La inacción del 'Govern' en Cataluña sube el coste de la sequía a 3.000 millones

Cataluña vive la peor sequía desde que se tienen registros, pero la situación actual podría ser mejor si no se hubiesen paralizado obras estratégicas que se planificaron con motivo de la sequía de 2008, pero que se quedaron en los cajones de la Generalitat en cuanto regresaron las lluvias y llegó la crisis económica.

Es el reproche que hacen múltiples voces del ámbito productivo y empresarial, que con la entrada en fase de emergencia en el área de Barcelona y Girona deben asumir considerables restricciones para garantizar la disponibilidad de agua para consumo de boca.

La Generalitat ha pisado ahora el acelerador, aunque también con retrasos y sin soluciones inmediatas, con una factura de la administración catalana para hacer frente a la sequía actual que supera los 3.000 millones de euros, y con nuevos costes que ya están empezando a repercutir en la factura del agua que pagan los consumidores.

Así, entre las medidas que se pondrán en marcha están la subida del precio del agua, que entrará en vigor en Barcelona este mes o en marzo para pagar, de media, 2,5 euros más al mes.

En cuanto al plan de emergencia, que ya se aplica en su primera fase en 239 municipios de Barcelona y Girona -afectando a seis millones de habitantes-, las tres fases escalan las restricciones, si bien ya no se permite el riego de parques y jardines (excepto el de supervivencia con aguas freáticas o regeneradas), y se prohíbe el llenado de piscinas (salvo equipamientos deportivos, limitando a cambio el uso de las duchas).

En cuanto a la población, en la fase 1 se limita el uso de agua por habitante y día a 200 litros, 180 en la fase dos y 160 en la fase tres. Actualmente, la media está en los 173 litros.

En el campo, siendo la situación ya alarmante debido al cambio climático (solo en 2023 Agroseguro abonó 69,4 millones en indemnizaciones por sequía en Cataluña, cinco veces más que en 2022), la sequía comportará una reducción del 80% del riego agrícola y del 50% en usos ganaderos, mientras que la industria reducirá el consumo un 25%, la misma cifra que los usos recreativos asimilables a consumo urbano. En caso de disponibilidad, podrán usar aguas regeneradas. Tampoco se permite ampliar o iniciar nuevas actividades económicas que requieran un elevado uso de agua, como granjas, industrias y hoteles.

Salvador Sedó, director de Desarrollo Sostenible de Foment del Treball, ha afirmado a elEconomista.es que en el sector empresarial "hay preocupación" porque no perciben una reacción política ágil ante el problema de la sequía. En el caso de la agricultura, alerta, algunos cultivos ven en riesgo la supervivencia de los árboles, y en la ganadería puede haber sacrificios de ganado.

Con este contexto, Sedó reivindica que, siguiendo la línea del Covid-19, se fijen sectores esenciales como la industria y la logística alimentaria, y por flexibilizar las restricciones a las industrias que ya han realizado inversiones para reducir el consumo de agua, así como actualizar normativas como la que obliga a limpiar los camiones de ganado con agua potable, cuando la tecnología actual hace factible el uso del agua regenerada con garantías de salubridad.

Y tanto las patronales como los sindicatos demandan que se activen ayudas y procedimientos de regulación temporal de empleo para hacer frente a reducciones o paralización de actividades económicas por las restricciones de la sequía, cuya aplicación, además, está en manos de cada ayuntamiento.

Desde el ámbito económico lamentan que el sector privado ha hecho esfuerzos en los últimos años para ganar eficiencia en el consumo de agua, desde el sector agrícola y ganadero al industrial y el turístico, mientras que las administraciones públicas paralizaron inversiones estratégicas necesarias para aumentar la disponibilidad y reservas de agua.

Ahora, el Govern ha puesto en marcha un plan de gestión del agua en las cuencas internas con una inversión de 2.400 millones para el período 2022-2027 -que se aprobó con ocho meses de retraso- que triplica la inversión prevista anteriormente y que incluye las infraestructuras y medidas para que la región sea "resiliente ante fenómenos que serán cada vez más frecuentes".

De este montante, unos 2.000 millones los aportará la Generalitat, 250 millones los entes locales y el resto el Estado. Lo que políticamente queda descartado es conectar la red de agua del Ebro con la red que abastece a Barcelona.

Este dinero se invertirá para incrementar la disponibilidad de agua en cerca de un 30% mediante la multiplicación de la capacidad de desalinización, potabilización y reaprovechamiento del agua, con una generación prevista de 120 hectómetros cúbicos nuevos, lo que equivale al volumen de agua que necesita el área metropolitana de Barcelona durante un año, aunque la mayoría de actuaciones no se completarán hasta 2027.

Por otro lado, la Generalitat ha dedicado otros 560 millones del Plan Especial de Sequía (PES) a subvenciones y ayudas a los entes locales (para reparar las fugas en la red de suministro, que provocan la pérdida del 25% del agua de la red) y la agricultura.

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