Decía recientemente Cándido Méndez- y bien- que probablemente el problema más grave que debería enfrentar España era el del agua, y pedía el que fuera secretario general de UGT durante los desayunos de la Federación de Periodistas de Radio y Televisión, "rescatar el agua de lógica del mercado" para evitar que se trate como una mercancía para lo que es necesario que la dimensión económica se supedite a la dimensión social y medioambiental.
Palabras que cobran ahora toda su dimensión con la situación de prolongada sequía que está obligando ya a restricciones en comunidades como Cataluña y Andalucía, ante las que el Gobierno, volcado en amnistiar a delincuentes y prófugos de la Justicia, está reaccionando, una vez más, tarde y con parches como los de los barcos y desaladoras, sin atreverse a proponer y ejecutar soluciones reales y permanentes en el tiempo. Tal vez porque no sabe, o porque ni le interesan ni le importan.
Un problema endémico que a sus costes sociales y de precariedad tiene también un elevado coste monetario como refleja el informe Counting the Cost 2023 de la ONG británica Christian AIDE, que situaba la sequía española en la novena posición en el ránking de los 20 fenómenos meteorológicos extremos más graves para el planeta, con un coste estimado de 2.200 millones de euros.
Cifra a la que se suma el elevado precio de las desalinizadoras, provoca que su uso se limite a casos de extrema necesidad. Los datos oficiales de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, muestran que en España se producen más de cinco millones de metros cúbicos de agua desalada al día, con más de 700 plantas construidas con las que pueden administrar a 34 millones de personas. El coste de generar 1.000 litros de agua desalada es de unos 70 céntimos, lo que supone el triple del coste de agua de los pantanos catalanes .
Consecuencias económicas que desde el punto de vista sectorial tiene su primer impacto en la agricultura y la ganadería, siendo los cultivos extensivos y los pastos las actividades más perjudicadas. En concreto los últimos informes sectoriales estiman una reducción del 40% en la producción de cereales de otoño-invierno con respecto a la campaña de 2022, mientras que la producción de cebada se ha reducido en un 39% y en 36% la de trigo blando, con sus efectos derivados en carestía de la oferta y sobre los precios industriales, al consumo y la inflación.
Problemas que son evidentes también en el turismo, nuestra primera industria y clave para el crecimiento de la economía y el empleo donde las restricciones o pérdida de calidad del agua afectaría directamente a la oferte de hoteles, apartamentos y actividades lúdicas, en comunidades con Andalucía, Murcia o Cataluña, donde los empresarios hoteleros han mostrado ya su "máxima preocupación" poque las restricciones se traduzcan en caída de reservas y cancelaciones.
Pero, más allá de sus consecuencias sociales y económicas la sequía ha puesto de relieve la que es, sin duda, la principal asignatura pendiente de nuestro Estado de las Autonomías, la prevalencia de la identidad territorial sobre la solidaridad interregional que ha dado lugar a un fuerte sentimiento de desapego y egoísmo, olvidando que el agua, como otros recursos naturales, no es de los territorios, sino del conjunto de los españoles.
Es por ello, urgente y obligado hacer un gran pacto territorial y un pacto político para elaborar y ejecutar un plan hidrológico nacional. El mismo que anuló por motivos ideológicos, que no por razones lógicas José Luis Rodríguez Zapatero, en su nefasta presidencia del Gobierno, al que imitaron también desde la Generalitat de Cataluña paralizando las obras estratégicas que se planificaron con motivo de la sequía de 2008.
Y no se trata aquí de acabar con el Estado de las autonomías, como defiende equivocadamente Vox, pero tal vez habría que pensar en una reforma y sobre todo devolver al Estado algunas competencias que nunca debieron traspasarse como la educación y la sanidad para cumplir con el precepto constitucional de igualdad entre los españoles y entre todos los territorios de España.
PD.Y hablando de Vox, ahí les tienen en Galicia trabajando activamente para Sánchez y los nacionalistas. ¡País!
