Madrid
Durante los últimos meses la ciudadanía ha asistido al proceso de reforma de las pensiones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha negociado con los agentes sociales y cuyos bloques, aún en desarrollo, comenzarán a tener efecto en 2022, en tan solo un par de meses.
Después de lograr el apoyo de los sindicatos y la patronal, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos logró la aprobación de diferentes cambios que van a empezar a afectar a los ciudadanos el próximo año. Estos cambios van a darse en múltiples campos.
Revalorización de las pensiones
Uno de los grandes cambios es el del método de revalorización de las pensiones. Se suprimen las decisiones ad hoc del Gobierno y se introduce un mecanismo de subida que tendrá en cuenta el IPC (Índice de Precios al Consumo) del año anterior para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Además, los años en los que no aumenten los precios, se mantendrá la cuantía de las pensiones.
Los Presupuestos Generales del Estado ya han despejado las primeras incógnitas. Tal y como planteó José Luis Escrivá, las pensiones mínimas y las no contributivas van a subir por encima del IPC anual, un 3% para 2022. La subida de las pensiones aún ha de anunciarse (el último mes a tener en cuenta para el cálculo es el de noviembre), pero se tratará de un aumento inferior.
Jubilaciones anticipadas
Otra de las claves de esta primera pata de la reforma de las pensiones es el cambio en las diferentes modalidades de jubilación anticipada. Bajo la idea de alinear la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, se ha procedido a modificar los coeficientes reductores que reducen la cuantía de las pensiones de las prejubilaciones voluntarias, que pasan a ser mensuales en lugar de trimestrales y a aplicarse sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora.
Estos nuevos coeficientes penalizarán las prejubilaciones que tengan lugar entre tres y un mes antes de la edad ordinaria (las más tardías) y entre 24 y 23 meses antes (las más tempranas). Con esto, se pretende alargar la carrera de uno y otros trabajadores.
Los trabajadores con sueldos por encima de la cuantía máxima de las pensiones se verán especialmente afectados, ya que se les aplicarán los mismos coeficientes del resto de trabajadores (sobre la cuantía máxima), aunque se hará en un calendario progresivo de 10 años que comenzará en 2024.
Por su parte, en las prejubilaciones derivadas de un cese involuntario en el trabajo se incluirán nuevos supuestos que permitirán esta modalidad (que contempla prejubilaciones cuatro años antes de la edad de jubilación): traslados geográficos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, víctimas de violencia de género o impagos o retrasos del empresario. Sus coeficientes reductores también serán mensuales y aplicables a la cuantía, y podrán usarse los de la prejubilación voluntaria cuando sean más favorables.
Además, los trabajadores con prejubilaciones especiales por la penosidad, peligrosidad o toxicidad de sus profesiones verán como se revisan esos indicadores que determinan el riesgo de sus trabajos y tendrán procedimientos de revisión de los coeficientes reductores (que son individuales para cada profesión) con una periodicidad máxima de diez años.
Jubilaciones demoradas
Los cambios en la reforma de las pensiones premiarán a aquellos trabajadores que retrasen su jubilación, lo que se conoce como jubilación demorada. Esta medida va en la línea de lo que anunció José Luis Escrivá: incentivar la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral y aumentar la edad real de jubilación.
Así, se garantiza a los trabajadores que por cada año extra de trabajo más allá de la edad de jubilación se les conceda un 4% de la base reguladora, un pago único que dependerá de la duración de carrera (puede llegar hasta los 11.000 euros en los casos más favorables) o una combinación de las dos opciones que no se ha detallado todavía.
Jubilaciones forzosas
José Luis Escrivá pretende retocar estas jubilaciones, las que afectan a los trabajadores que cumplen la edad de jubilación y, teniendo derecho al 100% de la pensión, en sus convenios colectivos se habilita su posible despido por razones de reestructuración en materia de empleo.
La idea del ministro es retrasar la edad a la que se impongan estas cláusulas y que pase a los 68 años de edad, aunque la aplicación solo sería para los nuevos convenios firmados tras la reforma.
Jubilaciones flexibles
Estas jubilaciones permiten compatibilizar el cobro de una pensión con un trabajo a jornada parcial reduciendo el importe de la pensión de forma inversamente proporcional a la reducción de la jornada de trabajo y con un máximo del 50%.
Para estos casos, la reforma de las pensiones propone que no se permita la jubilación activa hasta que el jubilado supere por un año la edad ordinaria de jubilación.
Cambios en la edad de jubilación y la base reguladora
Al margen de todos estos cambios que obedecen a la reforma planeada por el actual Gobierno se encuentran otras modificaciones que fueron ideadas hace ya una década y que forman parte de un calendario de reformas que se aplicará durante los próximos años, hasta 2027.
La reforma de 2011 estableció el aumento progresivo de la edad de jubilación y las referencias para marcar esas edades. En virtud de este diseño, formulado en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se aumenta cada año dicha edad, que en 2022 pasará a ser de 66 años y dos meses para todos los trabajadores que no lleguen a 37 años y seis meses de cotización, mientras que se queda en 65 años para el resto.
De la mano de la misma ley vendrá otro cambio, que en esta ocasión será el último. La reforma de 2011 también contempló el aumento progresivo del número de años que forman parte de la base reguladora, la que determina la cuantía de las pensiones. Para 2022 esta base reguladora será la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años (un total de 300 bases), que se dividirán entre 350 para conseguir el importe de dicha base reguladora.
