión ciudadana que se ha traducido en decenas de protestas en las calles de toda España. En aras de alcanzar el consenso social, en el preámbulo del texto mencionado se expone que "todos los caminos deben transitar por el marco jurídico nacional e internacional" aunque reconoce que cumplir la legalidad no es suficiente "para resolver el conflicto" catalán.
Los jueces tendrán dos meses para aplicarla
El texto, que aplicará sobre casi 400 independentistas y 73 policías, supone la "extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable" tanto a los responsables como a los ciudadanos que han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos y así lo confirma la proposición de ley publicada hoy, que alberga el periodo entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Además, desaparecerán los antecedentes penales derivados del acto delictivo amnistiado y también decaerán las responsabilidades administrativas.
Así, una vez aprobada la ley, el órgano judicial competente deberá la inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren en prisión por los motivos amparados por la norma. En concreto, el texto indica que, una vez aprobada la norma, los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que las decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los recursos que se presenten que, según señala, no tendrán efectos suspensivos.
Asimismo, se eliminarán las órdenes vigentes de busca y captura e ingreso en prisión: esto beneficia, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig o a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El documento no incluye nombres, pero la medida aplicaría rambién al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, ya indultados pero aún inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación. Además de los dirigentes del procés, serán amnistiados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) -procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista- o los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el procés en el otoño de 2019.
Quedarán excluidos de la amnistía los responsables de actos dolosos o tipificados como delitos de tortura o trato degradante o de terrorismo sobre los que haya sentencia firme (esto último en función del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal). Tampoco se beneficiarán de la medida aquellos que hubieran afectado a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
Ni rastro del lawfare
La norma no hace referencia al lawfare o judicialización de la política que ha sido otro de los protagonistas de los últimos días y que sí aparece en el documento del acuerdo entre PSOE y Junts. En principio, serán las comisiones de investigación que se constituirán en la legislatura las que analizarán esta cuestión "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", rezaba el texto del pacto.
Con el lawfare fuera de órbita, la norma no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por un presunto delito de blanqueo de dinero en el marco de la conocida como 'Operación Mito',ni la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, por prevaricación y falsedad documental, ni el procesamiento del clan de los Pujol, acusado de formar presuntamente una organización criminal aprovechadno "su posición privilegiada" en la vida política, social y económica catalana para acumular un "patrimonio desmedido".
Con todo, desde ERC han indicado que no descartan incluir cambios en la norma durante su trámite parlamenteario.
No irá a la Mesa del Congreso antes de la investidura
La norma no pasará el examen de la Mesa del Congreso esta semana. En la rueda de prensa en la que ha confirmado la fecha del debate de investidura, Armengol ha comunicado que la ley de amnistía seguirá el mismo procedimiento que cualquier otra iniciativa, es decir, que no se incluiría en el orden del día de la Mesa del Congreso antes de la próxima semana, manteniendo la costumbre parlamentaria de que la Mesa de los martes sólo analice los asuntos que se registran hasta el viernes anterior.
Además, tampoco está previsto que la Mesa se reúna en otra ocasión esta semana, por lo que el escenario aboca a que la ley de amnistía no tenga vía libre (calificación) por parte del Congreso antes de la investidura de Sánchez. El calendario apunta a que la ley que incluye la medida de gracia para los independentistas catalanes no pase el filtro parlamentario hasta el 21 de noviembre.
Al ser una iniciativa de varios grupos parlamentarios, no contará con los informes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado que sí debería llevar si fuera un proyecto del Gobierno.
El poder de la Mesa del Congreso sobre la norma es total. Es quien hizo decaer en 2021 la ley de amnistía que presentaron los grupos independentistas, pero los letrados de la Cámara baja y el propio PSOE echaron por tierra la pretensión por inconstitucional. En esta ocasión, el grupo socialista ha trabajado durante el fin de semana para que la redacción de la ley cumpla con la legalidad y pase este primer trámite, de carácter técnico. Además, los socialistas junto a Sumar cuentan con mayoría en la Mesa, por lo que una vez presentada, dan por hecho el 'aprobado'.
Tras la calificación de la Mesa, la ley se publicará en el Boletín Oficial del Congreso y posteriormente se fijará la fecha del debate en el Pleno de la Cámara.
