
Tras dejar Ciudadanos a principios de año, donde era portavoz en el parlamento valenciano, Ruth Merino fue un fichaje personal de Carlos Mazón. Al frente de Hacienda, además de batallar por la eterna reforma de la financiación autonómica que nunca llega, también ha asumido la portavocía del Ejecutivo de coalición de PP y Vox.
Se han mostrado muy críticos con los acuerdos de Pedro Sánchez, ¿por qué los consideran tan perjudiciales para la Comunidad Valenciana?
De momento lo que tenemos son acuerdos de partidos, de los que no sabemos si fiarnos porque ya hemos visto que el Gobierno de España, empezando por su presidente, suele cambiar de opinión y no nos podemos fiar demasiado de su palabra. Por lo que se sabe está todo focalizado en beneficiar a determinados territorios y lo que nos pueda tocar a los demás son daños colaterales o, en este caso. beneficios colaterales. Si por contentar a los independentistas y no quedar demasiado mal respecto al resto de españoles, algo le toca a la Comunidad Valenciana, vamos a reivindicar lo mismo o más. Pero realmente lo crucial para la Comunidad es la reforma de financiación autonómica. Lo demás son parches, pueden solucionar cosas muy concreta al relajar la deuda y pagar menos intereses, pero en breve estaremos igual.
Una quita de deuda sí que parece que beneficiaría a la región ¿porque hay recelo desde la Generalitat Valenciana a esa medida?
En ningún momento nadie ha dicho que renunciamos a una condonación de la deuda, lo que decimos es que esto debería ser secundario, no es lo prioritario, lo prioritario es lo otro. Eso sí, si hay una condonación de la duda para Cataluña qué es una comunidad que no está infrafinanciada, ¿cómo no va a haber una para los valencianos? Nosotros vamos a reivindicar y a exigir lo mismo o más, porque esta comunidad sí que ha dejado de recibir cientos de millones que le correspondían todos los años. Esa infrafinanciación reconocida, evidente y objetiva ha influido en que tengamos ese volumen deuda.
Desde la patronal CEV se cuantifica en unos 27.000 millones la deuda por la infrafinaciación, ¿sería un punto para empezar a negociar?
No sabemos cuál será el punto para empezar a negociar. Evidentemente las condiciones de financiación han influido en que la deuda sea mucho más elevada. La condonación de deuda, que se estima para Cataluña en 15.000 millones de euros, por lo que he leído se basa en el impacto de la crisis de 2008 sobre la deuda. Si se tomase eso como referencia las cifras serían otras. Nos han preguntado mucho qué cifra nos correspondería, pero es que no tenemos los criterios claros. Ni siquiera la ministra Montero lo tenía claro hace unos días.
En el pacto entre PSOE y Sumar se incluye reformar el modelo de financiación autonómica. ¿Es realista después de ocho años sin avances con el propio Botànic?
No me gusta ser pesimista, pero los precedentes no son buenos. Ha habido ocho años de Botánic, muchos de ellos con un gobierno del mismo color en el Gobierno de España y no hemos avanzado nada. Hemos visto muchas promesas, como la famosa de la ministra Montero de que en ocho meses estaría encima la mesa una propuesta de la reforma del sistema. De eso han pasado años, ya he perdido la cuenta. Ojalá se reformara pronto y ojalá hubiera una compensación a la Comunidad que le diera recursos suficientes, como figura en ese pacto de Sumar con los socialistas. Pero todo esto son soluciones temporales y queremos una solución definitiva. No solamente hablo de 2014, cuando caducó el sistema, sino de mucho antes. En cualquier estudio de años anteriores siempre estamos alrededor de 10 puntos por debajo de la media. Cuando esto es así un año y otro, al final influye no sólo en la calidad de los servicios sino en el endeudamiento desorbitado.
¿Han llegado a cuantificar lo que debería aportar ese fondo transitario hasta la reforma?
Tanto en este tema como en la condonación de la deuda no nos gusta entrar ni en mercadeos, ni en juegos de cifras en los que, al final, no se avanza. Lo que hay que hacer es tomarse en serio y convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera que trate estos temas y que esté tutelado por el Gobierno de España. Porque poner la pelota en el tejado de las CCAA supone que el tema se enquista. Hace dos años que se presentaron alegaciones por parte de los diferentes gobiernos autonómicos a la propuesta del sistema y la señora Montero las metió en un cajón y no ha hecho nada. Recientemente ha vuelto a poner la responsabilidad en las comunidades autónomas del Partido Popular como si no fuera responsabilidad suya el tutelar y dirigir una verdadera reforma. Todo lo demás es echar balones fuera y escurrir el bulto.
¿Cuáles son las líneas rojas de la Generalitat para negociar esa reforma del modelo?
No hemos planteado líneas rojas, para sentarse a negociar y dialogar lo peor es empezar a poner líneas rojas. Los partidos valencianos debemos estar unidos en esta cuestión, como en otros temas que son fundamentales y que el presidente Mazón repite, como el agua de Alicante, el puerto de Valencia y la cerámica en Castellón. Pero si se cumple como está firmado en los acuerdos que va a haber una comisión bilateral con Cataluña para la financiación, eso sería una línea roja. Me parece una falta de respeto hacia el resto de ciudadanos de este país. Esperemos que no se cumpla. De momento está escrito y los independentistas tienen en su mano apretar al Gobierno de Sánchez. Lo hemos visto estos últimos meses y esperemos que haya altura de miras para decir basta.
¿Un acuerdo exclusivo con Cataluña para financiación dinamitaría el sistema actual?
Creo que perdería toda la razón de ser, porque el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es lo que es, con las comunidades de Régimen Común y donde está claro que País Vasco y Navarra juegan por su lado. Me parece que empezar esa negociación bilateral sería una traición al resto de comunidades. Desde luego no te puedes descabalgar y decir me bajo del sistema autonómico. Sería saltarse reglas muy básicas en las que está basada la democracia de este país y sería muy grave.
¿Desde el Ministerio aún no se han dirigido al Consell para plantear reuniones o plazos?
Hace unos meses, en septiembre, le escribí una carta a la ministra porque necesitábamos para elaborar el presupuesto ciertos datos que nos tenían que haber proporcionado. No he recibido ninguna respuesta. De momento nos guiamos por titulares de periódico y por frases de entrevistas, pero no tenemos ninguna comunicación oficial.
¿La situación financiera de la Generalitat es la que se esperaba antes de llegar al cargo?
Las grandes cifras ya las conocíamos, pero desde luego cuando entras a conocer un poco más en profundidad ves que se podía haber hecho mucho mejor. En ello estamos y nos queda mucho margen de mejora. He oído muchas veces al Gobierno anterior decir que no pasaba nada con la deuda y con el FLA, pero al final vamos a pagar 900 millones de intereses por esa deuda en 2024, es una barbaridad. Se podría hacer muchísimas cosas con ese dinero.
En sus presupuestos crece el gasto y reducen inversiones, algo que criticaban a sus antecesores.
Hay varios puntos fundamentales en este presupuesto el primero es que el gasto social, el gasto real dedicado a Sanidad, Educación, Dependencia y Vivienda, se consolida. Eso quiere decir que no hay recortes. Lo que hemos hecho con el resto de Consellerías o con las áreas más de inversión ha sido ajustarnos a la realidad. El anterior Gobierno nos tenía acostumbrados a unos presupuestos excesivamente expansivos en los que después los capítulos de inversiones no se ejecutaban, muchas veces se quedaban en porcentajes alrededor del 20%.
En los Presupuestos y en la Ley de Acompañamiento se recogen sus primeras rebajas fiscales, ¿qué plazos se fijan para aplicar las pendientes?
Hemos dado los primeros pasos en esta reforma que es un alivio fiscal sobre todo para para las rentas medias y bajas. El primer punto fue la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para la inmensa mayoría de los casos, que ya está aprobado. También hemos incluido deducciones en el IRPF y tipos reducidos para la adquisición de viviendas para jóvenes. En la hoja de ruta de Gobierno está acometer muchas más rebajas fiscales porque venimos de ser la comunidad con una presión fiscal de las más altas de España.
Precisamente una de las promesas electorales era la supresión de Patrimonio.
De momento, lo que se hará es que el incremento de tipos que había previsto el Botánic a partir del 31 de diciembre no se va a producir. Luego hay que tener en cuenta y estudiar lo que ocurre con el impuesto de grandes fortunas y si se consolida. De una forma u otra, elevando el mínimo exento, rebajando los tipos o con otras fórmulas, lo ajustaremos para que esté impuesto desaparezca. Pero no vamos a suprimirlo para que el Estado se lleve esos ingresos que hasta ahora eran de las arcas autonómicas con el impuesto de grandes fortunas.
También han anunciado un plan para simplificar la burocracia, ¿qué objetivos se marcan?
Se ha creado una dirección general dedicada exclusivamente a Simplificación Administrativa y hay una premisa que es básica: pensar que el emprendedor, el empresario o quien hace una obra o una reforma no es un presunto culpable de nada, es un presunto inocente y lo que tenemos que hacer es ayudarle. Es algo en corcondancia el alivio fiscal, el alivio burocrático también para ser una comunidad de puertas abiertas y no molestar a quien quiera emprender aquí.