Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

Los datos de la EPA del segundo trimestre del año, que previsiblemente tendrán continuidad en los meses de verano, parecen haber superado hasta las previsiones del Gobierno en funciones, que ahora incluso ve posible lograr el pleno empleo. Unas cifras que siguen la tendencia del resto de la Unión Europea, donde el comportamiento del mercado laboral parece responder a los patrones de una fase expansiva inmune a cualquier incertidumbre. Sin embargo, es precisamente la comparativa con nuestros vecinos la que echa un jarro de agua fría sobre el optimismo laboral en España.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre rompieron la barrera de la tasa de paro del 12%, situándolo el 11,6%, el nivel más bajo desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, aunque siguen lejos del mínimo del 7,9% anotado en 2007. Pero esto no impidió al Gobierno dejarse llevar por la euforia y asegurar que el pleno empleo "está al alcance de la mano". El problema es que los datos no avalan este triunfalismo.

Entre las muchas promesas electorales que han marcado la campaña electoral destaca un clásico en materia laboral: la 'quiniela' de cuánto crecerá el empleo y se reducirá el paro en la próxima Legislatura. Mientras el PP prometía alcanzar los 22 millones de ocupados, el PSOE se ponía como objetivo el "pleno empleo". Pero ambos compromisos chocan con el muro de un paro estructural (el mínimo de desempleo que alcanza una economía sin medidas extraordinarias ni reformas de calado) que puede haberse elevado entre cuatro y cinco puntos respecto a los niveles previos a la crisis financiera.

Si hay un debate que ha marcado el cierre de la Legislatura en materia laboral ha sido el análisis de los efectos de la reforma laboral en la  calidad del empleo. Y es que el 74% de los contratos registrados en junio tienen carácter eventual, sumando el 57% de contratos temporales propiamente dichos y el 17% de indefinidos fijos discontinuos. Ello en un escenario en el que la contratación de los indefinidos ordinarios cae un 22% y todo apunta a que el efecto de la norma ha tocado techo.

El enfriamiento de los precios el pasado mes de junio no hizo mella en la carrera salarial en la que las empresas españolas se hayan inmersas para lograr fichar trabajadores. Los sueldos ofertados en las vacantes de empleo se dispararon un 5,95% interanual. Un incremento que se sitúa por primera vez como el más elevado de la zona euro, batiendo por dos centésimas al registrado en Alemania. Pero también, por casi nueve décimas, al de Estados Unidos.

Las estimaciones adelantadas de desigualdad de ingresos publicadas por Eurostat apuntan a que los mayores de 65 años en España han resistido el embate de la pandemia y la incertidumbre económica en mejores condiciones que en otros países europeos. Al menos en términos de un riesgo de pobreza que, por el contrario, se ceba en los menores de 17 años, que registran los datos más preocupantes de toda la UE.

La Legislatura concluye con un repunte del 6,2% de los cotizantes al Régimen General de la Seguridad Social, que además han visto mejoradas sus retribuciones en una media de 230 euros al mes. Pero existe un grupo de trabajadores que se han visto especialmente beneficiados: los funcionarios. Han elevado el número de asalariados un 9,23% y sus bases de cotización en 274 euros. Es decir, un 19,3% más que la media de asalariados.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social concluyen en la Legislatura en máximos históricos, tras crecer un 10% en el último año, frente al 1,8% que lo hicieron los españoles. Este mayor dinamismo explica que, aunque solo suponen un 12,8% del empleo en nuestro país, aportan un 43% del creado en los últimos 12 meses. Sin embargo, sus ingresos siguen muy por debajo: los asalariados ganan un 22,4% de media menos que los nacionales. Algo que cuestiona tanto la calidad de sus empleos como que sean la garantía de la sostenibilidad de la Seguridad Social.

El pasado mes de junio registró 1,053 millones de personas que tienen un trabajo pero están inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos, un 20,1% más que un año antes y un 25,7% más que cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Es la cifra más alta de la seria histórica en ese mes, si no contamos 2020 y 2021, ejercicios marcados por el récord de ERTEs. Diluido el impacto de estos, el repunte solo puede achacarse a los fijos discontinuos inactivos, que han llevado a la paradoja de que un 24,7% de los apuntados al paro sean personas con un trabajo, casi siete puntos más que en junio de 2018.

En los últimos años, la falta de talento 'tech' ha sido una de las constantes en el debate económico y laboral en España. Los problemas para encontrar trabajadores en los campos de la tecnología y la informática han sido denunciados por empresas, patronales y organismos como el Banco de España, mientras las vacantes por cubrir se cifran, de manera recurrente, en el entorno de las 120.000. Pero un análisis publicado por Eurostat sitúa estas afirmaciones en un contexto europeo más amplio, con un resultado inesperado: las compañías españolas son las que menores problemas tienen para contratar en este ámbito. Pero también están ente las que menos lo hacen.