Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

Los analistas llevan lustros advirtiendo de que el mercado laboral español se asoma a un agujero demográfico que amenaza con lastrar tanto la creación de puestos de trabajo como la actividad empresarial. Ahora los datos muestran que esta amenaza ya es una realidad: el indicador más utilizado para estimar el suministro disponible de mano de obra de una economía, el porcentaje de población activa entre 25 y 54 años se ha reducido a mínimos históricos por debajo del 73%, tras perder siete puntos en la última década.

La inflación desbocada en los dos últimos años ha convertido los sueldos en la gran preocupación que comparten trabajadores, empresas, patronales, sindicatos, bancos centrales, instituciones nacionales e internacionales y, por supuesto, los gobiernos. Los de la Unión Europea no han sido una excepción, y se han lanzado a una carrera para elevar los salarios mínimos que Bruselas pretende ordenar con una directiva que España deberá transponer en la próxima Legislatura. Una norma que supone la oportunidad de despolitizar este indicador y diseñar un sistema más transparente para fijarlo, aunque los planes de los partidos que aspiran a componer el próximo Ejecutivo parecen avanzar en otra dirección.

Tras más de tres lustros de debate, el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva reforma de pensiones en Países Bajos, que introduce novedades en un modelo mixto que para algunos analistas recuerdan poderosamente al chileno. La pregunta sobre los motivos por los que el considerado como mejor sistema de pensiones del mundo va en dirección contraria a la aprobada por José Luis Escrivá y se mira en el espejo de uno de los más polémicos, reabre el debate en nuestro país sobre el modelo para financiar las prestaciones.

La cita electoral del 23 de julio llega un año y medio después de la entrada en vigor de la primera gran reforma laboral en una década. Una norma que ha transformado el mercado de trabajo, aunque el alcance de sus efectos sigue siendo objeto de un debate político y económico tan intenso que parece estar pasando por alto muchos de los desafíos pendientes para la próxima Legislatura, desde la elevada precariedad de los puestos de trabajo, más allá de la menor temporalidad, a la necesidad de una nueva regulación del despido. Por no hablar de políticas laborales que tengan verdaderamente en cuenta el reto demográfico.

El debate sobre el impacto de la reforma laboral se ha centrado más en la calidad del nuevo empleo indefinido creado que en la de los puestos eventuales que se siguen creando. Ello a pesar de que el 57,7% de los contratos firmados en junio son temporales. Un 35,7% de ellos duraron menos de siete días, casi cinco puntos más que en 2019, a pesar de que la norma incluyó medidas específicamente dirigidas a penalizar estas contrataciones de muy corta duración.

Actuar sobre el coste del despido es una de las medidas 'clásicas' que muchos economistas recetan recurrentemente para para mejorar la calidad del empleo, sobre todo cuando se acerca una campaña electoral, ante la renuencia de los partidos políticos a incluirla explícitamente en sus programas. La de los comicios del próximo 23 de julio no ha sido una excepción, aunque el contexto con un récord histórico con 385.292 despidos en lo que va de 2023, un 43% más que en 2022, quizá obliga a replantear esta idea.

La propuesta de Yolanda Díaz de implantar una 'herencia universal' de 20.000 euros para los jóvenes ha puesto en el centro del debate electoral español una idea que circula en el debate académico desde hace un lustro y que el Gobierno de coalición ya avaló estudiar en su prospectiva de reformas para 2050. Pero en qué consistiría, cómo se materializaría y cómo se financiaría una medida que hasta ese año supondría un coste de más de 290.000 millones son preguntas que siguen pendientes de respuesta.

El programa electoral del PP promete acabar con el 'sanchismo', como denominan al legado político y económico del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero resulta sorprendentemente coherente con lo que se podría denominar como el 'yolandismo', es decir, las medidas en materia laboral aprobadas por Yolanda Díaz, líder de Sumar pero también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el Ejecutivo de coalición. El plan 'popular' no solo descarta derogar la reforma laboral, sino que no contempla ningún ajuste en la misma. Ni siquiera en la polémica de los fijos discontinuos, que, igual que la propia norma, no aparecen mencionados ni una vez en las 365 medidas que contiene.

España no es solo el país con más desempleo de la zona euro, también es el más volátil y sensible a los ciclos económicos. Esto contribuye a explicar 'misterios' como que haya más personas trabajando que nunca, pero el paro siga casi cinco puntos por encima de su mínimo histórico. Esta volatilidad castiga especialmente a los jóvenes, cuyo diferencial con la del resto de edades se sitúa en 16,9 puntos porcentuales. Es el más elevado más elevado de la zona euro, cuando hace 16 años ocupaba el noveno puesto.

Los datos de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social del mes de junio encierran un dato poco optimista sobre la consolidación de la calidad del mercado laboral español: los ocupados con un contrato de carácter temporal han crecido más que los indefinidos en términos mensuales por primera vez desde que se aprobó la reforma laboral. Y la diferencia no es menor: los asalariados con un empleo eventual aumentaron en el paso mes en 68.323, frente a los 15.671 que se incrementaron los indefinidos.