Barcelona
Junts per Catalunya pone el retorno de las empresas a Cataluña como una de sus prioridades en su agenda. La formación independentista, clave para que el Gobierno pueda sacar adelante sus decretos anticrisis, ha planteado este martes que el Ejecutivo incluya sanciones a las compañías que declinen regresar a la comunidad autónoma tras salir en 2017. La reacción socialista no se hizo esperar: "Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas".
El vicepresidente de JxCat, Josep Rius, sostuvo en declaraciones a la Cadena SER que las empresas que regresen al territorio puedan tener incentivos "y que, aquellas que no lo hagan sean sancionadas".
Así, la formación independentista pide que se suspenda el decreto ley aprobado por el PP en 2017 que facilitó la salida de las compañías catalanas preocupadas por el procés. "Parece complicado de entender que el Gobierno mantenga en vigor un decreto que perjudica a la economía catalana", lamentó Rius.
De este modo, JxCat se mantiene en un 'no' hacia las posiciones del Gobierno, aunque se mostró abierta a acuerdos. Además, el dirigente catalán recordó que las sanciones son solo una de las medidas que su partido solicita. La entidad catalana también demanda no aumentar el IVA a la energía, eliminar los impuestos al aceite, incrementar del 10% al 16% los fondos europeos para digitalizar la justicia catalana y no reformar el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil.
El portavoz del PSOE, Patxi López, se mostró tibio con las demandas de Junts. Admitió que el Gobierno está dispuesto a "facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña", pero rechazó la posibilidad de aplicar sanciones a aquellas que no lo hagan.
En la misma línea se pronunció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. "Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas", dijo ante los medios de comunicación.
Por su parte, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que no contemplan multar ni dar incentivos fiscales a las empresas que trasladaron su sede social durante el proceso independentista para que regresen a Cataluña. Ha apostillado que dar incentivos a las empresas que movieron sus sedes a otras autonomías supondría un "agravio" hacia las que las mantuvieron.
La reacción del mundo empresarial
Tras conocerse las demandas de Junts, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, ha opinado que, pese a que desconoce los argumentos de fondo de las exigencias de Junts, le "cuesta entender" su postura respecto a sanciones, y ha afirmado que la pérdida de sedes sociales de empresas catalanas es "una mala señal y situación" y que lo deseable es su retorno, para lo que se deben producir condiciones adecuadas: "Tenemos que hacer todo lo que podamos, y cuanto más en positivo, mejor".
Asimismo, ha ido más allá y ha instado a no limitarse al debate sobre las sedes sociales de empresas catalanas que cambiaron de ubicación en 2017, sino a dedicar esfuerzos para atraer inversiones y empresas de todo el mundo: "Las mejores, las que pueden aportar valor y las menores externalidades negativas".
Mientras, desde Foment del Treball, una de las instituciones económicas que lleva años insistiendo en el retorno de las sedes, remarcan su postura. "Dijimos que para facilitar el retorno de las sedes hay que facilitar un clima de normalidad institucional y un ambiente propicio para la actividad empresarial. No creemos en sanciones ni incentivos", explicaron fuentes de la patronal.
En este sentido, Foment ha emitido un comunicado en el que muestra su rechazo "a este tipo de propuestas". La patronal afirma categóricamente que "no es una política económica aceptable" y recuerda que, como ya ha dicho varias veces su presidente, Josep Sánchez Llibre, Foment rechaza que el regreso de las empresas deba basarse en sanciones o incentivos a las compañías. Es más, la patronal catalana también se muestra contraria a las propuestas de Junts referentes a que las empresas que vuelvan o aquellas que mantuvieron su sede en Cataluña se puedan beneficiar de "incentivos fiscales".
Por contra, Pimec –la patronal catalana de las pymes-, se reafirma en su propuesta de diciembre, cuando ya propuso que se incentivase a las empresas que ubiquen su sede social donde desarrollen su actividad empresarial "con la voluntad de acabar con el dumping fiscal y favorecer la vuelta de las compañías". Con todo, fuentes de la patronal recalcan que su planteamiento no pasa en ningún caso por sancionar a ninguna empresa.
"Atentado contra la libertad de las empresas"
Fuera de Cataluña, la reacción fue de rechazo. Un ejemplo, las palabras de la consellera de Hacienda y portavoz de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, se mostró muy crítica con la que calificó como "una ocurrencia" del partido independentista. Para el Gobierno valenciano, además de romper "la igualdad entre españoles" como ya ocurre con sus propuestas en financiación, "en este caso atentando y coaccionando contra la libertad de las empresas".
En un tono similar se expresó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuando fue preguntado por la cuestión. En declaraciones a RNE sostuvo que las empresas tienen derecho "a instalarse e invertir donde quieran". Para el directivo, la propuesta de Junts "se llama regulación en vena o se llama comunismo".
