Aún estando, como estamos, acostumbrados ya a los cambios de opinión, contradicciones y deserciones de Pedro Sánchez, también en política internacional -desde la entrega del Sáhara a Marruecos hasta sus apoyos y avenencias con los terroristas de Hamás pasando por los pasaportes de Kósovo- no deja de resultar inaudito y bochornoso el rechazo del Gobierno a participar en la operación contra los piratas hutíes en el Mar Rojo que lidera EEUU y apoyada por una coalición de nuestros aliados occidentales, a los que una vez más, el sanchismo gobernante ha vuelto a abandonar y a defraudar.
Deserción esta que, no sólo ahonda en el desprestigio, el descrédito y la irrelevancia internacional de España, sino que supone no sólo una dejación de nuestros compromisos con la seguridad y la libertad del comercio mundial sino también de la defensa de nuestros propios intereses económicos como país y con los de nuestras empresas en una crisis que ha disparado ya un 170% los costes del transporte marítimo – los últimos días de diciembre se hablaba de precios de 1.700 euros por contenedor, cuando estaban a 650 euros en la misma ruta- y que supone un duro golpe para países importadores de energía como España, que el año pasado importó en torno a un 5% del gas desde Catar.
Entre las miles de millones de toneladas de carga que atraviesan esta ruta, cada día pasan unos 4,5 millones de barriles de petróleo con destino a Occidente, además del 8% de los cargamentos mundiales de gas natural licuado (GNL) por lo que es una arteria vital para el suministro mundial de energía.
Por ello, el objetivo prioritario de esta misión internacional es garantizar la seguridad de los buques mercantes que navegan por el Mar Rojo, especialmente, a su paso por Yemen, donde los hutíes, respaldados por Irán, vienen perpetrando ataques contra numerosas embarcaciones en respuesta a las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza, en su guerra contra los terroristas de Hamás. Los datos más fiables estiman que en torno al 15% del comercio mundial navega por las aguas del Mar Rojo, una zona marítima de 2.200 kilómetros de largo por la que circulan cada año cerca de 20.000 cargueros.
Sin embargo, el secuestro de más de una docena de buques en la zona ha obligado a varias empresas navieras a desviar sus itinerarios comerciales hacia otros destinos como el Cabo de Buena Esperanza. La ruta, que bordea el continente africano, es más tranquila, pero también más larga, por lo que los costes del transporte aumentan considerablemente. Este incremento de los precios se mantenía constante y barato, pero los datos del último índice realizado por la consultora Drewry muestran que en las últimas semanas de 2023 y las primeras de este año, se han disparado, pasando de un 9,2% a finales de diciembre a un 61%.
La Unión Europea, incluida España, y Turquía son los principales perjudicados por esta piratería que, al final, terminamos pagando y soportando los consumidores y las empresas por dos vías, los precios con el consiguiente incremento de la inflación, y el desabastecimiento de los bienes necesarios para producir y consumir. De hecho las empresas españoles muestran han dado ya señales de alarma por los retrasos en el suministro de material electrónico caucho y madera, entre otros; mientras que la industria amenaza con parar las máquinas por el conflicto.
Pero de esto parece que el Gobierno, que hasta ahora ha incumplido su obligación de explicar a todo los ciudadanos el porqué de esta defección de la coalición internacional, no se entera, no quiere enterarse o no le importa y a Puigdemont, que es el auténtico presidente del Gobierno de España, aunque permita a Sánchez dormir en La Moncloa, menos todavía.
