En el panorama energético global, la estabilidad y la previsibilidad son los pilares fundamentales que sustentan la confianza inversora. Los flujos de capital buscan anclarse en mercados que no solo prometen retornos atractivos, sino que también garantizan un entorno seguro y fiable en términos regulatorios y operativos. En un sector que requiere de inyecciones masivas de capital a largo plazo y con tecnologías y soluciones innovadoras, como es el caso del sector energético, la incertidumbre puede limitar enormemente las inversiones. En este sentido, el apagón del 28 de abril ha encendido una señal de alarma en España que tardaremos un tiempo en apagar si no tomamos las lecciones aprendidas y aplicamos reformas pronto. Se ha sembrado la duda sobre la fiabilidad de nuestras infraestructuras, con lo que eso implica en la percepción de riesgo de los inversores. La consecuencia directa es una limitación de la capacidad del país para atraer y retener capital en proyectos de energías limpias e infraestructuras energéticas. Los flujos de capital son más rápidos que cualquier normativa o decisión política: se están dirigiendo ya hacia las soluciones que demuestran mayor solidez y son capaces de prevenir sobrecargas. Un activo solo renovable cada vez vale menos y solo el almacenamiento va a impedir que se deprecie. En un paso significativo para abordar estas preocupaciones, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, el llamado “decreto antiapagón”, hubiese sido una señal positiva para el mercado. El objetivo de la normativa era reforzar la resiliencia, estabilidad y efectividad del sistema eléctrico español. Introducía medidas dirigidas a acelerar la electrificación, supervisar las capacidades técnicas de control de la tensión y fomentar el papel de la flexibilidad y el almacenamiento en el sistema eléctrico.