El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que Junts quiera cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyos para el Gobierno y ha señalado que hacer eso "se llama regulación en vena o se llama comunismo".
Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que esta medida sería la mejor forma de que no se creen empresas y ha dejado claro que éstas "tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran".
El líder de la CEOE ha subrayado que las empresas no abandonaron Cataluña "por placer", sino porque "no les quedaba otro remedio y con muchísimo dolor". "Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo 'usted vuelve porque si no le multan'. No sé ni si es constitucional, pero es que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal", ha afirmado.
Para Garamendi, lo que hay que hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña "con auténtica tristeza" puedan volver a su tierra.
La formación independentista, clave para que el Gobierno pueda sacar adelante sus decretos anticrisis, ha planteado este martes que el Ejecutivo incluya sanciones a las compañías que declinen regresar a la comunidad autónoma tras salir en 2017. El vicepresidente de JxCat, Josep Rius, sostuvo en declaraciones a la Cadena SER que las empresas que regresen al territorio puedan tener incentivos "y que, aquellas que no lo hagan sean sancionadas".
Así, la formación independentista pide que se suspenda el decreto ley aprobado por el PP en 2017 que facilitó la salida de las compañías catalanas preocupadas por el procés. "Parece complicado de entender que el Gobierno mantenga en vigor un decreto que perjudica a la economía catalana", lamentó Rius.
Por su parte, la consellera de Hacienda y portavoz de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, se mostrado hoy muy crítica con la que calificó como "una ocurrencia" del partido independentista. Para el Gobierno valenciano, además de romper "la igualdad entre españoles" como ya ocurre con sus propuestas en financiación, "en este caso atentando y coaccionando contra la libertad de las empresas".