El mundo se enfrenta a una de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos más reñidas de las últimas décadas. Tras cuatro años de incesantes polémicas que han marcado el mandato del presidente Trump, la relación económica entre Estados Unidos y Europa pasa por uno de sus peores momentos.

La formulación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se reafirma en los supuestos y la arquitectura (tanto en el fondo como en la forma) del Plan Presupuestario 2021 presentado hace unos días a la Comisión Europea, compuesto por dos elementos esenciales: por un lado, se define una política fiscal híper-expansiva por la vía del gasto, con un incremento del 41% que es totalmente injustificable por la acción de los estabilizadores automáticos (incluso suponiendo más prórrogas de los ERTE) y el gasto sanitario debido a las olas de la pandemia. Y, por otro lado, la ausencia de un plan creíble de consolidación fiscal tal como pide a partir de 2021 la Comisión Europea y así se estableció en las conclusiones del Consejo Europeo del 21 de julio. Este Presupuesto introduce a España en una espiral de déficit y deuda, de la cual será extraordinariamente difícil de salir por cauces 'normales' sin contar con un rescate europeo.

La publicación del dato de deuda pública sobre PIB realizada por el Banco de España, el cual se sitúa en el 110%, reabre el debate sobre los costes a largo plazo que tiene una deuda que supera con creces la producción anual de la economía. Con independencia de que el 'aterrizaje' de la actual política fiscal expansiva con motivo de la crisis del 'coronavirus' sea 'suave' (tal como ha enviado el Gobierno en el Plan Presupuestario 2021 a la Comisión Europea) o 'forzoso' (se necesite un apoyo financiero condicionado del MEDE junto a un duro plan de ajuste a medio plazo), la presencia de una deuda muy alta genera efectos depresivos en etapas de expansión, restando potencial de crecimiento a largo plazo y haciendo más frecuentes episodios de crisis financieras.

La evolución económica prevista para los próximos trimestres, unida a la actual política económica del Gobierno Sánchez-Iglesias, aboca a España a una nueva etapa próxima de austeridad que devuelva al sector público a la senda de la estabilidad presupuestaria y el control de la Deuda Pública, dando cumplimiento al principio constitucional establecido en 2011 mediante la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española, gracias al cual se pudo salvar un rescate total de España pero no evitó un rescate parcial en 2012 al provocar el Gobierno Rajoy la quiebra de las cajas de ahorros fusionadas.