Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social concluyen en la Legislatura en máximos históricos, tras crecer un 10% en el último año, frente al 1,8% que lo hicieron los españoles. Este mayor dinamismo explica que, aunque solo suponen un 12,8% del empleo en nuestro país, aportan un 43% del creado en los últimos 12 meses. Sin embargo, sus ingresos siguen muy por debajo: los asalariados ganan un 22,4% de media menos que los nacionales. Algo que cuestiona tanto la calidad de sus empleos como que sean la garantía de la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Los datos disponibles hasta mayo que recoge el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social reflejan una intensa recuperación del empleo inmigrante tras la pandemia, con un incremento de más de 600.000 afiliados medios desde los 1,9 millones de abril de 2020 a los 2,7 millones de mayo de este año. Pero en ese mismo periodo, el empleo de los nacionales ha crecido en 1,6 millones, hasta los 18,1 millones, con lo cual su impacto en la recuperación desde el pico de la pandemia es del 30%.
Sin embargo, en los últimos dos años, la aportación de los inmigrantes a la afiliación se ha reforzado. Mientras la afiliación de los españoles se ha desacelerado, pasando de marcar aumentos interanuales del 4% hace un año al 1,8% en mayo, los ocupados extranjeros crecen un 10%, aunque también registran un leve enfriamiento respecto a las tasas del 10,4% de hace un año.
En cualquier caso, las cifras mensuales de Seguridad Social difieren del saldo que arroja la EPA del primer trimestre, que reflejaba que los ocupados inmigrantes crecieron más que los españoles, de manera que suponen el 66% del empleo neto creado en el último año. El porcentaje se eleva al 77% si incluimos a las personas con doble nacionalidad (como los hijos de inmigrantes), que Seguridad Social registra como españoles.
Esta discrepancia frente al 43% que arrojan los datos de afiliación se puede explicar por varios factores. Desde la muy diferente metodología con la que se elaboran ambas estadísticas a cómo reflejan la estacionalidad del empleo (que afecta a los foráneos más que a los nacionales), a un mayor peso de la economía sumergida entre los inmigrantes. Todos ellos son objeto de debate entre los analistas del mercado laboral, pero en lo que ambas estadísticas coinciden es en que detectan un mayor dinamismo, al menos en términos de crecimiento interanual, del empleo extranjero.
Eso sí, al ser menos trabajadores, cualquier movimiento a efectos estadísticos parece mayor. Sobre todo, cuando comparamos porcentajes de variación interanual. Y es que la hora de analizar esta evolución hay que tener en cuenta que apenas hay un ocupado extranjero frente a 9 españoles. Concretamente un 13% del total empleo tanto según Seguridad Social como la EPA. Es un porcentaje más elevado que la media de la última década (del 10%), aunque en línea con los registrados antes de la crisis financiera. Y coincide, además, con el peso que tienen los extranjeros entre los parados registrados por el SEPE. En este punto, conviene recordar que la tasa de paro de los españoles fue de 12,5% en 2022, mientras el de los extranjeros llegó al 21,3%.
Devaluación salarial
Pero la cuestión no es tanto cuánto empleo crean en relación entre los españoles, sino cuánto aportan estos afiliados a la economía española y, en especial, al sostenimiento de las pensiones. Una cuestión que está ocupando un lugar destacado en la presente campaña electoral, en la que los planes para atraer "talento cualificado" figuran en las agendas tanto del PSOE como del PP. Llegan tras la polémica por las medidas para contratar inmigrantes en origen y facilitar las regularizaciones puestas en marcha por el ministro de Inclusión y Seguridad Social José Luis Escrivá, que le han enfrentado tanto con los sindicatos como con su compañera de gabinete, Yolanda Díaz, que exigen dar prioridad a la contratación de los 2,7 millones de parados que aún contabiliza nuestro país.
UGT y CCOO advierten además que la contratación de inmigrantes agrava la devaluación salarial, ya que las empresas que denuncian falta de mano de obra en realidad ofrecen salarios tan bajos que los nacionales rechazan esos empleos. Una idea que lanza un torpedo en la línea de flotación del Gobierno para defender su política migratoria: garantizar el futuro de las pensiones.
Con el momento crítico de la jubilación del baby boom cada vez más cerca, el Ejecutivo ha lanzado una serie de reformas, también pilotadas por Escrivá, que elevan el gasto en prestaciones a cuenta de un incremento en las cotizaciones, sobre todo en las empresas, sin que por ahora convenzan a los expertos de organismos públicos como el Banco de España o la AIRef, ni privados. Una de las claves es el reto demográfico, en un país en el que la población activa en edad productiva, es decir, la mano de obra disponibles se ha desplomado 8 puntos en la última década.
En este escenario, Escrivá confía en el repunte de la inmigración para que se convierta en la clave del crecimiento del empleo y, con ello, de los ingresos de la Seguridad Social, de manera similar a como ocurrió entre 2004 y 2008, con la regularización masiva impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El problema es que, aunque el empleo inmigrante repunte con mayor intensidad que el nacional, sus retribuciones y salarios siguen muy por debajo: un 22%, según las estadísticas de bases de cotización al Régimen General. Una diferencia que se agrava por país de procedencia. Así, la brecha entre los diez países que mayor número de asalariados aportan a España fluctúa con intensidad entre el 32% de Marruecos y el 3,2% de Italia. Se da la circunstancia de que ninguno gana más que un español.
Tampoco las bases de cotización se corresponden con el peso en el empleo asalariado de cada nacionalidad. Así, rumanos y marroquíes, con el mayor número de afiliados al Régimen General, tienen una base de cotización muy inferior a los italianos, que son los terceros, y a los portugueses, que son los sextos en número de asalariados en alta.
En el extremo contrario, los ciudadanos foráneos que sí ganan más que España, están lideraos por Francia (un 25% más de base de cotización), seguido de Dinamarca y Chipre (ambas por encima del 20%). Pero entre las tres no superan el 2,5% de los asalariados foráneos. Todo ello repercute directamente en la recaudación de la Seguridad Social.
La clave no es la nacionalidad, sino el empleo que se les ofrece. El plan Escrivá se basa tanto en la contratación en origen como en la regularización, pero con la urgencia que supone tener que cubrir vacantes en los sectores más afectados por la falta de obra, como el agrícola o la construcción.
Son los que tienen una mayor tasa de trabajadores marroquíes o de Europa del Este (especialmente rumanos), los colectivo más numeroso en nuestro país. Pero se trata de puestos de baja cualificación y, por lo tanto, peores salarios. Algo similar ocurre en el sector servicios (hostelería y comercio ante todo) con un mayor peso de personas de América Latina como ocurre con las empeladas de hogar y los profesionales de la dependencia.
Pero esto genera un efecto retroalimentación: si las empresas dan por hecho que van a contar con mano de obra más 'barata' no se preocupan de competir por mejorar sus condiciones ni su productividad como en otros sectores. Esta no es una situación nueva. En una España acostumbrada a basar su competitividad en los costes laborales, la idea de que los inmigrantes hacen las tareas peor remuneradas, que los españoles no quieren es un prejuicio ya arraigado incluso en el diseño de las políticas migratorias. Igual que el que considera que estas personas son más propensas a tener hijos y palian el envejecimiento demográfico.
El problema es que todas las estimaciones de la próxima década plantean que la inmigración va a mermar su aportación a la economía española y europea en las próximas décadas, al tiempo que el envejecimiento demográfico (una consecuencia del desarrollo económico y social) también afecta a esos países emergentes. Y en este sentido, igual que los españoles están hoy en condiciones de elegir qué trabajos no están dispuestos a aceptar, también lo estarán los foráneos.
En este sentido, la única opción es crear unas condiciones más atractivas que nuestros vecinos para atraer a los extranjeros más cualificados. Algo que no depende solo de los salarios, también de las oportunidades de establecerse y prosperar, pero esto tampoco es factible con una brecha de cotización del 22% y concentrando a la mayor población inmigrante en sectores y empleos de baja calidad.