Mientras Pedro Sánchez protagonizaba su enésima y vergonzosa claudicación ante su jefe Puigdemont negando el terrorismo de los golpistas catalanes que todos hemos visto en directo y diferido en contra de lo que dictan la Constitución, el Código Penal, la legislación europea, de los jueces, de la razón y de la verdad, en círculos parlamentarios socialistas reconocen ya sotto voce lo que muchos analistas empezaban a intuir: que en el trasfondo de la amnistía subyace la imperiosa necesidad de aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
En Moncloa y en Ferraz son conscientes de que sólo la aprobación de unas nuevas cuentas del Estado puede permitir que sea Sánchez quien decida la duración de la legislatura, como reza la consigna que tras el rechazo del Congreso a la Ley de Amnistía, repiten como zombis desde el Gobierno, el partido y los medios serviles al sanchismo, cuando en realidad la llave la tiene el prófugo de la Justicia.
Claro que, por si acaso las nuevas concesiones que preparan para el peaje de los puigdemones no consiguen encandilar a quien maneja los hilos desde Waterloo, en el entorno de la Presidencia están trabajando ya el "Plan B" para prorrogar los presupuestos actuales. Decisión esta que le permitiría aguantar al menos este año y apurando incluso en 2025.
Coincido con mi compañero, maestro y amigo Hernando F. Calleja en que la prórroga presupuestaria tendría dos elementos positivos, que el techo de gasto no crecería el "descabellado" 9,3% previsto por el Gobierno y que se vería obligado a desistir de ampliar en 100.000 personas el número de empleados públicos que son los que maquillan las estadísticas del paro. Pero, a pesar de esto, y siendo cierto que con los presupuestos prorrogados también se vive, habría que matizar que más que se vive, se sobrevive y se malvive.
Recordar que los Presupuestos Generales del Estado son la ley que define y conforma la política económica del Gobierno, y en ellos se incluyen las inversiones comprometidas, la política fiscal y todos los gastos en servicios y prestaciones sociales. Por tanto la primera consecuencia de la prórroga, que sería la novena desde la Transición, desde el punto de vista económico sería hacer prácticamente imposible el cumplimiento de la agenda social del Ejecutivo, dado que estará limitado para ejecutar nuevos programas o medidas que requieran asignaciones presupuestarias adicionales o distintas a las que había en los presupuestos prorrogados.
Al mismo tiempo la prórroga reduce la capacidad del Gobierno, y por ende del Estado, para adaptarse a los cambios en el escenario macroeconómico europeo y mundial. Y ello en un escenario internacional marcado por los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Medio y en los que la Comisión Europea ha ordenado la vuelta a las reglas fiscales con un déficit público que deberá situarse en torno al 3% del PIB – estamos por encima del 4%-, mientras que la deuda deberá reducir se hasta el 70% del PIB, frente al 113% actual. Con el riesgo añadido de que España se enfrente a una paralización o retraso en el envío de los fondos europeos. De hecho, la exvicepresidenta economía y hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ya ha advertido que los presupuestos "determinan el marco para poder desplegar esos préstamos".
Riesgos económicos a los que se suma el deterioro, que la prórroga presupuestaria supone, para la imagen internacional de España, al reflejar una inestabilidad política y una inseguridad jurídica ante los inversores internacionales que se traduce en una aumento de los intereses de la deuda y en caída de inversiones nacionales y extranjeras. Y, como hemos repetido aquí de forma reiterada, sin inversión no hay crecimiento económico ni creación de empleo.
