La exigencia de Junts de sancionar a empresas transgrede la ley europea

Las exigencias de Junts respecto a sanciones e incentivos para el retorno de sedes empresariales a Cataluña, como condición para apoyar los decretos anticrisis del Gobierno, chocan contra la legislación y la jurisprudencia no solo de España, sino de la Unión Europea, según han explicado a elEconomista.es fuentes jurídicas.

Es especialmente incompatible con el Derecho comunitario la propuesta de multar a las empresas que movieron su sede social fuera de Cataluña a raíz del procés, sobre todo en 2017, y que ahora rechacen reubicarla en territorio catalán: "Es jurídicamente imposible porque es contrario a las directivas comunitarias, que van en sentido contrario, hacia la liberalización", indica un especialista en Derecho mercantil. Agrega que las sentencias del TJUE también avalan la libertad de las sociedades sobre dónde ubicar su sede social.

En este sentido, reconoce que hay jurisprudencia que avala que el domicilio social de las compañías debe ubicarse en su "centro de intereses principal", sobre todo para proteger a terceros, pero que ello no ha impedido que muchas compañías españolas hayan movido su sede incluso a otros países, teniendo en cuenta que los negocios son cada vez más globales.

De hecho, la Ley de Sociedades de Capital española señala que éstas deben fijar su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación, y que las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España. Pero no entra en niveles territoriales más reducidos, como comunidades autónomas o provincias, sino en el ámbito nacional.

¿Ayudas de Estado?

Respecto a incentivos, las regiones y ayuntamientos los han usado tradicionalmente para atraer inversiones, a través de ayudas fiscales o de otra índole, pero tampoco es posible facilitar el retorno de sedes a través de cambios en la Ley de Sociedades: "No tiene pies ni cabeza", indican fuentes consultadas.

Además, según Pedro Callol, del bufete Callol, Coca y Asociados, incentivar el regreso de sedes sociales a Cataluña mediante ventajas fiscales o ayudas directas o indirectas podría constituir una ayuda de Estado, lo que no está permitido por regla general por la normativa comunitaria.

Explica que, según el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier ventaja por un Estado miembro a una empresa o categoría de empresas que afecte a la competencia, salvo por las excepciones basadas en los arts. 107.2 o 107.3, es una ayuda ilegal de Estado. "No se puede conceder una ayuda ilegal y si se da, deberá ser recuperada de las empresas beneficiarias más tarde con intereses. No parece claro, por otra parte, que una ayuda de ese tipo cayera dentro de las categorías de excepciones", explica. Además el artículo 108.3 TFUE último párrafo, que establece la prohibición general de los Estados de conceder ayudas de Estado no justificadas por las excepciones previstas, tiene efecto directo, con lo que los tribunales nacionales competentes tendrían potestad para detener la ejecución de estas ayudas y, en su caso, solicitar la devolución.

Callol apunta que una ventaja de cualquier forma o tipo a una empresa para que se traslade a un lugar de España podría ser contraria a la competencia entre empresas (que pueden ser catalanas y españolas, o no) y solo estaría claramente justificada, por ejemplo, si se trata de regiones deprimidas o muy pobres o por otra de las justificaciones admitidas por la normativa de ayudas de Estado.

El Gobierno busca un entendimiento con Junts

En cualquier caso, el Gobierno busca un entendimiento con Junts sobre tres bases: "Facilitar que las empresas vuelvan, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital y garantizar la seguridad jurídica", según el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, defendió ayer que no contemplan multar ni dar incentivos fiscales a las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña, y que bonificar su regreso supondría un "agravio" hacia las que se mantuvieron.

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