Mazón anuncia un plan para mantener las empresas llegadas de Cataluña y plantea recurrir al Constitucional

El presidente valenciano Carlos Mazón ha decidido dar un giro de tuerca en la polémica por la amenaza de Junts de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez sanciones a las empresas catalanas que trasladaron su sede tras el procés y no regresen a Cataluña. El líder del PP valenciano ha anunciado un plan de apoyo a las empresas que ya se encuentren instaladas en su región, además de encargar ya que se estudie un recurso de inconstitucionalidad por si finalmente sale adelante esa iniciativa.

"No vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a las empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses", aseguró Mazón esta mañana al ser cuestionado sobre la propuesta del partido independentista para dar su apoyo a los primeros decretos de Sánchez.

El presidente valenciano ha querido tranquilizar a las 974 empresas en que cifra las compañías que se instalaron en la Comunidad Valenciana a raíz del proceso independentista, entre las que destacan las sedes de CaixaBank en Valencia y Banco Sabadell en Alicante. Mazón ha declarado que se va a "defender su estabilidad, crecimiento y desarrollo" desde la Adminsitración autonómica.

Para ello el Gobierno de coalición de PP y Vox anuncia un plan de estabilización y de apoyo a las empresas que ya se encuentren instaladas en la Comunidad Valenciana, aunque no ha concretado las medidas incluidas en él.

Busca atraer más empresas descontentas

Pero no sólo eso, Mazón también quiere aprovechar para atraer otras empresas que vean con preocupación la situación política y el marco normativo en Cataluña. Así, lanzó una invitación a los empresarios catalanes "que busquen un espacio de confort, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos y con un entorno amable y positivo y no de multas y coacciones", para que "vengan a la Comunitat Valenciana a crear empleo y desarrollarse".

Además, la Generalitat Valenciana ya estudia los posibles mecanismos legales para poder evitar esa medida si finalmente el Gobierno la acepta. Según Mazón ya se ha planteado que la Abogacía General de la Generalitat pueda "interponer de manera urgente un recurso de inconstitucionalidad claro y evidente frente a este bochorno" si sale adelante.

Pese a las dudas legales de las sanciones planteadas, Mazón ha lamentado que nos estemos acostumbrando a que Pedro Sánchez "cumpla todos los arrodillamientos y tenemos las peores perspectivas para que vuelva a entregar todo lo que se le está pidiendo".

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