El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una serie de concesiones a Junts a cambio de salvar las ayudas del decreto antiinflación y 'ómnibus'. Los catalanes consiguieron la eliminación del IVA del aceite, la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat y retirar la reforma del PP de 2017 que facilitaba la marcha de las empresas de Cataluña tras el 1-0. Estos acuerdos han puesto a las autonomías en pie de guerra contra el Ejecutivo, a quien acusan de diferencia de trato al considerarlas "comunidades de segunda" frente a Cataluña.
Junts puso sobre la mesa en un primer momento la posibilidad de sancionar a las empresas que habían salido de Cataluña tras el 'procés' y que no retornen a cambio de apoyar los decretos que el Ejecutivo tenía que salvar en el Congreso. Pero el Gobierno de Sánchez pactó finalmente la modificación de la Ley de Sociedades de Capital para revertir el real decreto del PP de 2017, que permite a las empresas cambiar su domicilio fiscal sin necesidad de la aprobación de la Junta de Accionistas. Con esta derogación se va a incentivar la vuelta de las empresas a Cataluña.
Valencia ha sido la primera autonomía en rebelarse contra todos estos acuerdos del Gobierno y ha anunciado un plan de apoyo a las empresas que se encuentren instaladas en su región, al tiempo que ha encargado un recurso de inconstitucional contra esta medida. "No vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a las empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses", aseguró Mazón, que además mandó un mensaje de tranquilidad a las 974 empresas que se instalaron en la Comunidad Valenciana a raíz del proceso independentista, entre las que destacan las sedes de CaixaBank en Valencia y Banco Sabadell en Alicante. Mazón ha declarado que se va a "defender su estabilidad, crecimiento y desarrollo" desde la Adminsitración autonómica.
Por su parte, Castilla y León también ha hecho lo propio y ha declarado que será "muy beligerante" para defender la libertad de las 138 empresas procedentes de Cataluña. Así lo ha confirmado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández, quien ha destacado que "nadie debe condicionar la estancia de las empresas, no sabemos en qué consistirán esas medidas que ha anunciado Junts pero que el Gobierno ha callado, no sabemos qué impacto puede tener sobre las empresas".
Para el también consejero de Economía y Hacienda de la Junta una decisión como la exigida por Junts "atenta claramente contra la libertad de las empresas, contra los principios constitucionales y contra los principios constitutivos de la propia Unión Europea". "Aquí vamos a ser claramente muy beligerantes defendiendo la igualdad y la libertad porque ellos decidieron venir aquí y quieren seguir aquí y no creemos que el Gobierno deba hacer nada que cree disfunciones intentando cambiar una decisión que tomaron en plena libertad", ha relatado el jefe del Ejecutivo regional, que ha insistido en la necesidad de conocer lo pactado por Pedro Sánchez con Junts y ha urgido a la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para conocer cómo afectan estas decisiones al resto de autonomías.
Aragón también ha alzado la voz contra el Ejecutivo. El presidente Jorge Azcón ha afirmado que llegará "hasta donde haga falta", incluyendo las iniciativas judiciales, para defender sus intereses frente a "las mentiras y los chantajes" de los socios independentistas del Gobierno de España. "Si los catalanes viajan más barato lo pagamos el resto de los españoles", ha dicho Azcón, subrayando que "el problema fundamental es que los chantajes a Pedro Sánchez rompen el principio de igualdad" por lo que no descarta que vuelvan a convocarse movilizaciones ciudadanas contra los acuerdos pactados con Junts.
Al mismo tiempo, ha advertido de que no permitirá que a Aragón se le trate "como una comunidad de segunda" y ha rechazado "rotundamente" los "chantajes" y "la cesión constante de privilegios al independentismo", en alusión a "la negociación unilateral de los asuntos que nos afectan a todos".
Inmigración
Otro de los asuntos clave que han hecho saltar todas las alarmas al resto de CCAA es el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. En este sentido, Junts ha querido dejar claro que aspiran a que Cataluña pueda decidir la expulsión de inmigrantes reincidentes y el reparto de migrantes por comunidades, que hasta ahora lo realiza el Gobierno central.
En este sentido, la propia Generalitat, gobernada por ERC, ha pedido al Gobierno conocer "la letra pequeña" del traspaso de competencias en materia de inmigración porque "solo hay unos compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña". No obstante, desde el Govern ven "muy relevante" el acuerdo, aunque no lo haya negociado con el Ejecutivo. "Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía", ha recalcado la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà.
Asimismo, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha aprovechado la coyuntura para afirmar que el Gobierno debe "plasmar ya" el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política de inmigración que ya reclamó la legislatura pasada. Tras demandar al Estado español "seguridad jurídica y estabilidad", ha dicho que cree que corresponde a Pedro Sánchez iniciar una ronda con los presidentes autonómicos "y con el Lehendakari, en primer lugar" para abordar cuestiones pendientes.
Por su parte, el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado contundente al afirmar que "si estas competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras, todos estaríamos escandalizados". El presidente castellanomanchego ha señalado que "no es admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza". "No es progresista" ha anotado.
"Si por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero, por tanto, tranquilidad no puedo tener ninguna y sobre todo me preocupa que estas cosas sean objeto de mercadeo en el último minuto, porque un país serio no puede estar jugando con las cosas de comer de la manera que se está jugando", ha ahondado García-Page, para a continuación añadir que "sería la única competencia que no pondría en sus manos".
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de fabricar "una nación de facto" al ceder las competencias de migración a Cataluña, una "quimera" que se pagará "con el dinero de todos los españoles". Ayuso ha asegurado que esto da una imagen preocupante de España, ya que es un país que vive "extorsionado" y que se gestiona desde Ginebra. En este sentido, ha cuestionado que la Unión Europa permita que "de facto se fabrique una nación", "que es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración". "¿Qué va a hacer? ¿Fronteras también?", ha preguntado.
Finalmente, Canarias, Murcia y Baleares han solicitado además que se convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones para conocer la "letra pequeña" del acuerdo alcanzado porque una negociacioón entre el Gobierno y un partido político no puede "condenar" al resto.
