En vísperas de la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Amnistía, salvo arranque de dignidad que no se espera de algún diputado del sanchismo, acuden a mi memoria las palabras del filósofo y médico inglés John Locke cuando se preguntaba “no sé que es peor, un gobierno desastroso o un pueblo que lo consiente” aludiendo a la responsabilidad compartida con los gobernantes que tienen los ciudadanos en la creación y el mantenimiento de las democracias, las libertades y el Estado de Derecho. Responsabilidad ciudadana que en las sociedades libres actúa como contrapeso frente a la debilidad de los sistemas democráticos para protegerse de la amenaza de los populismos y de esos políticos que cuando alcanzan el poder erosionan los usos y costumbres democráticos. Principios estos que hoy están especialmente amenazadas por ese proyecto de amnistía redactado por los propios delincuentes, contraria a la Constitución, que vulnera derechos fundamentales, y que provoca una inseguridad jurídica que tiene un alto precio a nivel económico como reflejaba recientemente el Financial Times, cuando alertaba sobre una fuga de inversiones nacionales y extranjeras en España como consecuencia de la amnistía que el presidente del Gobierno ha pactado con el delincuente fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, para seguir en La Moncloa. Y sin inversiones no hay riqueza, crecimiento ni creación de empleo.

El informe del BBVA no puede ser más concluyente y contundente. La reducción de la jornada laboral que propone la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo -de 40 horas semanales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025 manteniendo el salario- restaría en torno a 6 décimas el crecimiento medio anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante el próximo bienio reduciría en 8 décimas el aumento del empleo al no ir acompañada de medidas compensatorias que alivien la subida de los costes laborales.

No sabemos si el Financial Times también forma parte de esas terminales mediáticas de los intereses de la derecha política que buscan a través de la “manipulación, la mentira y la maldad” desprestigiar las acciones del Gobierno, que es como Pedro Sánchez ha calificado a los periodistas independientes y a los medios de comunicación que no le rinden pleitesía, al más puro estilo del franquismo. Pero lo cierto es que este prestigioso periódico británico que tiene un promedio de 2,2 millones de lectores en el mundo y es referente para empresarios, inversores y tomadores de decisiones en las instituciones financieras más grandes del planeta, acaba de alertar sobre una fuga de inversiones en España como consecuencia de la amnistía que el presidente del Gobierno ha pactado con el delincuente fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, para seguir en La Moncloa.

Reconstruyendo la confianza. Ese es el lema que los organizadores del Foro Económico Mundial de Davos han elegido para la edición de este 2024, sustituyendo al fallido de la policrisis que fue el eje fundamental de los debates del pasado año, y que a la vista de la realidad, no sólo no ha servido para eliminar o mitigar los múltiples conflictos políticos, económicos y bélicos del planeta sino que se han incrementado y agravado.

Aún estando, como estamos, acostumbrados ya a los cambios de opinión, contradicciones y deserciones de Pedro Sánchez, también en política internacional -desde la entrega del Sáhara a Marruecos hasta sus apoyos y avenencias con los terroristas de Hamás pasando por los pasaportes de Kósovo- no deja de resultar inaudito y bochornoso el rechazo del Gobierno a participar en la operación contra los piratas hutíes en el Mar Rojo que lidera EEUU y apoyada por una coalición de nuestros aliados occidentales, a los que una vez más, el sanchismo gobernante ha vuelto a abandonar y a defraudar.