
En el panorama energético global, la estabilidad y la previsibilidad son los pilares fundamentales que sustentan la confianza inversora. Los flujos de capital buscan anclarse en mercados que no solo prometen retornos atractivos, sino que también garantizan un entorno seguro y fiable en términos regulatorios y operativos. En un sector que requiere de inyecciones masivas de capital a largo plazo y con tecnologías y soluciones innovadoras, como es el caso del sector energético, la incertidumbre puede limitar enormemente las inversiones. En este sentido, el apagón del 28 de abril ha encendido una señal de alarma en España que tardaremos un tiempo en apagar si no tomamos las lecciones aprendidas y aplicamos reformas pronto. Se ha sembrado la duda sobre la fiabilidad de nuestras infraestructuras, con lo que eso implica en la percepción de riesgo de los inversores. La consecuencia directa es una limitación de la capacidad del país para atraer y retener capital en proyectos de energías limpias e infraestructuras energéticas. Los flujos de capital son más rápidos que cualquier normativa o decisión política: se están dirigiendo ya hacia las soluciones que demuestran mayor solidez y son capaces de prevenir sobrecargas. Un activo solo renovable cada vez vale menos y solo el almacenamiento va a impedir que se deprecie. En un paso significativo para abordar estas preocupaciones, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, el llamado "decreto antiapagón", hubiese sido una señal positiva para el mercado. El objetivo de la normativa era reforzar la resiliencia, estabilidad y efectividad del sistema eléctrico español. Introducía medidas dirigidas a acelerar la electrificación, supervisar las capacidades técnicas de control de la tensión y fomentar el papel de la flexibilidad y el almacenamiento en el sistema eléctrico.
Ahora, dado que no ha sido convalidado, queda esperar a que el Gobierno o los grupos parlamentarios presenten una nueva versión. Esperemos que esta segunda propuesta sea más ambiciosa en su apoyo al papel estratégico de la flexibilidad y el almacenamiento. La no convalidación del "decreto anti apagón" es una ocasión perdida, pero también es una nueva oportunidad para una propuesta mejorada y más completa. No podemos conformarnos con soluciones reactivas y poco concretas. El apagón debe ser un catalizador para una ambición mayor. Debemos seguir avanzando en la línea que marcaba este nuevo Real Decreto-ley, pero yendo un paso más allá. Es vital que la normativa establezca mecanismos de mercado sólidos, y señales económicas claras. Esto requiere una estrategia global que promueva decididamente el almacenamiento y la gestión de la demanda, con marcos regulatorios que incentiven su implementación y fomenten su participación activa en el sistema eléctrico.
El sistema aún puede (y debe) evolucionar. Debemos aspirar a que las políticas públicas apoyen a todo el sector del almacenamiento en su conjunto, dado su rol clave en el sistema eléctrico. Necesitamos medidas que permitan a las baterías participar en servicios de ajuste, y en nuevos mercados de capacidad. Asimismo, resulta imprescindible fijar un calendario de implementación para las medidas, que se apoye en criterios técnicos y económicos transparentes. La seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y una mayor percepción de certidumbre en el desarrollo y rentabilidad de los proyectos son condiciones necesarias para la inversión. Solo de esta forma el sistema eléctrico podrá evolucionar con la agilidad y seguridad que demanda la transición energética.
Esto es especialmente importante en España, donde el despliegue de almacenamiento energético y baterías sigue siendo una asignatura pendiente: mientras que en Europa la capacidad instalada acumulada alcanza los 10,7 GW, en nuestro país apenas se han instalado 60 MW. Esta insuficiencia ya quedó patente el 28 de abril de 2025, pues es probable que el apagón pudiera haberse evitado con una mayor presencia de baterías. Debemos tomar lecciones aprendidas. Desplegar soluciones que nos aporten una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta es ahora más importante y urgente que nunca. Y si queremos que los flujos de capital se dirijan hacia estas soluciones, debemos ponérselo fácil a los inversores.