El pasado mes de junio registró 1,053 millones de personas que tienen un trabajo pero están inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos, un 20,1% más que un año antes y un 25,7% más que cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Es la cifra más alta de la seria histórica en ese mes, si no contamos 2020 y 2021, ejercicios marcados por el récord de ERTEs. Diluido el impacto de estos, el repunte solo puede achacarse a los fijos discontinuos inactivos, que han llevado a la paradoja de que un 24,7% de los apuntados al paro sean personas con un trabajo, casi siete puntos más que en junio de 2018.
Que los trabajadores se inscriban en los servicios públicos, lo que se conoce coloquialmente como 'apuntarse al paro', no es nada excepcional en Europa. Es algo tan normal como actualizar el currículo o consultar ofertas en cualquier portal o plataforma digital. Y se considera igual de eficaz, tanto para los candidatos como para las empresas. Esta confianza en los organismos públicos como intermediadores entre la oferta y la demanda de empleos explica, por poner un ejemplo, que la web del servicio público estatal francés, por ejemplo, registre en julio 1,2 millones de ofertas. Su equivalente español, el portal Empléate, apenas supera las 25.000.
En España, ante los malos resultados de intermediación del Sistema Nacional de Empleo (compuesto por el SEPE y los servicios autonómicos), se considera que los trabajadores no se inscriben para buscar un puesto mejor o uno adicional que compatibilizar con el principal, sino para cobrar prestaciones. Especialmente en el caso de los afectados por ERTE y los fijos discontinuos. Este es el motivo por el que, a lo largo de toda la Legislatura han sido incluso fuente de sospecha sobre una manipulación de los datos del paro. Unas acusaciones que parecen avaladas por la poca claridad de las estadísticas publicadas.
Y es que los datos que cada mes publica el SEPE registran dos tipos de demandantes ocupados: los ocupados propiamente dichos y los que tienen relación laboral. Pero ¿en qué se diferencian? No queda claro ni en el análisis de los datos ni en la metodología que los acompaña. Aunque los fijos discontinuos, como ha reconocido el propio Ministerio de Trabajo, se integran principalmente en la segunda categoría, mientras que los afectados por ERTE se reparten entre ambas.
Lo que dejan claros los datos es que el incremento de 2023 responde a los demandantes con relación laboral, que han crecido un 119%, con 579.842, un dato que también más que duplica las tasas previas a la pandemia, mientras los demandantes ocupados han caído un 19,5%. Una evolución que apunta directamente al impacto de la reforma laboral.
Pero no aparece desglosado cuáles de estas personas tiene suspendido su empleo por alguno de estos estos dos motivos (estén cobrando ono una prestación) o realmente están trabajando, pero se inscriben porque buscan un empleo mejor o por más horas. En el caso de las personas que perciben el subsidio especial agrario (antiguo PER), esta prevención sí está claramente recogida y tienen su propia columna entre los demandantes no ocupados (DENOS).
En el marco de esta polémica, hay que recordar el colapso que sufrieron las oficinas de empleo en 2020, con el alta de casi 4 millones de demandantes con relación laboral procedentes de los ERTEs, lo cual obligó a un esfuerzo ingente de los funcionarios autonómicos y estadísticos para gestionarlos, lo cual repercutió también en el recuento estadístico. Hasta el punto de que fue el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social el que asumió la contabilidad de estos casos.
Pero tras dejar atrás la pandemia, y reducirse a menos de 15.000 los afectados por estas suspensiones, las dudas han vuelto a resurgir con ocasión de la reforma laboral y el caso de los trabajadores con contratos fijos discontinuos inactivos que han finalizado el llamamiento e incluso son dado de baja como afiliados (algo que no ocurre con los afectos por ERTE) y también generan derecho a cobrar una prestación. Pero como siguen ligados por un contrato tampoco cuentan como parados.
A lo largo de los últimos años, se han planteado varios modelos para intentar determinar cuántas personas ocupadas pero que no trabajan están apuntadas como demandantes y no como parados, pero ni siquiera los servicios públicos de empleo autonómicos (que tienen la competencia de registrarlos), el SEPE o el Ministerio de Trabajo parecen ser capaces de aclarar no solo las dudas sino los errores que se han producido, como el que obligó a 'borrar' en 2022 a más de 100.000 parados que en realidad eran fijos discontinuos inactivos y debían haber sido apuntados como demandantes con relación laboral.
La única cifra 'oficial' está en la respuesta parlamentaria que Trabajo remitió en marzo al PP en la que reconocía que a cierre de 2022 había más de 400.000 fijos discontinuos inactivos "excluidos" del paro registrado, aunque el departamento que dirige Yolanda Díaz se apresuró a insistir en que la cifra era parcial y prometió publicar un desglose completo. Algo que no ha llegado a materializarse.
La razón es la dificultad de coordinar los esfuerzos del SEPE y los servicios autonómicos para elaborar estos datos. Puede sonar a excusa para justificar un retraso que responde a intereses electorales, pero lo cierto es que ninguna de las comunidades, empezando por las del PP, lo ha rebatido. Ni tampoco ha publicado sus propios datos regionales.
Más que en la Gran Recesión
Con 1,053 millones de demandantes, el dato de junio 2023 es el más elevado de la serie histórica, si descontamos la situación excepcional de la pandemia en 2020 y 2022, cuando la que la cifra se llegó casi a multiplicar por cuatro. Pero le sigue, a muy corta distancia, junio de 2011, con 1,025 millones. Fue aquel un ejercicio marcado por la crisis financiera con un paro que superaba los cuatro millones, frente a los 2,7 actuales. Y en el que tanto los fijos discontinuos como los ERTEs ya existían, aunque el uso de los primeros era residual y los segundos no llegaban a los niveles de la pandemia ni a los que el Gobierno pretenden darles ahora con el Mecanismo RED.
Con todo ello, en junio de total de personas apuntadas al paro (fuera como demandantes con empleo, sin empleo o parados registrados propiamente dichos) alcanzó los 5,6 millones, frente a los 4,3 de 2023. Y el peso de los que tenían trabajo era del 15%, frente a los 24,7% actuales. Tanto la cifra como el peso relativo son llamativos, porque en un momento de crecimiento del empleo es mayor que en los años centrales de la denominada Gran Recesión.
Por desgracia, es imposible comprobar si se ha producido un repunte de las personas con trabajo que buscan empleo que pueda contribuir a explicar los datos de 2023, más allá del impacto de os fijos discontinuos. La Encuesta de Población Activa estimaba este dato hasta 2020, pero dejó de publicarlo por un cambio metodológico del INE y Eurostat.
Lo que apunta es que, durante la crisis financiera, en 2010, la brecha entre los datos del SEPE (986.068 demandantes) y el INE (1.119.400 ocupados) se redujo al 11,9%, cuando en 2005 llegaba al 55% (con 536.456 demandantes y 1,2 millones de ocupados). Con la recuperación, volvió a incrementarse hasta el 22% de 2019, con 1,1 millones de ocupados y 854.294 demandantes.
Sin embargo, con el estallido de la pandemia, esta diferencia se invierte y el número de ocupados que buscan empleo según la EPA es 4 veces inferior a los demandantes con trabajo inscritos en los servicios públicos de empleo. La causa en este caso está, claramente, en los ERTEs. Pero la interrupción de la serie del INE hace imposible cotejar el impacto de los fijos discontinuos tras la reforma laboral.
Además, existe la duda razonable acerca de si realmente se está midiendo lo mismo. La EPA también recoge que, históricamente, la confianza de los parados españoles en encontrar empleo a través de una oficia pública es de las más bajas de Europa. Y solo un 2% de los ocupados reconocen su utilidad a la hora de conseguir su puesto de trabajo actual. Ante este escenario, los incentivos de los trabajadores que buscan mejores oportunidades laborales para recurrir de ella parecen escasos, más allá de que se les exija como requisito para recibir alguna ayuda o prestación.
El paro 'oculto' se estabiliza
Lo que sí podemos analizar es la otra variable polémica de los datos del SEPE: los demandantes sin trabajo ni relación laboral pero excluidos del paro. Es un grupo que incluye a los DENOS (demandantes no ocupados) que no se consideran parados, como los beneficiarios del antiguo PER, y los que tienen disponibilidad limitada (como los parados que hacn cursos de formación) o demandan empleos muy específicos. Suman un total de 523.160 personas, un 6,3% más que un año antes.
Descontando de nuevo los junios de 2020 y 2021, es el dato más alto desde 2015, aunque en este caso está muy lejos de los máximos históricos de la crisis financiera y su evolución ha sido relativamente más estable que la de los demandantes con relación laboral.
En cualquier caso, se trata de supuestos mucho mejor detallados en los datos públicos que los que afectan a los demandantes ocupados con relación laboral, pese a que su exclusión del paro registrado se regula en la misma orden ministerial de 1985 (que sigue la definición de parado de la OIT: personas que no trabaja, que busca activamente un empleo y están dispuesta a incorporarse inmediatamente).
Aunque la última versión de las estadísticas no es tan antigua: deriva de la creación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) tras la ley de Empleo de 2003 que convirtió al antiguo Inem en el actual SEPE. la transformación se produjo ante la cesión de las competencias de políticas activas de empleo (y con ello la responsabilidad del registro y clasificación de las demandas), a las comunidades autónomas.
La orden de 1985 no solo no impide que las estadísticas se mejoren de hecho insta al Gobierno a mejorar la transparencia y desglosar la información sobre los demandantes no clasificados como parados.
Una fórmula que no se ha modificado tras las reformas de la Ley de Empleo de 2015 ni en la de 2023, que convierte al SEPE en Agencia Nacional de Empleo, cuya fiabilidad como fuente de información del mercado laboral sigue siendo objeto de duda por lo ocurrido en esta Legislatura.
